El Grupo Internacional de Trabajo para Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés) denunció que las violaciones de los derechos de los campesinos de Tanzania continúa, incluso después de que la ministra de Gobierno Local y la Administración Regional, Celina Kobani, se comprometiera a lo contrario.

La organización recordó que ocho pueblos del área de Loliondo fueron desalojados por el gobierno para permitir el ingreso de la compañía Ortello Business Corporation (OBC), que operaría en la localidad. “Dicho desalojo fue ejecutado por la policía paramilitar Field Force Unit (FFU) y afectando a más de 20 mil campesinos, junto con violaciones de los derechos humanos”, señaló IWGIA en un informe.

Antecedentes
“Desde 1992, los campesinos han lidiado con el poder dotado de enormes medios financieros y el apoyo de algunos dirigentes del gobierno. Las personas han perdido la vida y resultaron heridos en sus esfuerzos”, manifestó IWGIA. “Lo más lamentable de todo es el escándalo de ver el fracaso del gobierno en su atención sobre cuestiones relativas a las personas (bienestar) por hacer declaraciones que son descuidadas y en ocasiones falsas”, lamentó la organización danesa.

Así lo dijo la organización refiriéndose a las declaraciones del primer ministro cuando negó tener conocimiento del tema. “Es inverosímil que el primer ministro afirme que el gobierno no tiene conocimiento del asunto cuando los que llevaron a cabo la operación para quemar y destruir las casas era su fuerza policial”. Además, señaló que estas órdenes fueron emitidas por altos dirigentes, incluidos el Comisionado Regional de Arusha y el Comandante Policía regional de Arusha.

Gobierno rechaza culpabilidad
En tanto, el ministro de Recursos Naturales y Turismo, Shamsa Mwangunga, manifestó que los campesinos se mudaron y quemaron sus casas por voluntad propia. Sin embargo, los pobladores denunciaron que fueron persuadidos a hacerlo. Cuando el ministro hacía esta declaración en el Parlamento, el Comandante de la Policía Regional de Arusha, Matei Basilio, admitió que había habido un incidente en el que las casas habían sido quemadas. Matei aseguró que esta acción fue tomada como parte de una orden legítima del Gobierno para evitar que los campesinos vuelvan a entrar en el bloque de caza.

Finalmente, en el 2007, algunas de las aldeas fueron engañadas y obligadas a firmar un contrato con la OBC para la utilización de las tierras de la aldea”. Además, OBC fue obligado a pagar TShs 25 millones a cada aldea, junto con la educación primaria a los servicios de desarrollo de cada pueblo, como el agua y el ganado inmersiones. A pesar de la firma del contrato, OBC no ha cumplido todas sus obligaciones contractuales con los pueblos.

(Servindi, 24/08/2009)