Los conflictos socioambientales se incrementaron a 273 debido al crecimiento de las concesiones mineras “que no consideran la consulta previa ni la participación ciudadana”, según reveló el IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Además de “la falta de una política gubernamental que controle esta actividad al considerar que, actualmente existe poca rigurosidad para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, agregó el documento final del estudio recientemente presentado.

El estudio identificó que de los 273 conflictos registrados, el 83% continúa activo y concentrado mayoritariamente en temas vinculados a la actividad minera. En la misma fecha, un año antes, el mismo estudio registró sólo 132 conflictos en todo el Perú, lo que evidencia la inexistencia de canales de solución y negociación entre el Ejecutivo y los pobladores del interior del país. De otro lado, el OCM resaltó que la actividad minera transfronteriza es otro foco de conflicto, “por ejemplo en la frontera amazónica con Ecuador están presionando las áreas naturales protegidas, sobre todo aquellas donde residen las comunidades nativas”.

También mencionó el caso de Piura, en el que la presencia de “la empresa minera Río Blanco no sólo estaría del lado peruano, sino también del lado ecuatoriano, identificado con el nombre de RIOBLAN”. Asimismo, la falta de coordinación por parte del gobierno central con los gobiernos regionales y locales sobre la viabilidad de la entrega de concesiones mineras, es otro factor que intensifica el crecimiento de los conflictos socioambientales, según sustentó el informe.

El coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, José De Echave, explicó que la cantidad de concesiones mineras aumentaron, de 17 millones de hectáreas, correspondientes al último semestre del año pasado, a más de 19 millones de hectáreas en el primer semestre de este año. El informe fue realizado en Junín, Cajamarca, Piura, Apurímac, y Cuzco durante el primer semestre de 2009.

Información por departamentos*
Junín:
En Junín, el 22,8% del territorio está en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico La Oroya donde se encuentra la empresa Doe Run Perú (DRP). El caso Doe Run ha pasado a ser crítico, no sólo debido a los nocivos impactos que genera en el ambiente y en la salud de la población de La Oroya, sino a la crisis financiera por la que atraviesa y que hasta la fecha no ha encontrado una solución, sostiene el informe.

Jose De Echave manifestó su preocupación por la falta de transparencia y el acceso a la información, haciendo referencia al cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM, en la que se establecieron los compromisos y los plazos que debían cumplirse en la ejecución del PAMA. Esta norma establecía la prohibición para DRP de efectuar pagos o contraer obligaciones con accionistas o empresas vinculadas.

“¿Quién ha verificado que efectivamente DRP haya cumplido con esta obligación? ¿Quién ha verificado que las utilidades obtenidas durante los últimos años no hayan sido en parte remesadas a su matriz en EEUU? De acuerdo a información del propio MINEM el cumplimiento de esta obligación se verificarían mediante informes de una auditora financiera Pricewaterhouse. ¿Dónde están estos informes? Los mismos deben hacerse público dado que los mismos buscaban garantizar el cumplimiento del PAMA”, sostiene De Echave.

Cajamarca:
En Cajamarca el 44,67% del territorio esta concesionado, acá se encuentra operando la minera Yanacocha, el yacimiento aurífero más importante de Latinoamérica. Los vacíos en las políticas ambientales del sector público y un marco normativo inapropiado son causas subyacentes de las tensiones y conflictos provocados por la actividad minera en Cajamarca.

En el último semestre 2009, se han identificado conflictos por accidentes ambientales en Hualgayoc. Miles de metros cúbicos de aguas de relaves mineros al río Hualgayoc-Arascoorgue, afectando con ello el agua, justamente un tema sensible en la zona.

Denuncia el informe el tráfico de tierras y agresivas campañas de compra de tierra a precios irrisorios, cuyos fines se desconoce. Falsificación de firmas y obtención de permisos fraudulentos por parte de representantes de la empresa Minera Anglo American. Finalmente, Corrupción en la ex Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), otorgan permisos para el uso de agua para actividades mineras.

Piura:
El 26,16% de su territorio esta concesionado, en esta región se encuentra el Consorcio Chino Zijin responsable del proyecto Río Blanco. Según el periodo analizado por el OCM, el gobierno otorgó facilidades a la empresa minera Zijin, para que acceda a 27 nuevas concesiones mineras; las cuales sumadas a las 8 llegarían a las 35, comprendiendo un área de cerca de 29,000 hectáreas. Lo que consolidaría la afirmación de que en la zona se pretende establecer un distrito minero, que tendría, ahora, como titular directo al Consorcio chino Zijin.

El informe denuncia las violencias y agresiones surgidas por la presencia de la ONG Integrando en Ayabaca y Huancabamba, vinculada al Grupo Romero (a través de Alicorp), el mismo que tienen intereses en la realización del proyecto Río Blanco (contrato de opción con Agroindustrias Las Huaringas S.A.), viene generando algunos problemas con los comuneros.

Cusco:
El 15,8% de su territorio concesionado. Según el OCM enn el primer semestre del año, se presentan varios ejes de conflicto en la región. En primer lugar están las protestas provocadas por la publicación de la nueva Ley de Recursos Hídricos, aprobada mediante Ley Nº 29338. Lamentablemente la dación de esta norma no soluciona muchos de los problemas que plantearon los precedentes decretos legislativos (Nº1081 y 1083). Algunos de los problemas identificados en estas normas son: 1) la desaparición de las autoridades autónomas de cuenca; 2) la debilidad de los consejos de cuenca; 3) la posibilidad que la autoridad nacional de agua pueda delegar sus funciones, incluso a particulares. Asimismo se vienen dando negociaciones individuales con los propietarios de terrenos sin buscar acuerdos equitativos.

Apurímac:
El avance de las concesiones sigue siendo un tema importante en Apurímac donde opera la minera Xstrata con el Proyecto Las Bambas: en la actualidad las mismas alcanzan el 53,68% del territorio de toda la región, justamente en el proyecto minero Las Bambas se han identificado algunos problemas en los permisos de acceso de tierras comunales. Asimismo, se han identificado afectaciones a fuentes de agua como manantes (bofedales) en la zona de influencia del proyecto.

(Servindi, 22/07/2009)