Entre los días 21 y 25 de septiembre, tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, otra rueda de negociaciones entre dos países de la Comunidad Andina, Perú y Colombia, y la Unión Europea (EU) con el objetivo de dar seguimiento a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC).

La situación no agrada o favorece a los pueblos indígenas andinos y comunidades. Por medio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) los indios advierten que no reconocen el TLC con la Unión Europea, pues el tratado afecta de manera directa sus derechos territoriales y los bienes naturales. Además, ellos no fueron consultados ni informados a lo largo del proceso de negociación, situación que no respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Todo el proceso de negociación se realizó a puertas cerradas, circunstancia que expresó un grave atentado contra la integración andina. Según la CAOI, la UE y los gobiernos de Perú y Colombia son los responsables de la disolución de la CAN. En el caminar de esta transacción Bolivia se aisló y Ecuador abandonó el acuerdo, mostrando así el entreguismo de los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García y la inconsecuencia de la UE, que inicialmente aseguró que la negociación sería "bloque a bloque" para fortalecer la integración andina.

Los pueblos indígenas andinos y comunidades rechazan también la hipocresía de la UE, cuando habla de un "acuerdo de asociación" y "diálogo democrático", pero que en realidad privilegia el diálogo y el acuerdo con los gobiernos de Perú y Colombia. Estos países sufrieron críticas brutales por su política de vulneración de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos, conforme probó un reciente análisis formulado en esas regiones, por el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

En el caso que se dé continuidad al TLC, los indígenas afirman que nuevos conflictos van a ocurrir. En Perú, los decretos legislativos para implementar el TLC con Estados Unidos, que arrasa con los derechos de los pueblos indígenas, terminaron en la Masacre de Bagua el 5 de junio. "Éste es el resultado de intentar imponer a sangre y fuego la destrucción de nuestras comunidades para favorecer el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra. Y la UE se sienta a dialogar y respalda al gobierno responsable de esa masacre" (trecho del comunicado de Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI).

Para la Coordinadora Andina, las negociaciones del TLC significan el respaldo de la UE a la criminalización de la protesta y persecución a los dirigentes indígenas y populares. Dentro de todo este proceso de negociación y trasgresión de los derechos de los pueblos indígenas está también el perjuicio al medio ambiente. Actualmente, los mayores causadores del calentamiento global son las multinacionales europeas junto con las norteamericanas.

Por ese motivo, la CAOI, unida a un conjunto de movimientos sociales de todo el mundo, instalará en octubre el Tribunal de Justicia Climática (TJC), para juzgar éticamente a esas multinacionales y a sus gobiernos.

La intención es que se constituya también una Corte Internacional de Justicia Ambiental. El TJC se instalará en el marco de la Minga Global por la Madre Tierra, una movilización mundial que tendrá lugar en todo el mundo, del 12 al 16 de octubre.

(Adital / La Biodiversidad, 01/10/2009)