Sospechan que hay altos niveles de uranio en el agua que consumen un millón de personas. Afectaría a vecinos de La Matanza, Ezeiza y Esteban Echeverría. La Justicia pidió una pericia a España, pero hay trabas burocráticas del Gobierno.

Del otro lado escuchó evasivas y reproches. Los abogados de los denunciantes se pusieron furiosos; los funcionarios públicos mostraron simuladas caras de asombro. Lo que estaba y está en juego es una pericia crucial para saber si la salud de cerca de un millón de habitantes del conurbano está en peligro. Podrían, desde hace décadas, estar consumiendo agua contaminada por residuos radiactivos generados por el Centro Atómico de Ezeiza. La Justicia les debe una respuesta.

La increíble historia de esta incertidumbre lleva nueve años. El juez federal Alberto Santa Marina, de Lomas de Zamora, admitió la parálisis de su investigación la última semana de junio, en una reunión en su despacho a la que convocó a los abogados querellantes, del Centro Atómico, a peritos de Gendarmería y a un representante de la Cancillería, sobre quien caen las principales culpas por la dilación de los estudios sobre el agua que consumen los vecinos de Esteban Echeverría, Ezeiza y parte de La Matanza. Una traba burocrática, le explicaron al juez, impide llevar adelante la pericia que dirá si esa agua es apta para el consumo humano. De confirmarse la contaminación, sería letal ya que el uranio en dosis elevadas provoca, según todos los expertos, malformaciones y cáncer.

La dilación de esta pericia exhibe no sólo la incapacidad del Estado para dar respuesta a un problema concreto, sino también la falta de políticas firmes para dar un destino final seguro a los residuos de la industria energética atómica, una de las más valiosas y ricas en avances tecnológicos. El caso del Centro Atómico Ezeiza es la herida sangrante de ese desierto de respuestas, que se ve a otra escala en la saturación de los actuales "depositarios" de residuos tóxicos, a pesar de los reclamos que viene haciendo al Gobierno y al Congreso la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), responsable de los tres centros atómicos del país (Ver Falta...).

La causa estancada es de por sí un viaje a las profundidades del Estado. Se inició en abril del año 2000, cuando un grupo de vecinos de Monte Grande -varios de ellos médicos- empezaron a sospechar del agua que consumían. En el centro de Monte Grande, el pediatra Valentín Stiglitz empezó a contar demasiados enfermos de cáncer -"hasta veinte por manzana", dice- y sospechó que podían tener relación con la cercanía al Centro Atómico de Ezeiza. Luego de muchos rodeos, el juez dispuso una pericia. Se la encargó a la Universidad de Buenos Aires y la coordinó el geólogo Fernando Díaz. El resultado fue fulminante: el agua, según el informe, estaba contaminada con altos niveles de uranio, filtrados a las napas por falencias en el sistema de deposición de residuos del Centro Atómico.

El Centro Atómico de Ezeiza ocupa un predio de 830 hectáreas, vecino al aeropuerto internacional, y su tarea es investigar y desarrollar servicios para la industria, la agricultura y la medicina nuclear, logrando, por ejemplo, avances en la detección del cáncer. Entre 1967 y 2001, allí se depusieron miles de litros de residuos radiactivos líquidos y miles de kilos de sólidos, sobrantes de las investigaciones. Aunque se supone que fue hecho con todas las medidas de seguridad requeridas, algo podría haber fallado. Hoy, allí, ya no se entierran más residuos.

Las conclusiones de la pericia de la UBA llevaron a los vecinos a un estado de alerta. Pero el Centro Atómico decidió contestar. Ordenó sus propios estudios y encargó pericias a laboratorios internacionales para contrarrestar el informe ordenado por el juez. Consultadas por Clarín, las autoridades de la CNEA ratificaron aquellos informes: que los niveles de uranio encontrados no son deseables pero sí aceptables, y que son naturales del acuífero Puelche que circula bajo la superficie de Ezeiza: "Estamos convencidos de esto -dijo uno de los directivos-, por lo que nosotros también nos sentimos damnificados por estas demoras en la causa judicial. Queremos que se lleve tranquilidad a los vecinos".

Los abogados de las víctimas, que actúan como querellantes en la investigación, son María Eugenia Talerico y Gonzalo Díaz Cantón. Ellos defienden a vecinos de la zona afectada, varios de ellos enfermos de cáncer, y motorizan la investigación. En la reunión con el juez Santa Marina, plantearon la urgencia de resolver el caso con un argumento inapelable: es la salud lo que está en juego.

El problema es que es difícil de cuantificar y probar. Un relevamiento hecho por médicos en un barrio de Ezeiza, el San Ignacio, comprobó en 2003 más enfermos de cáncer que lo habitual. El encargado de ese estudio fue Néstor Lucatelli, patólogo del Hospital Monte Grande. "Hicimos relevamientos para registrar casos de cáncer, porque había muchos, especialmente gastrointestinales. También encontramos malformaciones. Y había sin duda factores ambientales que influían. Eran múltiples, como la falta de cloacas, el agua recargada de nitratos y es muy probable que también la influencia del Centro Atómico", explica a Clarín y anticipa que el Hospital Monte Grande, para poder cuantificar en detalle la cantidad de enfermos de cáncer, en un par de meses será uno de los primeros en contar con un registro de tumores para toda la juridicción.

Una pericia oficial denunció la contaminación y otra encargada por el Centro Atómico sostuvo lo contrario. ¿Qué hacer? El juez decidió encargar una tercera pericia, esta vez a un laboratorio extranjero no relacionado con el Estado argentino, ya que el Centro Atómico es público. Se eligió al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del gobierno español y se presupuestó el trabajo en 1,2 millones de pesos. Durante casi un año, el juez no logró que el Consejo de la Magistratura le habilitara los fondos. Cuando lo consiguió, en diciembre de 2007, encargó la coordinación del estudio al área pericial de la Gendarmería y le pidió a la Cancillería que hiciera las gestiones con el laboratorio español. Nadie imaginaba que se estaba ingresando en otro callejón. Según dijo ante el juez el comandante Guillermo Meza, de la Gendarmería, la pericia no se hace porque la Cancillería no logra aceitar los lazos con el laboratorio para la firma del convenio. Según su explicación, el laboratorio exige un adelanto de 90 mil euros y ciertas garantías para participar de la primera etapa de la pericia, esto es, la extracción de 70 muestras de agua de los alrededores del Centro Atómico. Los lugares para esas muestras ya fueron elegidos.

¿Qué dicen en la Cancillería? Los argumentos chocan con los de los gendarmes. Allí aseguran que vienen colaborando con el juez desde el 2002 -en otros trámites vinculados al proceso- pero que la Cancillería sólo hace de intermediario o correo. "Si hay problemas sobre cómo debe hacerse la pericia o sobre el giro de fondos, eso no es de nuestra incumbencia", explicaron a Clarín en la Cancillería.

Todas las partes involucradas y consultadas por Clarín, mostraron preocupación y juraron acelerar, en la parte que les toque, la marcha de la tercera pericia. A los denunciantes, como al pediatra Stiglitz, la fe se le escurre en la sospecha de que las trabas no sean burocráticas sino políticas y económicas. Ocurre que el agua contaminada con uranio no tiene remedio; su contaminación dura cientos de años. Si se comprueba el daño, la única solución sería llevar a todos los vecinos de la zona agua de otros sitios, una obra de infraestructura descomunal, multimillonaria, muy difícil de cuantificar. Para darse una idea, hoy el 70 por ciento de los habitantes de la zona consume agua de pozo. Y los que tienen agua de red tampoco estarían a salvo, ya que esa agua es extraída de las mismas napas. Los tratamientos de clorificación no logran frenar al uranio.

La causa judicial ya tiene 25 cuerpos, recargados de estudios de agua, de suelo, radiografías sobre la industria nuclear y el Centro Atómico de Ezeiza, esa gran obra ideada y puesta en marcha a mitad del siglo pasado, cuando el progreso del país parecía más cercano. Los datos y las historias clínicas de algunos enfermos de cáncer se mezclan con esos datos científicos, como abrazados a la misma cuna de origen. ¿Será cierto? ¿Saldrá veneno de las canillas del conurbano? Un laboratorio español puede tener, al final, algún día, la última palabra.

(Por Gerardo Young, Clarin, 19/07/2009)