Le abrieron la puerta de par en par y convirtieron el país en un gran laboratorio. Las comparaciones son odiosas, pero si en vez de gliflosato pusiésemos cocaína, o paco, o cualquier otra sustancia venenosa para la salud pública de nuestros conciudadanos, el resultado sería el mismo: el aniquilamiento en goteo de toda una sociedad. Las palabras se escucharon atentamente en la Sala 1 de comisiones del segundo piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. La abogada Graciela Gómez es una quijotesca luchadora contra el herbicida y ahí todos querían saber un poco más.

“En lo cotidiano, la trasgresión a las normas para su aprobación, distribución, venta, uso, abuso, descarte de envases vacíos, son una realidad obscena”, dijo, y se refería a la hipocresía de un Estado que se quiere adjudicar una política de “buenas prácticas” que no le sienta, que no es un traje a medida. Lo saben quienes sufren las fumigaciones hechas a escondidas, de noche, como el buen ladrón. Y esas fumigaciones, como explicó Gómez, se hacen sobre niños, escuelas rurales, ganado, huertas, vías del tren, rutas, camalotes y cursos de agua. Los órganos de control “no existen” y están aún más lejos para hacer cumplir leyes escritas sobre un papel volátil. “Un estado ausente”, explicó ante un auditorio que sabe de esa ausencia. Porque leyes hay, y muchas, pero es como si no existieran. Todo ello por “inacción, omisión o gestión inadecuada de los funcionarios”.

Todo es parte de una fachada. “Somos igual que los europeos”, dicen los funcionarios y muestran papeles que no se cumplen, con requisitos que se cumplen menos. ¿Organismos responsables?: La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Comité Técnico Asesor sobre el uso de Organismos Genéticamente Modificados del Senasa y la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios. Ellos son los que abrieron la puerta.

Y el que está detrás de esa puerta dando la bienvenida es el famoso Monsanto. Sus amigos del Estado les permitieron poner mano en nada más ni nada menos que 108 folios, sobre un total de 136, del expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato. Claro, estaba en inglés. “No hay ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlo al español”, dijo en su momento Felipe Solá. Sin comentarios.

Se firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo en el expediente no figura ninguno de los estudios pedidos, ni siquiera realizados a posteriori. Así nació la resolución 167/1996 de la SAGPyA.

Este martes 11 de agosto, en la jornada de Observatorio sobre Glifosato, comenzó la cuenta regresiva para terminar con estas deleznables prácticas.

(Ecodebate, 14/08/2009)