El caso de la inversión inmobiliaria Hidden Lake S.A. y el acceso al lago Escondido en la cordillera rionegrina es un caso testigo que deja en evidencia las catastróficas políticas territoriales que no son "nacionales" ni espacio vital para sus habitantes o visitantes de buena fe, sino que dejan librado el uso y acceso a la tierra a las fuerzas del mercado.

No hay que ser matemático ni muy astuto para darse cuenta que, de esa manera, todo lo que tiene valor con precio (tierra fértil, bosques, pasos fronterizos, agua, biodiversidad) pasa inexorablemente a manos de pocos propietarios o intereses particulares, que terminan manejando a su antojo bienes comunes y estratégicos.

A eso lo llamamos usurpación y saqueo o, cuando corresponde, contaminación. La nuestra es una definición política que deja al desnudo a otra posición política totalmente contrapuesta. Estamos hablando de una forma de apropiación territorial, aplicada en nuestra región desde hace un siglo por medio de la fuerza o el silencio burocrático, que es inaceptable por la dimensión de los espacios ocupados, la desruralización y las consecuencias humanas a corto y largo plazo.

Es un genocidio lento, pues a este ritmo poco falta para que la mayoría de los argentinos, exceptuando un puñado de empleados y peones ocasionales, quedemos como visitantes de nuestra propia tierra, impedidos de manejar nuestra base económica. Lo peor de todo es que hay una política de estado que crea, por error, complicidad, ignorancia, indiferencia u omisión, las condiciones “físicas, económicas y culturales” -en la definición de las Naciones Unidas- para que esto ocurra.

El caso puntual del acceso público al Lago Escondido, acompañado por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, es tan básico que está fuera de discusión porque es un derecho constitucional (Art. 73 de la Constitución Provincial) y porque hay un camino de acceso simple de ser puesto en condiciones, que nace en la Ruta Nacional Nº 40 "Juan Herman" en las cercanías de Tacuifí y cumple con los requisitos ambientales previstos en las leyes nacionales 22.351 y 22.675 y provinciales.

Una parte del gobierno provincial, esta vez a cargo del Fiscal de Estado Carosio, intenta sin embargo cumplir con aquel mandato ideológico de proteger intereses privados por encima de toda consideración o legitimidad. Para llegar a la servidumbre de paso preferida por los propietarios de Hidden Lake hay que haber caminado, por fuera, por un sector mucho más vulnerable de la alta cordillera, una picada que requiere capacidades físicas excepcionales, haciendo de esa manera imposible el acceso a la mayoría de la población.

Poner ese corto sendero en condiciones DENTRO de la propiedad es relativamente sencillo, visualmente efectivo, barato...y alejado del casco de la estancia. El problema ambiental, financiero, técnico, en infraestructura y en distancia queda, en ese caso, del lado del bosque, las profundas cañadas o mallines. Presentar esta servidumbre de paso como una opción viable es un acto propagandístistico que tiene la finalidad de limitar al máximo el acceso. Es una estrategia inmobiliaria, no social.

Los vecinos y organizaciones de la región que promovemos el libre acceso a costas de ríos, lagos y mar, no luchamos por un capricho circunstancial sino por la clara conciencia de los legítimos derechos que nos asisten y las tradiciones jurídicas, políticas y culturales que los sostienen. El fallo del Superior Tribunal de Justicia ordena poner en condiciones ambos accesos y por ello gana el reconocimiento de la población y sus organizaciones, que a partir de ahora se mantendrán alertas para verificar el cumplimiento, en los plazos previstos, del acondicionamiento de la servidumbre de paso por Tacuifí, a cargo de la empresa vial rionegrina (VIARSE) con intervención del Consejo de Medio Ambiente.

(Ecoportal, 21/08/2009)