Hace casi 15 días, enviamos de manera formal una carta al actual Director Forestal y Fauna Silvestre, Señor Miguel Rosas, una carta expresándole nuestra preocupación respecto a lo que viene ocurriendo en el sector forestal que el debería estar dirigiendo, lamentablemente no hemos obtenido respuesta, salvo un correo electrónico de una asesora suya que disculpaba la demora de varias actividades que deberían haber realizado y se comprometieron en su momento, pero que no justifican los tremendos retrasos que ahora observamos.

Ante la insistencia de varias organizaciones como la nuestra y la evidente situación crítica en la que se halla el sector, el Sr. Rosas nos convocó el 4 de setiembre para conversar sobre algunos temas muy sensibles para todos, llegándose a algunas conclusiones y compromisos que lamentablemente hasta la fecha no se visualizan mayores avances sobre ellos, veamos:

Ante la derogatoria del infame DL 1090 y la urgente necesidad de actualizar la actual Ley Forestal y fauna Silvestre vigente (Ley 27308), el día 1 de agosto del presente año, se publicó el Decreto Ministerial N⁰ 544-2009-AG que declara como prioritario el proceso de revisión y actualización de la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre en el marco de un proceso participativo y descentralizado a nivel nacional y encargó a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre la conducción de dicho proceso, estableciéndose un plazo máximo 120 días útiles desde su publicación; para lo cual debería articular los acuerdos del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos con este proceso de revisión y actualización de la legislación forestal.

Sin embargo, han transcurrido más de 70 días y no hay avances al respecto, ni siquiera se ha contratado a los facilitadores de este proceso, a pesar que existe una Guía para la implementación de esta importante actividad y que no se está implementado, lo cual plantea tres problemas:

El tiempo que queda para su cumplimiento se acorta y la complejidad de la consulta a varios sectores forestales se pone en riesgo, dado que podría terminarse corriendo en las mismas quitándole la seriedad y pulcritud al asunto.

La consulta indígena avanza a través de la Mesa 2 del grupo nacional de dialogo, pero sus conclusiones tendrán que esperar hasta cuando a la DGFFS se le ocurra implementar la consulta a otros sectores, dilatando la salida de una nueva Ley en el Congreso.
El TLC con los EEUU, a partir de la ultima suscripción en enero del presente año ha dado como plazo al Perú hasta julio de 2010, para que entre otros aspectos ambientales, se resuelvan varias problemas que hay en nuestro sector forestal para el mejor cumplimiento del acuerdo comercial, uno de ellos es justamente la actualización de la ley, pero lamentablemente como apreciamos seguimos incumpliendo nuestros compromisos.

Otro tema en la agenda de trabajo, era como fortalecer el proceso de descentralización, que implica la transferencia de funciones forestales a los Gobiernos Regionales, dado que solo el Gobierno de San Martin y algún otro Gobierno Regional por allí estaban más o menos listos para este proceso, para ello se acordó un cronograma que largamente se ha postergado, dando la impresión que no habría voluntad política para ello.

Así mismo, escuchamos como siempre el gran discurso de la lucha contra la corrupción, ante lo cual y para pasar de las palabras a la acción, propusimos la necesidad de elaborar un plan sobre el tema y ante ello nos presentaron el Plan Anticorrupción y Transparencia en el Sector Forestal elaborado por la fenecida ONA, el cual está desactualizado y es inviable en tanto que los organismos estatales allí considerados ya no existen o han cambiado de situación institucional, por ello se comprometieron a elaborar uno nuevo y hasta se nos pidió la colaboración que con gusto aceptamos, pero hasta hoy no hemos tenido noticias sobre el tema.

En verdad, resulta muy preocupante cuando esta misma DGFFS y el Ministerio de Agricultura son muy expeditivos para otras cosas, como emitir el Decreto Supremo N° 016-2009-AG , que utilizando como pretexto la crisis internacional, han concedido una serie de gollerías a los madereros que van desde las postergaciones y ampliaciones de plazo para la presentación de Planes Operativos Anuales (POA), hasta el descuento en el pago de derecho de aprovechamiento entre otras medidas promocionales, corriéndose el riesgo de estar premiando a los POA falsos que lamentablemente no han sido verificados.

Así mismo, han emitido el Decreto Supremo N° 017-2009-AG, Reglamento de la Ley de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, que por ejemplo para el tema de las Tierras aptas para la producción forestal no señala expresamente que estas tierras tienen que ser manejadas evitando así perder la capacidad productiva del recurso y no alterar el régimen hídrico de la cuenca, temas que si se consideraban en el anterior reglamento. Por otro lado se deja abierta la posibilidad para hacer cambio de uso, dejando esta prerrogativa para el Estado al considerar que cuando se trate de interés nacional esta tierras serán destinadas a otros usos osea el infame DL 1090 otra vez,

Por supuesto, ambos D.S. no han sido consultados con nadie (salvo los directamente beneficiados) y menos con los pueblos indígenas, que serán afectados por ellos y podrían generar un nuevo conflicto por esto.

Por tanto, sería muy saludable que el Director Forestal y Fauna Silvestre, encuentre el timón del sector y cumpla con sus obligaciones y compromisos adquiridos, evitando privilegiar solo algunos sectores del quehacer forestal y preocupándose por dotar al sector de verdaderos instrumentos de gestión como la actualización de la ley, Plan anticorrupción, Plan de transferencia de funciones, etc., que permita un desarrollo sostenible de nuestro bosques, salvo que sus prioridades sean otras.

(Por Sandro Chávez*, Servindi, 14/10/2009)

*Sandro Chavez es biólogo, preside el Foro Ecológico y es Secretario Técnico del Colectivo Forestal,