Las partes involucradas en el juicio contra Chevron por contaminación de la Amazonia ecuatoriana empezaron a afilar sus armas en la segunda semana de septiembre de 2009, al acercarse el momento de un veredicto que puede ser de condena a la empresa y con la fijación de una indemnización histórica.

El martes 8 de septiembre, el gigante estadounidense, enjuiciado por los daños causados por Texaco (adquirida en 2001 por Chevron) entre 1964 y 1990, divulgó en su sitio de internet cuatro vídeos en los que se sugiere un acuerdo entre el juez encargado del caso y miembros del partido Alianza País, del presidente socialista Rafael Correa. Según Chevron, estas grabaciones probarían que el juez Juan Núñez, situado en Sucumbíos, en el noreste del país, ha aceptado sobornos para condenar a la empresa, que se niega por adelantado a pagar cualquier indemnización alegando que el proceso está viciado por corrupción.

La apuesta es fuerte, ya que los especialistas designados para el caso estimaron en 2008 que Chevron podría ser condenada a pagar 27.000 millones de dólares por los perjuicios causados, mucho más que la multa inicialmente exigida a la ExxonMobil por la marea negra de Alaska en 1989, que se acercaba a los 5.000 millones de dólares, luego reducida a la décima parte.

Por otra parte, el caso se inscribe en un contexto de relaciones tensas entre el presidente Correa y las compañías petroleras extranjeras, cuyos contratos de explotación han sido cuestionados. En 2007, poco después de asumir el cargo, Rafael Correa, no vaciló en calificar la actuación de Texaco en su país como un "crimen contra la humanidad", por estimar que "poblaciones enteras de la Amazonia" habían desaparecido por causa de la contaminación.

La divulgación del vídeo ocurre pocas semanas antes del veredicto, que el juez Juan Núñez se había comprometido a tener listo a comienzos de octubre. El miércoles, el gobierno ecuatoriano se defendió de cualquier intervención en el proceso, asegurando que las acusaciones contra Chevron tenían el único objetivo de "hacer presión sobre el juez".

Las comunidades indígenas que estaban en el origen del proceso -que tuvo muchas alternativas a lo largo de casi veinte años, incluyendo amenazas y hostigamiento a los demandantes- anunciaron que no mostrarían debilidad. Aseguraron que una vez conocido el veredicto, irían a la justicia estadounidense a pedir el embargo de los bienes de Chevron en Estados Unidos, incluso aunque el juicio todavía está sujeto a apelaciones.

El viernes, el juez Núñez pidió que el caso fuera entregado a otro magistrado: "envié el procedimiento al presidente (del tribunal) a fin de que se adopten decisiones (...) en pro de la transparencia", declaró el juez a la radio ecuatoriana Sonorama. "En cuatro años, ha habido cuatro jueces a cargo de este caso, yo soy el quinto", declaró más tarde a la AFP, precisando que no deseaba proseguir "debido a las acusaciones" que se le imputan.

La petición del juez deberá ser examinada ahora por el tribunal de Sucumbíos, y, si es aceptada, podría acarrear incluso el rechazo del veredicto, porque significaría la designación de un nuevo magistrado. "Esto no es más que una estrategia para retardar el veredicto y no pagar", declaró a la AFP el abogado de los demandantes, Pablo Fajardo. Chevron, por su parte, estimó en un comunicado que el juez había comprendido que su posición se había tornado insostenible y demandó la anulación de todos sus actos en el proceso, de 140.000 páginas.

(AFP / OMAL, 14/09/2009)