El principal líder indígena colombiano recela de que las bases militares de su país que serán usadas por militares estadounidenses retrotraigan a la época del control de Estados Unidos sobre América Latina, y una dirigente nativa teme que se repitan abusos sexuales de soldados extranjeros a jóvenes aborígenes. El acuerdo entre Bogotá y Washington para el uso estadounidense de siete bases militares en territorio colombiano, que sacude a las diplomacias de América Latina, fue ignorado en las discusiones sobre el comportamiento de Colombia ante la discriminación racial que se desarrollan esta semana en Ginebra.
   
En la sesión del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, se plantearon los efectos de la militarización en Colombia, un país que lleva casi medio siglo de guerra interna, pero es verdad que se formó un vacío ante las polémicas bases, dijo Karmen Ramírez Boscán, dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Esta cuestión se debate con mucha profundidad a nivel nacional y por supuesto debería haberse tratado aquí, en este órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, dijo Ramírez Boscán, de la etnia Wayúu. El hecho de que no se esté hablando de ello se debe a que todos sabemos que “se viene una situación bastante delicada”, indicó.

El acuerdo entre los dos países prevé el acceso a territorio colombiano para militares estadounidenses que operarán estaciones pequeñas, conocidas como centros operativos de avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) o centros de seguridad cooperativa (CSL). Para la mujer colombiana, y en particular la mujer indígena, esto presagia un cambio en su actual situación y una dificultad mayor. “Pienso que directa o indirectamente esto genera violencia y por supuesto afecta de manera más inmediata a las mujeres de Colombia”, dedujo Ramírez Boscán.

La dirigente indígena rememoró algunos casos que han sido estudiados con relación a jóvenes madres solteras “de padres que han estado en bases militares de Colombia. Fueron embarazadas por soldados extranjeros, no por colombianos”, respondió Ramírez Boscán a una pregunta de IPS. En resumen, “creo que definitivamente la presencia de militares estadounidenses generará un cambio en el entorno local, donde estén emplazadas las bases”, ratificó.

El experto Wilbert van der Zeijden, del Transnational Institute, había dicho a IPS en abril que “las bases militares son habitadas sobre todo por hombres jóvenes, aburridos y frustrados. Lejos del hogar, familia, amigos, novias o esposas, buscan distracciones en la ciudad” más cercana. “El resultado ha sido un notable aumento de delitos, incluyendo violaciones, tráfico de drogas, robos y abusos violentos”, señaló Van der Zeijden.

Para el consejero mayor de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casamá, bajo el pretexto del narcotráfico y del combate al terrorismo se quiere volver a la época en que Estados Unidos tenía control total sobre los territorios de América Latina. Algunas de las siete bases se encuentran en territorios donde se asientan pueblos indígenas o descendientes de africanos. Pero otras no, precisó Andrade.

“El Estado colombiano y su gobierno van a contramano de lo que yo diría es el sentimiento y el imaginario colectivo respecto de lo que significan las bases militares extranjeras en cualquier país, sobre todo en América Latina”, reflexionó. “No se pueden aceptar las bases comandadas, operadas, administradas por los norteamericanos (estadounidenses), ni tampoco las bases operadas por militares colombianos con asesoría y presencia de militares norteamericanos”, precisó. Ni lo uno ni lo otro, “para nosotros como pueblos indígenas”, es aceptable.

La cooperación para luchar contra el narcotráfico no puede significar la intromisión y la entrega de la soberanía de manera velada a otro país, apuntó Andrade, que desde su posición de consejero mayor ejerce la presidencia de la autoridad nacional de los pueblos indígenas asentados en tierras de Colombia. Las bases contarán con inmunidad judicial para el personal militar estadounidense e instalaciones para que operen los aviones C-17, los de mayor capacidad de transporte de pertrechos y de tropas, con una autonomía de vuelo que les permitiría cubrir la mitad del continente americano y, con el adecuado reaprovisionamiento, la totalidad de América, excepto el austral Cabo de Hornos.

Andrade observó que el gobierno colombiano plantea que esto solamente tiene implicaciones dentro del territorio nacional. Pero todos los expertos, como también otros gobiernos, tienen muy claro que estas aeronaves y la tecnología que se va a utilizar sobrepasan las fronteras y que se puede convertir en una estrategia de espionaje sobre los territorios de otros países, dijo.

“Si por un lado ya estamos cansados del conflicto armado interno, creemos que no se deben implementar estas bases, pues consideramos que van a afectar las relaciones con otros países de frontera”, agregó. Por ejemplo, los obstáculos para las relaciones entre Colombia y Ecuador y entre Colombia y Venezuela tienen implicaciones en asuntos como la atención de salud y la seguridad alimentaria de más de 20 pueblos indígenas que viven en las fronteras colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana. Eso ocurre por todo el manejo del conflicto colombiano, que desborda los límites nacionales, opinó Andrade. Y la cuestión de las bases militares ya genera problemas para los indígenas y “diría que para todos los sectores pobres que viven en la frontera colombo-venezolana, como lo ha dicho el mismo presidente de Venezuela, Hugo Chávez”, afirmó.

El gobierno de Chávez congeló las relaciones con Colombia a raíz del acuerdo sobre las bases militares. Los dos países tienen estrechos vínculos económicos. El dirigente indígena criticó que cuando se habla de los efectos de la nueva tirantez entre Bogotá y Caracas sólo se aluda a la crisis de los sectores económicos dominantes, como los fabricantes de automóviles, los industriales textiles y los exportadores de carne, por ejemplo. “Pero nadie habla de la problemática de las comunidades que viven en las fronteras, que generalmente, como en el caso colombo-venezolano, reciben la mayor parte de su alimentación o de su abastecimiento en víveres, en vestido y aun en salud, desde Venezuela”, aseveró Andrade.

Ramírez Boscán recordó que, según el Estado colombiano, la instalación de las bases es “prácticamente un mal necesario” para combatir a la guerrilla y el narcotráfico. Pero “pensamos que es toda una estrategia para poder controlar desde una zona geográfica muy importante todo lo que está pasando en América Latina, en países como Ecuador, Venezuela”, dijo.

La dirigente indígena valorizó que en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizada el lunes en Quito, se resolviera celebrar una reunión el 27 de agosto en Bariloche, sur de Argentina, para examinar la reacción de América Latina ante la concesión de Colombia a Estados Unidos. “Es importante que se haya llamado a cuentas al Estado colombiano por parte de otros Estados, porque realmente no sabemos cuáles son las intenciones del gobierno”, insistió.

En Colombia ha habido mucho rechazo a las bases por parte de las organizaciones de derechos humanos e indígenas, y en general de la sociedad civil, indicó. “La respuesta del gobierno ha sido de indiferencia frente a las manifestaciones de repulsa”, aseveró Ramírez Boscán.

(Servindi, 14/08/2009)