En el día mundial contra la minería a cielo abierto organizaciones sociales y políticas marcharon este miércoles (22/07) en la Ciudad de San Juan en defensa del agua y de la vida, y en contra de la iniciación del proyecto de explotación de la mina binacional Pascua Lama. Además, la oposición pidió al Gobierno que informe sobre el tratamiento fiscal otorgado a la canadiense Barrick Gold para la explotación de la mina ubicada sobre territorio de Argentina y Chile, por la que podría ganar 30.000 millones de dólares. "Pedimos información para tener certezas sobre los impuestos para Pascua Lama", dijo la diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, quien también solicitó la interpelación del secretario de Hacienda nacional, Juan Carlos Pezoa.

El convenio de tratamiento fiscal a la multinacional canadiense fue firmado por los gobiernos de Argentina y Chile en abril y regula las condiciones que deben cumplir Barrick Gold y sus proveedores para explotar la mina, ubicada en la Cordillera de los Andes, sobre parte de la provincia de San Juan. La polémica surgió porque el acuerdo no fue publicado por ninguno de los dos gobiernos, por lo que la oposición argentina pidió al ministerio de Economía y a la Cancillería que les remita el convenio.

La construcción de Pascua Lama se iniciará en septiembre próximo, según confirmaron a la agencia internacional EFE fuentes de la multinacional y será la primera mina binacional del mundo con grandes reservas de oro y plata. En una de las reuniones que los directivos de la empresa mantuvieron con la presidente Cristina Kirchner, se anunció que se invertirán 11 mil millones de pesos para la extracción de oro y plata. Sin embargo, Barrick podría ganar por esta explotación al menos 30.000 millones de dólares durante los 25 años de vida útil del proyecto, una cantidad que no fue confirmada por la compañía.

Para la diputada Fernanda Reyes, es necesario conocer los detalles del convenio y el contenido de un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía argentino contrario a la firma del acuerdo tributario por "la generación de una pérdida altísima al Fisco" que, se calcula, asciende a 550 millones de pesos (unos 144 millones de dólares) anuales.

"Toda modificación tributaria y los convenios bilaterales deben pasar por el Parlamento. Cuando tengamos la información requerida, tendremos los elementos para poder hacer algún tipo de denuncia por malversación de fondos o porque no se cumplen con las funciones que son propias del Congreso", dijo Reyes.

Fuentes de la Secretaría de Minería explicaron que el acuerdo prevé que Barrick Gold tribute en cada uno de los países por el volumen de extracción en su territorio y en Argentina, además, por el procesamiento industrial de los minerales. El vicepresidente de Barrick Sudamérica, Rodrigo Jiménez Castellanos, dijo a EFE que el acuerdo "no modifica la legislación ni las alícuotas vigentes en ninguno de los dos países", ni representa "ninguna ventaja en relación con la tributación de otras compañías" mineras.

Sin embargo, estos argumentos no convencen a los ambientalistas quienes denunciaron que “el gobierno avanza en la entrega del cordón del Famatina”. En la marcha, que comenzó a las 18 y que recorrió las calles céntricas de San Juan, los vecinos autoconvocados juntaron firmas para que se anulen las leyes mineras, a favor de “la original ley de glaciares (vetada el año pasado por la presidenta K)” y entregaron notas de repudio a los fondos que las empresas sustractivas destinan a las universidades.

Uno de ellos es el aceptado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera de Catamarca que destinó 50 millones de pesos para distribuir entre las distintas universidades nacionales y que sigue reuniendo el disgusto de la población afectada por la contaminación.

(Crítica de la Argentina, 23/07/2009)