A pesar del rechazo generalizado de la población, el discurso en pro de la energía nuclear ha vuelto a reavivarse con motivo de la cada vez más palpable amenaza del cambio climático. Empresas de relaciones públicas, think tanks como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) -que preside José María Aznar-, líderes de opinión entre los que se encuentran desde políticos hasta cierta parte de míticos personajes del movimiento ecologista y lobbies varios están tratando de mejorar la dañada imagen de estas fuentes energéticas.

Ya lo sabrán. En el día Mundial del Medio Ambiente se cumplieron los peores presagios y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la máxima institución en lo que se refiere a la energía atómica en España, ha decidido por unanimidad prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña (Burgos). Habrá Garoña durante diez años más pese a la vejez de la central y sus omnipresentes problemas de seguridad. Entre los cinco consejeros que han tomado la decisión está Antonio Colino, ex director de reactores avanzados de Endesa y ex presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA). Esto representa todo un conflicto de intereses.

Pero no es el único, más bien es la norma. Como algunos venimos denunciando durante los últimos años, muchos expertos piensan que el CSN se ha convertido en el primer lobby a favor de quien, por ley, deberían vigilar: la industria nuclear. La institución encargada de velar por la seguridad y control de las instalaciones nucleares ha mantenido unos lazos tan estrechos con las principales empresas del sector en España y ha tomado decisiones tan sospechosamente sorprendentes que ha provocado auténticas conspiraciones palaciegas en su contra por parte de técnicos y hasta directivos de la entidad.

La decisión del CSN contraviene el compromiso electoral del gobierno de Zapatero que es el cierre paulatino de las centrales nucleares. Tampoco es la primera vez que una central amplía su plazo de funcionamiento para satisfacer los intereses de la industria nuclear. La planta atómica de Cofrentes logró en marzo de 2001 una nueva prórroga de explotación del Ministerio de Economía por diez años, previo informe favorable del CSN. A finales de marzo de 2002 la planta aumentó la potencia de su reactor desde el 100% nominal al 110%, siempre con el permiso del Consejo. Para conseguir un mayor rendimiento se realizaron algunas modificaciones del diseño original de la central que requirieron introducir combustible de uranio de mayor potencia energética, lo que también conllevó una serie de cambios en los sistemas de control y de refrigeración de emergencia. Para todo ello deben actualizarse las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), algo así como las normas básicas para un correcto manejo de la central.

El CSN obvió la realización de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debería haber exigido, como órgano con competencias ambientales en el tema nuclear que es. En el proceso, durante la parada y las pruebas de arranque, la planta atómica sufrió un número de sucesos consecutivos sin precedente. Nueve de estos fueron notificados al CSN de manera reglamentaria, pero en realidad hubo otros tres sucesos importantes más que no fueron notificados. Uno de ellos fue detectado por el cuerpo de la Inspección Residente (IR), funcionarios del CSN que viven en los complejos nucleares para realizar labores de control de las plantas. Concretamente, los inspectores detectaron que durante la recarga los operarios de la central habían introducido mangueras de cables a través de unas válvulas que conectaban con la contención secundaria de la central. De haber ocurrido un accidente en esas condiciones las válvulas no habrían podido cerrarse y la radiactividad hubiera escapado irremisiblemente hacia el exterior. Esta chapuza quizás era explicable por la urgencia de no detener la producción de la central (y por lo tanto, la facturación para Iberdrola, propietaria de la mitad de la planta) demasiado tiempo. Al final, Cofrentes logró su espectacular transformación en apenas 29 días.

Hubo aún más sorpresas. El 27 de marzo de ese 2002 se produjo una reunión entre directivos de la central y los dos Inspectores Residentes (IR) del CSN que se convirtió en una dura reprimenda. ¿A quién?, a los inspectores. Éstos habían levantado las correspondientes actas tras los problemas que había sufrido Cofrentes. La lógica dice que detrás debía venir un expediente sancionador. Parecía realmente que en lugar de la autoridad en materia de seguridad e inspección se tratara de dos empleados más de Iberdrola, por el tono que tuvo aquella reunión. Cuál no fue la sorpresa de los dos IR cuando sus jefes no sólo no les defienden sino que apoyan las tesis y actitud de la dirección de Cofrentes.

Sólo el conocimiento de los hechos por parte de Greenpeace logró que meses después el CSN sancionara a los mandatarios de la central. Esta actitud de Cofrentes de presionar a los IR del CSN cuando hacen algo que no les conviene es realmente muy preocupante, y demuestra la enorme presión que ejerce la industria nuclear sobre el órgano de control para salvaguardar sus intereses económicos, aún a costa de sacrificar la seguridad. Y especialmente grave es que los altos responsables del CSN transijan favoreciendo los intereses de la central nuclear en lugar de hacer prevalecer la seguridad, que es su función.

A pesar del rechazo generalizado de la población, el discurso en pro de la energía nuclear ha vuelto a reavivarse con motivo de la cada vez más palpable amenaza del cambio climático. Empresas de relaciones públicas, think tanks como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) -que preside José María Aznar-, líderes de opinión entre los que se encuentran desde políticos hasta cierta parte de míticos personajes del movimiento ecologista[1] y lobbies varios están tratando de mejorar la dañada imagen de estas fuentes energéticas. Así, un grupo configurado por 22 empresas lideradas por Iberdrola, la alemana RWE Power y la francesa EDF, acudieron en noviembre de 2004 a Bruselas para presentar un documento conjunto en el que afirman que la energía nuclear es “un elemento central en la futura planificación energética de la UE”. Las empresas españolas que han rubricado con su firma el citado documento son, además de Iberdrola, Nuclenor (gestora de la planta atómica de Santa María de Garona, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola), y las firmas de ingeniería Empresarios Agrupados y Tecnatom. La patronal nuclear quiere que todas las opciones de producir energía se mantengan y esto, por supuesto, incluye a las plantas nucleares. www.ecoportal.net

Más info
En el libro "Conspiraciones tóxicas" dedicamos dos capítulos al lobby pro nuclear en los que contamos la subordinación del CSN a los grupos de presión atómicos y la filtración de casi todos los ayuntamientos que acogen una central nuclear en España por políticos que trabajan o tienen una relación indirecta con la planta.

[1] En mayo de 2004 aparecía en la primera página del periódico británico The Independent un artículo del científico James Lovelock, creador de la hipótesis Gaia (que postula que la Tierra actúa como un súper organismo). Lovelock reprendía a los críticos de la industria nuclear utilizando los miedos al cambio climático, la desertización o la sobrepoblación y la deforestación.

(Por Miguel Jara, Ecoportal, 23/07/2009)