Las pruebas de absorción atómica aplicadas a los cinco nativos fallecidos durante el operativo de desalojo de Curva del Diablo, en Bagua, descartaron que ellos hayan disparado armas de fuego, aseguró el presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista. Estos resultados fueron argumentados en el informe de necropsia emitido tras los trágicos sucesos del pasado 5 de junio.
De otro lado, pocos días después del denominado “Baguazo”, la Junta de Fiscales de Amazonas informó que las primeras investigaciones demostraban que los indígenas apostados en la Curva del Diablo no portaban armas de fuego. Además, mencionaron que todo el armamento incautado pertenecía a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Denuncia responsables
Asimismo, el 7 de agosto, la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba formalizó la denuncia por homicidio calificado en contra de los generales responsables del operativo, Javier Uribe Altamirano y Lusi Enrique del Carpio Sánchez. Junto a ellos fueron denunciados por homicidio calificado y lesiones una treintena de comandantes y tenientes que participaron en el operativo de Amazonas. La denuncia consideró que los policías impartieron órdenes para que su personal utilice “armamento sofisticado sin tener en cuenta la falta de proporcionalidad y el uso desmesurado de dichas armas letales”. Agregó que “los nativos solo utilizaron en su defensa armas rudimentarias como lanzas de uso común, objetos contundentes como piedras, palos, con el resultado de muerto y heridos en ambos bandos”.
“Temo por mi vida”
Tras realizar la denuncia contra los miembros de la policía, la fiscal Luz Marleny Rojas fue trasladada -de súbito- por la Fiscalía de la Nación a Chachapoyas como titular adjunta, cargo inferior al ostentado al momento. Los medios locales y colegas de la magistrada se mostraron desconcertados por la imprevista baja a la fiscal que denunció a la fuerza del orden por los delitos mencionados. Acto seguido, la fiscal Marleny Rojas, manifestó que teme por su vida y la de su familia ya que tras formular la denuncia recibió llamadas anónimas con palabras de amenaza.
Fiscal de la Nación amedrenta
De otro lado, Luz Marleny Rojas, denunció al diario La Primera que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, cuestionó la referida denuncia y la amenazó con destituirla e iniciarle un proceso en el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, al considerar que había perjudicado la imagen de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Además, señaló al diario local que desde que se iniciaron las investigaciones, miembros de la policía no sólo han salido por las diversas radios de Bagua a cuestionar su denuncia, sino que también ha recibido constantes llamadas a su celular que contienen amenazas de muerte. “A las pruebas me remito, cada llamada desconocida a mi celular es una llamada de amenaza de muerte. Y todo a partir de la investigación sobre estos hechos”, reveló.
(Servindi, 17/08/2009)