La propuesta Yasuní ITT ha dado pasos importantes. Paulatinamente es aceptada en el mundo como una propuesta capaz de evidenciar la necesidad de salir del modelo extractivista -primario exportador- y avanzar hacia un modelo de justicia ambiental, en el que primen los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Uno de sus mayores logros es la adopción de medidas de restricción a las operaciones petroleras en áreas protegidas y de protección a los pueblos libres en aislamiento voluntario. Para cristalizarla, se han conseguido importantes respaldos internacionales, como el aprobado por el parlamento alemán, cuyo mérito adicional es que deja por fuera los mecanismos de mercado tan cuestionados a nivel internacional.

Paralelamente a esto, Ecuador realizó una auditoria del crédito público, que puso en evidencia el carácter ilegítimo que subyace al sistema de endeudamiento impuesto y a la mayoría de los créditos específicos en los distintos tramos. Muchos de estos créditos estaban orientados precisamente a afianzar el modelo depredador del cual queremos salir. Esos resultados de la auditoria confluyen con el reclamo social de las deudas histórica, social, de género, ecológica y climática, esta última por la apropiación ilegítima y desproporcionada de la atmósfera y de la capacidad de absorción de carbono del planeta.

Ambas propuestas van de la mano y están estrechamente relacionadas. Ambas son caminos para iniciar una transición a un Ecuador post petrolero (que tampoco podrá ser minero). Incluso van más allá, proponen un planeta que deje atrás las secuelas de una civilización depredadora que tiene en su corazón al petróleo y que acabe con la deuda financiera como instrumento de dominación y control político y económico. Desde esta urgencia de cambio en función de la vida, el desafío es avanzar a nuevas opciones financieras y nuevas formas de enfrentar la hecatombe climática, con criterios de justicia. En consecuencia nos corresponde ahora:

1. Fortalecer la política nacional y regional de defensa de las áreas protegidas, de las zonas frágiles, de los territorios indígenas, en cabal aplicación de los derechos de la naturaleza, entre ellos el de existir y perdurar.

2. Discutir y definir colectivamente el destino de los fondos que puedan provenir desde iniciativas como la del Yasuní ITT teniendo como horizonte el Sumak Kawsay (Buen Vivir), como esquema alterno al extractivismo.

3. Avanzar a nivel internacional en la construcción de mecanismos para asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre los países del norte y del sur, como base justa y efectiva para enfrentar los cambios climáticos.

En ese contexto, los ‘canjes de deuda por naturaleza’ no pueden ser una opción de financiamiento para el Yasuní ni para otros proyectos, pues parten en la mayoría de casos de deudas ilegítimas. La deuda bilateral con los gobiernos del Norte, así como el resto de tramos de deuda, ha tenido históricamente vicios que han sido develados por la auditoria de la deuda realizada en Ecuador. Esta reflexión es por igual válida para otros canjes, por ejemplo para financiar proyectos educativos, pues surgirían de situaciones de ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa, además en muchos casos vinculados a condicionalidades económicas causantes de graves problemas económicos y sociales en nuestros países.

El uso del canje de deuda externa como mecanismo de financiamiento para cualquier tipo de proyecto requiere tener presente un doble riesgo: el de debilitar el criterio de responsabilidad de los países contaminadores, y el de minimizar el reclamo de ilegitimidad de la deuda. Así también, es fundamental evitar confusiones entre la esencia innovadora de la propuesta Yasuni ITT (contribución solidaria y responsable por la no explotación y represamiento del petróleo en el subsuelo, y por ende no nuevas emisiones de CO2 y protección efectiva de los bosques tropicales), y la visión mercantil de la venta de carbono. Esta vía de mercado, atada a la lógica de la especulación en muchas ocasiones, puede generar derechos empresariales sobre los territorios del Sur, provocando efectos ineficientes e injustos, al no permitir abordar la cuestión de fondo, esto es que la producción y el consumo de petróleo es una de las principales causas de las crisis climáticas.

La propuesta Yasuní ITT, al igual que la demostración de la ilegitimidad de la deuda, han sido pasos importantísimos, no sólo para el Ecuador. Son acciones que contribuyen a mejorar sustantivamente la convivencia en el planeta tierra, por ello nuestra invitación a las organizaciones internacionales a contribuir difundiéndolas y defendiéndolas.

(Grupo Nacional Contra la Deuda / Biodiversidadla, 15/07/2009)