Las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía rechazan a la minería transnacional a cielo abierto y viven movilizados en Zamora y Morona Santiago para defender sus territorios amenazados por los proyectos mineros inconsultos." La minería a gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el Sumak Kawsay (buen vivir) y por ello rechazaremos este tipo de minería”, dice Salvador Quisphe. “Los Shuar necesitamos toda la información posible de la minería transnacional. Los aportes que nos traen ustedes. Saber qué hicieron en otros lugares. También que nos apoyen, que vengan a la Amazonía, que estén con nosotros. Este año voy a disponer que en la Amazonía se plebiscite la minería. Para entonces queremos tenerlos aquí, con toda la información y con la experiencia que ya tienen."

Marcelino Chumpí es el primer shuar que preside la Prefectura de Morona Santiago, cantón Morona de la Amazonía del Ecuador. Con la palabra de este dirigente de la etnia shuar iniciamos el presente informe, recogido en Macas (32.000 habitantes), cabecera cantonal y provincial en plena selva amazónica, en un encuentro internacional donde expusimos nuestra ponencia sobre “minería transfronteriza” (En el marco de la OCMAL, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, julio 6/9-2009). Marcelino Chumpí reclama además la participación y apoyo de la comunidad internacional.

La Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la componen 120.000 miembros de 500 núcleos o comunidades de familias (centros), ubicados en cinco provincias orientales del Ecuador: Morona Santiago, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Napo. Se constituyó el 22 de octubre de 1964 (acuerdo ministerial 2568) mediante un fuerte rechazo a los tratados de libre comercio y a la minería mediante un boletín memorable: “ El Consejo de Gobierno de la FICSH acordó lo siguiente:

a) Rechazar la actitud inconsulta, antidemocrática del Gobierno Nacional, para la firma del TLC.
b) Exigir el retiro inmediato de las compañías mineras que están realizando explotaciones.
c) No permitir el ingreso de la compañía petrolera en los Bloques 23 y 24.
d) Exigir al Gobierno Nacional que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio se consulte al pueblo ecuatoriano.
e) Continuar solidarios con la Movilización Nacional de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) con carácter de indefinido.
f) Programar reuniones con el Prefecto de la Provincia y Consejeros, con los señores Alcaldes, Concejales, con todos los sectores sociales organizados y convocar a hombres, mujeres, estudiantes y juventud en general para generar una fuerza de presión para que el gobierno ponga oídos y acepte la consulta popular.
g) Exigir al gobierno central la asignación de mayor presupuesto para que cuanto antes, se termine con la construcción de la Troncal Amazónica, la carretera Macas-Riobamba-Mendéz-Guarrumales, Macas-Macuma-Taisha a Yaupi, y para la terminación del puente río Pastaza.
h) De acuerdo con el desarrollo del paro nacional, en una forma progresiva se irán aplicando medidas de hecho como el caso del bloqueo de las carreteras de nuestra provincia.”

Una de las primeras medidas de la FICSH fue el sistema bilingüe de educación simultáneamente con el movimiento Pachakutic “para captar espacios de poder político en funciones públicas”, nos explicaba Jorge Unkuchuc. El actual presidente de la federación es Pepe Akachú y fue el encargado de cerrar el encuentro de minería transfronteriza advirtiendo en lengua Shuar Chicham (común a todos los Jíbaros) que no permitirán “la explotación de la minería en sus territorios. En los territorios de la Cordillera del Cóndor somos mayoría shuar y nos opusimos siempre a la minería. Es un área de conflictos permanentes –dice Akachú- y nunca fuimos consultados. Mediante la FICSH se quiso suscribir en 1998 un convenio de socialización minera con la compañía Ecuacorriente y –sentencia de manera amenazante- los dirigentes fueron destituidos por las bases, en asambleas, y hoy no hay petroleras ni mineras en territorios shuar”. Además de esta etnia mayoritaria en la región amazónica, también conviven los achuar, andoas, cofan, huaoraní, kichwa, sarguro, secoya, shiwiar, siona, zaparo y quijos. “En 2008 –recuerda el presidente de la FICSH- una compañía estaba operando sin permiso en el cantón Tiwintsa, sin informe de impacto ambiental, estaban ilegales –comenta- entregaban arroz y otros alimentos para convencer a los shuar del lugar. Los expulsamos, como también hicimos en San Carlos de Limón (cantón San Juan Bosco) donde la compañía Ecuacorriente actuó protegida por la policía para extraer muestras testigo de yacimientos mineros, pero impedimos que se las llevaran.”

El mensaje de Pepe Akachú, elegido hace escasos meses presidente de la federación shuar, concluyó con una fuerte declaración en respaldo de los hermanos Shiwiar y Awajún (o Aguaruna) , asesinados en la masacre de Bagua, Perú, el 5 de junio pasado; varias etnias comparten la frontera amazónica: “Cuando condenamos la masacre -dice Akachú- el gobierno de Correa nos tildó de guerrilleros y terroristas, que íbamos a defender a nuestros hermanos con las armas. Bien sabemos que fuimos el frente ensangrentado de las guerras Ecuador-Perú, entre pueblos hermanos, ahora debemos unirnos porque el enemigo invasor está en ambos lados con gobiernos que piensan igual, que quieren hacer entrar a la minería y a las petroleras. Nosotros no tenemos fronteras. Es la misma selva amazónica. El bosque es nuestra madre. Y los que están de un lado también tienen familia de este otro. Debemos estar vigilantes. Nuestra selva es pulmón del mundo.”

A raíz de estas exposiciones pero fundamentalmente de observaciones y diálogos que sostuvimos en Macas con el pueblo Shuar Arutam (Shuar:persona, Arutam:Dios). aventuramos algunas conclusiones, apoyadas en hechos históricos y en acciones que se proyectan inevitables:

La masacre de Bagua en la Amazonía peruana
El 5 de junio de 2009 el mundo se conmovió al conocer la matanza de numerosos indígenas de las tribus Awajún y Wampís y también de Shuar y Achuar. Miembros de la iglesia salesiana con asiento en el lugar de los hechos intentaron llegar hasta los aguarunas pero se lo impidió la policía peruana. Por entonces la zona era un pandemonio de médicos, enfermeras, periodistas y fuerzas armadas. Las muertes se multiplicaban como reguero.

Al principio se habló de 25 cadáveres de aguarunas y varios de policías. Los cadáveres de los nativos desaparecieron, ocultados rápidamente por los represores y arrojados al río, pero se calculan varias decenas de indígenas muertos. El gobierno de Alan García pretende eludir su responsabilidad, pero especialistas en el conflicto aducen que “el enfrentamiento se podía haber evitado si el día anterior el Congreso hubiera tratado el tema de los decretos y leyes sobre la explotación petrolera y minera en la selva amazónica” (Testimonio de la iglesia de Jaén- Marañón, 9 de junio de 2009).

Los aguarunas (awajún) y huambisas (wampìs) fueron perseguidos y huyeron al verse inferiores a los soldados del gobierno que portaban armas de repetición de grueso calibre. Parte de las fuerzas que intervinieron pertenecen a la DINOES (cuerpo policial especializado) en tanto los nativos portaban sólo lanzas. Catorce indígenas más cayeron en la huida. Un testimonio de la iglesia de Jaén afirma que muchos cruzaron el río Marañón y se refugiaron en la parroquia de Bellavista. Otros lo hicieron en las capillas de las dos Baguas y la mayoría en la espesura amazónica. (Se contabilizó un centenar de indígenas heridos).

Al día siguiente, 6 de junio, ocurrió la matanza de los policías, entendible en la cultura de los pueblos jíbaro pues consideran a la venganza como única forma de “derrotar al espíritu del enemigo y de no ser considerados cobardes.” Se calcula que con lanzas, exponiendo sus cuerpos, algunos indígenas alcanzaron a arrebatarle las armas a los policías, porque en las guerras de Perú y Ecuador supieron como utilizarlas al servir de tropa en ambos gobiernos fronterizos. El contraataque indígena, la emboscada, es la excusa de Alan García para tildar las muertes de los policías como el origen de la matanza. Pero los policías fueron baleados con la misma munición que portaban para sus fusiles automáticos AKM, que los nativos le arrebataron a la fuerza, en tanto bombas lacrimógenas y explosivos diversos arrojados desde helicópteros, abrieron al medio cabezas y rostros indígenas. La iniquidad de las batallas fue total.

El sacerdote salesiano Juan de la Cruz nos contaba que “la brecha de desconfianza de los nativos amazónicos hacia el Estado peruano se ha hecho enorme. Es que la cultura de los pueblos jíbaros Awajún y Wampis es distinta incluso a la mestiza. Los aguarunas (awajún) tienden manos de amistad y son agradecidos y muy solidarios pero al sentirse amenazados aflora la ascendencia de una de las culturas más agresivas de la Amazonía: recién hace 80 años que tomaron contacto con la cultura occidental y menos de 50 años que dejaron la Tsantsa (práctica de reducir las cabezas de sus enemigos) y ante la orden del gobierno de desbloquear por la fuerza el paso cortado por más de 1.500 indígenas de estas comunidades jíbaras, se produjo la masacre. La acción de los awajún y wampis impedía el paso de transportes por la carretera Belaunde Terry, en el sector llamado Curva del Diablo, entre Cajamarca y Bagua en la Amazonía, al norte de la selva peruana. Acompañados por la Federación de Rondas Campesinas de Jaén había otro bloqueo de la misma ruta en el cruce de Chamaya, exigiendo plebiscitos, la derogación de las leyes que entregan los bienes comunes de los pueblos indígenas y la defensa de la biodiversidad diezmada por petroleras y mineras voraces. Un mes y medio de protestas con paralización de actividades concluyó con una de las masacres más aberrantes de pueblos indígenas. En Bagua, el pueblo soliviantado destruyó el local del partido aprista mientras otro grupo de indígenas tomaron la estación de bombeo del Oleoducto Norperuano de Petroperú, con 38 policías rehenes. El ejército rescató a 22 policías con vida, en tanto el gobierno ocultó las cifras de las comunidades awajún y wampis que cayeron en la fatídica estación 6ª de bombeo. No cabe duda que el autoritarismo fascista del gobierno aprista de García gobierna sin razones y con represión violenta.

Una de las partes ignora hasta qué punto hay pueblos que entregarán su vida en defensa de sus territorios ancestrales. Es responsabilidad del gobierno saber eso. La cosmovisión indígena de la Amazonía se asemeja en este caso a la mapuche austral del sur de nuestro continente: “El bosque, los ríos y los animales son morada de los espíritus y atentar contra el medio ambiente es atentar contra su religión.” La Pachamama mora en sus montañas, lagos y ríos. Para los pueblos awajún y wampis la venganza es una exigencia y no cumplir con ella es olvidar a sus seres caídos. Contraatacan para tomarse vida por vida, creencia ancestral del pueblo jíbaro guerrero. Reaccionaron de la única manera que conocen.

En tanto el presidente Alan García los tilda de “perros del hortelano”: que no comen ni dejan comer, y pone en práctica siete decretos con los que cede la Amazonía a las corporaciones petroleras, de gas y minerales, pero también a las madereras y de agrocombustibles. Dijo además que “los ecologistas son los comunistas de hoy” y que se trata de una conspiración extranjeras de estas organizaciones y de derechos humanos asociadas con los presidentes de Venezuela y de Bolivia (Hugo Chaves y Evo Morales).

Tales términos nos recuerdan a los discursos neoliberales de la ex secretaria de medio ambiental del gobierno argentino de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, quien no dudaba en tildar a los ecologistas de “agentes sandía”: verdes por fuera y rojos por dentro; con su mediocridad no le resultaría difícil calificar de igual modo a la nación jíbara de la Amazonía. Personalmente creo que se abre un abanico de múltiples acciones donde el gobierno de Alan García, y él mismo en persona, no las tiene todas consigo. Sostenemos que la masacre de Bagua, después de haber recorrido e interrogado a dirigentes indígenas de la región ecuatoriana y a los que ingresaron del Perú, implica “otro” comienzo, nuevas pautas de relación con los habitantes de la selva amazónica y mayor trabajo de los docentes y profesionales shuar que forman parte de sus comunidades. Educadores shuar partícipes del encuentro transfronterizo de Macas nos agradecieron unas páginas sobre los métodos extractivos de las corporaciones mineras exclamando: “me acaba de entregar un rifle”.

Los shuar por ejemplo, apuestan a dominar todos los estamentos del gobierno del Ecuador y es que crecen a un ritmo vertiginoso. Se preparan, mandan a sus hijos a colegios y a universidades occidentales, pero no olvidan su propia lengua y cultura. Muchos ya son reconocidos profesionales; el actual prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, es licenciado en sociología y ciencias políticas, master en gobernabilidad, manejo de conflictos y catedrático universitario, preside algunas consultorías y es representante del Ecuador ante el Fondo Indígena.

Es común que muchos varones tengan más de cinco hijos y más de una esposa; hemos caminado por Macas con un nativo que nos habló de sus 21 hijos y cinco esposas. A ese ritmo no será difícil obtener la mayoría a la hora de elegir representantes. Por ahora la comunidad shuar de Ecuador cuenta con 31 alcaldes y 5 prefectos a nivel nacional, además de 25 juntas parroquiales en cargos de dominio público, funcionarios, concejalías y diputaciones. Sus 14 nacionalidades se preparan para rechazar más de 200 proyectos hidroeléctricos concebidos por el gobierno de Correa para la devastación y el saqueo, 36 bloques petroleros y 842.000 hectáreas en concesión a trasnacionales mineras. Exigirán la aplicación real de la Asamblea Constituyente de la que ya se olvidó Rafael Correa y donde se expresa que la Naturaleza es sujeto de derecho: “A pesar de Correa lucharemos para impedir la destrucción de nuestra Amazonía” aseguraba otro ecuatoriano de Saracuse, representante de Resistencias Populares Indígenas, "exigiremos la inconstitucionalidad de la ley minera de Correa aunque será sólo con la acción de nuestros pueblos que podremos abolirla”. El shuar Raúl Petsein dirige los programas de la FICSH; explicó que “la Federación sirvió para que se reconozca la cultura transnacional bilingüe, ganar los espacios políticos para obras de infraestructura, actividades productivas y sostenibles de nuestro territorio y -recalcó- gracias a eso tenemos un territorio con fauna y flora”.

Los territorios de la Amazonía en manos de los shuar comienzan a labrar otro destino. El prefecto Marcelino Chumpi, hizo público su compromiso de plebiscitar la provincia de Morona Santiago para declararla ecológicamente sostenible. Pidió nuestra participación y que regresemos con toda la información que tengamos, además de profesionales, ingenieros de minas, hidrogeólogos, etc., “que nos ayuden a contrarrestar -dijo- la información tendenciosa de las corporaciones mineras.”

Contigua a Morona y a la provincia de Azuay se halla la provincia de Zamora Chinchipe, sur oriente de la Amazonía. Es una región montañosa, orografía que la diferencia del resto de la región amazónica. Salvador Quisphe Lozano (38 años), es su Prefecto electo (como ya mencionamos). Al igual que Chumpi, el prefecto zamorano también se recibió de sociólogo, especializado en idiomas quichua e inglés. Fundó la actual Federación Provincial de Saraguros de Zamora Chinchipe. Ocupó la presidencia de la Confederación de Pueblos Quíchuas del Ecuador (1999-ECUARUNARI). Sus discursos en la campaña electoral se centraron en la defensa de los recursos naturales, sin embargo algunas posiciones intransigentes lo ubicaron favorablemente en los primeros planos de la política ecuatoriana. Salvador Quisphe fue, junto con Antonio Vargas (ex-presidente de la CONAIE), quien se alzó mediante una revuelta indígena contra el gobierno de Jamil Mahuad, literalmente entregado a los intereses del Fondo Monetario Internacional y de la banca ecuatoriana; derrocaron a Mahuad con movilizaciones indígenas y populares. Más tarde en 2008, Quisphe fue asesor del bloque de Asambleístas de Pachakutik en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. En todas sus funciones (aún cuando fue diputado) el electo Prefecto de Zamora manifestó prioridad por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente de Ecuador. Es conocido su absoluto rechazo a las transnacionales mineras y por esta circunstancia soportó la cárcel durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y del propio Rafael Correa; gobiernos que cedieron el patrimonio que guarda el suelo amazónico a la voracidad de las corporaciones mineras como la Corrientes Resourses o ECSA con el cobre de la Cordillera del Cóndor, y la Aurelian y IMGOLD con el oro. Salvador Quisphe le ganó las últimas elecciones a una coalición gestada por el gobierno de Correa con socialcristianos y empresas mineras. A propósito promocionó un impactante mensaje preelectoral que supo repetir ante nosotros en el encuentro transfronterizo de Macas: “Ni al gobierno de Rafael Correa, ni a las empresas mineras, les interesaba quien ganaría la prefectura de Zamora Chichipe; lo que a ellos les importaba es que no ganara Salvador Quisphe porque saben que con un prefecto como yo no será fácil llevarse nuestra riqueza mediante un puñado de canadienses... La minería a gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el Sumak Kawsay (buen vivir) y por ello rechazaremos este tipo de minería”. Con Quisphe dialogamos en Macas sobre el futuro de la región amazónica y las compañías mineras que ya desembarcaron de la mano del presidente Correa.

De igual modo se expresa Domingo Ankuask. Primero se presenta como shuar y luego como presidente de la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Dice que “las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía rechazan a la minería transnacional a cielo abierto y viven movilizados en Zamora y Morona Santiago para defender sus territorios amenazados por los proyectos mineros inconsultos” y que “si las mineras mantienen a unos pocos asalariados shuar para que dividan a su pueblo y lo desprestigien con sus posiciones de entrega y traiciones, habemos decenas de miles de shuar que estamos dispuestos a defender hasta con la vida el territorio y la cultura de nuestros hijos. No creemos en las falsas promesas de las mineras y sus testaferros”.

Dejamos Macas y la región amazónica con la sensación de haber estado ante pueblos decididos a todo. De inmediato rondaba la pregunta ¿Se repetirá lo de Bagua en Ecuador?

Por lo pronto la ley minera de Rafael Correa es una virtual provocación y un escupitajo sobre la Asamblea Constituyente de Montecristi. Una ley que le otorga tiempo ilimitado a la actividad minera y múltiples facilidades. Pero la ley de Correa supera con creces, en leonina, a los decretos de Alan García que ocasionaron la masacre de Bagua. Hoy las organizaciones sociales, populares e indígenas la demandan por inconstitucional. La nueva ley minera que se discute en Ecuador no sólo facilita la actividad de las transnacionales extractivas sino que delimita zonas de frontera con un espacio de 40 kms. (y marítimo de 12 millas), donde toda la Cordillera del Cóndor está sujeta a esta ley de Seguridad Nacional, porque en esas fajas territoriales clasificadas y hasta secretas se hallan precisamente las concesiones mineras de Ecuador. La ley por tanto, admite en ellas la presencia y accionar de las fuerzas armadas por motivos de seguridad nacional. Nos preguntamos una vez más ¿Se repetirá en Ecuador la masacre de Perú?.

(Por Javier Rodríguez Pardo, Ecoportal, 28/07/2009)