El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas puso en circulación el reporte de sus misiones a Bolivia y Paraguay que confirman el trabajo forzoso y servil al que están sometidas comunidades indígenas a causa de la discriminación. Las misiones se efectuaron a las regiones del Chaco de Bolivia y Paraguay en abril y mayo de 2009 con motivo de una invitación de ambos gobiernos. El objetivo de la misión fue abordar la situación de los pueblos indígenas de la región del Chaco que viven en situaciones de trabajo forzado.

La misión,  que fue la primera de su tipo para el Foro Permanente, contó con el apoyo y la participación a nivel de expertos de personal de la FAO, la OIT, el ACNUDH, el DAES y el PNUD. La misión también trató de fomentar una cooperación efectiva a nivel de país entre todos los actores, incluidos los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones y pueblos indígenas, para lograr la pronta eliminación del trabajo forzoso en las prácticas laborales.

Bolivia: Servidumbre de mujeres, hombres y niñez Guaraníes
La misión verificó la existencia de trabajo forzoso y servidumbral de hombres y mujeres Guaraníes, la existencia de explotación del trabajo infantil y otras violaciones de los derechos de los niños/as, como el abuso sexual de niñas guaraníes.

Asimismo, falta de seguridad jurídica a la propiedad de la tierra colectiva como parcelas individuales; privación de territorio, tierras y recursos; propiedad inequitativa de la tierra, débil presencia de instituciones que garanticen el estado de derecho y el autogobierno indígena previsto por la Constitución.

La misión también constató “un empeoramiento muy significativo de las condiciones de vida del pueblo Guaraní, debido a los ataques y amenazas a líderes, expulsiones a familias de líderes, división de organizaciones de las comunidades Guaraníes utilizando recursos municipales y departamentales”.

En tal sentido, la misión efectúa una “apelación urgente a todas las autoridades nacionales y departamentales, así como a la comunidad internacional, organizaciones multilaterales, bilaterales, ONG de colaboración estrecha para afrontar y resolver la grave situación de crisis alimentaría en comunidades Guaraníes, así como para acabar con las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en el Chaco

Asimismo, considerando que las tierras ancestrales de los pueblos Guaraníes y de otros pueblos indígenas están fragmentadas entre la Argentina, Bolivia, el Brasil y el Paraguay, la misión sugiere que “deben diseñarse políticas e iniciativas en favor de dichos pueblos en el marco de MERCOSUR y de organizaciones de integración regional emergentes”.

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe lograr la participación efectiva de los pueblos Guaraníes, incluso a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en la evaluación de los logros y las deficiencias del Plan Interministerial Transitorio (PIT).

La nueva estructura del PIT debe garantizar la participación plena y efectiva de los representantes de la APG en la gobernanza y la gestión, así como en las estructuras de programa y proyecto, y debe orientarse a “resolver urgentemente la actual crisis alimentaría que afecta a las comunidades Guaraníes de la región del Chaco”.

Paraguay: La discriminación como causa de fondo
La misión recomienda que el gobierno del Paraguay desarrolle una Estrategia nacional/Plan de acción para erradicar el trabajo forzoso, abordando “la discriminación como causa de fondo” y establecer un proceso de supervisión para garantizar su aplicación.

Asimismo, debe estudiar la posibilidad de celebrar una conferencia nacional sobre pueblos indígenas “con el objetivo de aumentar la visibilidad de las cuestiones indígenas” en el país y mejorar la coordinación entre los organismos gubernamentales y de las Naciones Unidas y las organizaciones de los pueblos indígenas.

El reporte de la misión recogió evidencias de la existencia de trabajo forzoso de hombres y mujeres de las comunidades indígenas en el Chaco paraguayo, así como otras violaciones a los derechos de los niños y niñas indígenas. El reporte señala la débil presencia del estado, la falta de acceso a salud y otros servicios públicos, destaca con énfasis la situación crítica de las comunidades indígenas del Chaco y efectúa recomendaciones. “Las comunidades indígenas del Chaco se encuentran privadas de tierras y recursos en su propio territorio. Viven en extrema pobreza, por lo cual se encuentran obligadas a sostenerse con el trabajo para las colonias menonitas y haciendas paraguayas, en condiciones muy precarias” señala el informe.

Debido a que las prácticas de trabajo forzoso está bien documentada la misión recomienda que el Gobierno proceda “sin dilación a la recopilación de datos que identifiquen a los empleadores involucrados en dichas prácticas para efectos legales, incluidas las responsabilidades penales”.

Con respecto al Instituto del Indio Paraguayo (INDI) la misión propone que “El nuevo INDI no debe depender de un ministerio gubernamental, sino de la Presidencia, o bien ser una institución autónoma dotada de autoridad para influir en las políticas de todos los ministerios”. “La devolución de tierras a los pueblos indígenas, especialmente a las comunidades que no poseen tierras o sólo pequeñas parcelas, debería formar parte de los procesos jurídicos de conformidad con el derecho de los pueblos indígenas a recuperar sus tierras” señala el documento.

El Gobierno y los representantes indígenas deben entablar negociaciones con la sociedad menonita y las organizaciones de ganaderos de la región sobre la base de los principios de los derechos humanos y en la igualdad. Tales negociaciones deben emprenderse “con la convicción de que es posible crear una sociedad intercultural más justa, en la que todos los ciudadanos, tanto si pertenecen a pueblos indígenas como si no, puedan convivir pacíficamente”.

Si bien la misión reconoce que el presidente Lugo ha dado los primeros pasos hacia la aplicación del caso Yakye Axa, pide “una aplicación inmediata e íntegra” de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades indígenas Yakye Axay Sawhoyamaxa. Ambas comunidades fueron “desplazadas de sus tierras tradicionales, viven en condiciones precarias con suministros discontinuos de agua y alimentos y una atención médica inadecuada”.

(Servindi, 08/09/2009)