Los directivos de Shell decidieron hace un par de meses pagar 11 millones de euros por la muerte de nueve activistas ogonis que en 1995 protestaban por la actividad de la compañía petrolera en el Delta del Níger. Shell proclamó su inocencia y pagó para evitar el juicio. También este año, Pfzizer ha abonado 55 millones por la muerte de 11 niños en Nigeria en un supuesto experimento para probar un medicamento. La farmacéutica lo niega, pero al pagar evitó el juicio.

La amenaza de un tribunal internacional persigue siempre a políticos y militares por mucho que estén dispuestos a pagar indemnizaciones, pero hasta ahora no afectaba a los ejecutivos. Sin embargo, el debate para incluirles ya está lanzado: dos relatores de la ONU el finlandés Martin Scheinin, para derechos humanos, y el austriaco Manfred Nowak, para la tortura han redactado sendas propuestas articuladas para crear una Corte Mundial que juzgue también a las multinacionales.

Es la primera vez que se redacta un proyecto así por parte de expertos de Naciones Unidos y se ha hecho por partida doble. Los documentos responden a un encargo de la llamada Iniciativa Suiza, dirigida por la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, con el objetivo de fijar los objetivos más apremiantes en este campo.

El proyecto de Scheinin
El proyecto de Scheinin consta de 63 artículos y está precedido de 22 preguntas para explicar la necesidad de crear esta nueva institución. “Hace mucho que la sociedad civil pide un proyecto así y es muy importante que proceda de Naciones Unidas”, explica Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y autor de la monumental 1.000 páginas Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa.

La posición oficial de la ONU es mucho más cauta, pero los documentos de Scheinin y Nowak reabren el debate en la institución. La postura oficial remite a Global Compact, unos principios a los que se adhieren voluntariamente las empresas con la promesa de respetarlos, sin ninguna fiscalización. Hay 6.000 compañías anotadas, incluyendo muchas que están en la lista negra de las ONG. “Nuestra vía es la voluntaria y, sin ser perfecta, ha funcionado porque las empresas han ido entendiendo que les conviene respetar unos principios”, opina Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, la marca aquí de Global Compact.

Jesús Carrion, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya, se muestra en cambio muy crítico con los códigos voluntarios porque “en la práctica permiten a las empresas evitar la auténtica fiscalización”.

Código vinculante
“Necesitamos códigos internacionales vinculantes y un tribunal que pueda juzgar los incumplimientos”, sostiene Carrion, que considera que las propuestas de Sheinin y Nowak “abren un camino”.

En una vía intermedia se sitúa Bart Slob, investigador del Centro para la Investigación de las Corporaciones Multinacionales (SOMO, en holandés), con sede en Ámsterdam. Slob está trabajando en el ISO 2600, un estándar internacional de buenas prácticas, pero admite que el voluntarismo “tiene límites”. “Una Corte Mundial es una gran iniciativa si antes se fijan las normas a respetar”, explica. Gonzalo Boyé, abogado que lleva causas de jurisdicción universal sobre Gaza y Guantánamo, considera que un tribunal que juzgue también a empesas es el “paso lógico” tras los avances ya conseguidos. Los abusos se centran en países del sur

Pfizer experimentó con niños en Nigeria
Las autoridades de Kano, en Nigeria, llevaron a los tribunales a la mayor compañía farmacéutica del mundo, Pfizer, en mayo de 2007. Acusaban a la multinacional de la muerte de 11 niños y heridas de por vida a otros 181 durante las pruebas para comprobar la eficacia del medicamento Trovan, realizadas durante una epidemia de meningitis en 1996 que mató a 12.000 niños. El caso inspiró a John Le Carré, que escribió ‘El jardinero fiel’. Kano pedía una indemnización de 1.421 millones de euros y el Gobierno federal, otros 4.600 millones. La compañía dijo que las muertes fueron debidas a la epidemia y no a la medicina, pero el pasado abril aceptó pagar 55 millones de euros para evitar el juicio.

La complicidad de Shell en el Delta del Níger
El pasado 9 de junio, la petrolera angloholandesa Shell se avino a pagar una indemnización de 11,1 millones de euros a los familiares de los nueve activistas de la etnia ogoni, liderados por el poeta Ken Saro Wiwa, que fueron ejecutados en 1995 por el dictador nigeriano Sani Abacha por denunciar la contaminación que la petrolera causaba en su región. Shell evitó con dicho acuerdo el tener que sentarse en el banquillo de un tribunal federal para responder de la acusación de complicidad en graves violaciones de derechos humanos y torturas. Los demandantes sostenían que Shell aprovisionó con armas a los soldados que fueron enviados a la zona para reprimir las protestas contra la petrolera.

Dow Chemical no se da por aludida en Bhopal
El próximo 3 de diciembre se cumplirán 25 años del desastre de Bhopal (India): negligencias en el mantenimiento de la fábrica de pesticidas de la compañía estadounidense Union Carbide provocaron la fuga de más de 27 toneladas de gas letal. Murieron de forma inmediata 3.000 personas y se estima que la cifra final de fallecidos se acercó a las 20.000, con 600.000 afectados, de los cuales 150.000 sufrieron graves secuelas. Nunca se han pagado indemnizaciones ni se ha dictado condena. Ni siquiera se han limpiado las aguas subterráneas de la zona. Union Carbide acabó en manos de Dow Chemical, que nunca se ha dado por aludida.

El desastre del ‘Exxon Valdez’ salió barato
En 1989, el buque ‘Exxon Valdez’ derramó en Alaska 37.000 toneladas de hidrocarburo, que se expandió por más de 2.000 kilómetros de costa. Han tenido que pasar 20 años para que un tribunal haya condenado en firme a la petrolera Exxon Mobil a indemnizar a las víctimas. El desastre le ha acabado saliendo barato a la compañía texana: un tribunal federal de apelación ha rebajado este junio a 365 millones de euros la indemnización que deberá abonar, que sumado a intereses y costas judiciales puede llegar hasta 435. La cifra es, en cualquier caso, muy inferior a la sentencia inicial, del año 1996, que la fijaba en 3.600 millones de euros.

(Por Pere Ruseñol, Publico.es / Bahianoticias.com, 24/08/2009)