Desde que el Gobierno anunciase el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para el 6 de julio de 2013, la gran pregunta es: ¿Qué impide que tras las próximas elecciones (¿en 2012?) un nuevo Ejecutivo revoque esta fecha y alargue la vida de la planta, tal y como se ha comprometido el líder de la oposición Mariano Rajoy si gana las próximas elecciones?

Si en algo están de acuerdo Mª Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear, y Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace, además de que a ninguno de los dos les gusta la fecha de cierre fijado por la ITC/1785/2009, es en que esta Orden Ministerial puede ser revocada. Primero, por medio de un recurso. En concreto, ante esta orden se puede interponer un recurso de reposición, en el plazo de un mes; o bien un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos.

Además, dado que la prórroga de cuatro años concedida a la planta nuclear pasa a la próxima Legislatura, en principio cabe otra posibilidad para anular esta Orden: "Al no ser una Ley ni si quiera hay que pasar por el Parlamento, bastaría que un nuevo ministro en la próxima Legislatura aprobará otra orden nueva", incide el ecologista, con palabras muy parecidas a las de la representante de la industria nuclear. "Lo que se ha hecho es dar al balón un patadón al aire y esperar a ver dónde cae", destaca Bravo tan enfadado como Domínguez, que incide que ni si quiera una Ley podría garantizar el cierre dentro de cuatro años, como se apunta ahora.

A pesar de todo esto, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistía el viernes tras el Consejo de Ministros en que el cierre de la planta de Garoña el 6 de julio de 2013 es "definitivo" e "irreversible". Según argumentaba, esto es así, no tanto por el rango de Orden Ministerial, como por el contenido de ésta, que incluía medidas para garantizar el cumplimiento de la fecha de cierre.

¿Qué dice sobre esto la Orden ITC/1785/2009? A este respecto, el texto publicado ya en el BOE realiza las siguientes puntualizaciones:

- "Con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, la entidad responsable del desmantelamiento de la central presentará al Ministerio de Industria un programa preliminar de las actuaciones que se deberán llevar a cabo con este fin".

- "El titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida en la presente Orden".

- "El titular planificará el calendario de recargas teniendo en cuenta la fecha de cese definitivo de la explotación".

- "Esta autorización podrá dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se comprobase: 1) El incumplimiento de los límites y condiciones anejos; 2) La existencia de inexactitudes en los datos aportados y discrepancias fundamentales con los criterios en que se basa su concesión; 3) La existencia de factores desfavorables desde el punto de vista de seguridad nuclear y de protección radiológica que no se conozcan en el momento presente".

En un primer análisis, no parece que haya nada en el texto que impida realmente a un nuevo Gobierno en la próxima legislatura alargar la vida de la central más allá de 2013. Sí que existen algunos condicionantes técnicos a tener en cuenta. Se supone que estas plantas nucleares están renovándose constantemente, lo que resulta aún más necesario en una instalación como la de Garoña que lleva funcionando desde 1971. De hecho, los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear ya de partida son algo distintos para una prórroga de cuatro años, que para otra de seis. Y, a este respecto, la Orden impide a la central "realizar modificaciones y propuestas de actuación" que dificulten el cese definitivo de la explotación en julio de 2013, es decir, para más allá de dentro de cuatro años.

¿Podría suponer un riesgo para la seguridad de la planta alargar repentinamente su funcionamiento sin haber realizado en próximos años actuaciones necesarias para un nuevo horizonte temporal más amplio? Quizá se refería a esto la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, cuando apela tras el Consejo de Ministros a la responsabilidad de un futuro Gobierno para mantener la fecha de cierre. No obstante, tampoco esto impide que la central nuclear pudiese estar operando más allá del año 2013. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el mundo ya ha habido casos incluso de centrales nucleares paradas un tiempo que luego se han vuelto a poner en marcha.

Bajo la experiencia de la central nuclear de Zorita, cerrada hace más tres años, sí es cierto que el último plazo de funcionamiento concedido por el Gobierno de Aznar fue aprovechado para ir adaptando de forma progresiva la plantilla de trabajadores a las condiciones previstas para después de la parada del reactor, con una serie de prejubilaciones voluntarias y de traslados dentro del grupo Unión Fenosa en los que los empleados podían elegir entre diferentes destinos. Esta transición resultaría sin duda más complicada en Garoña si la central optase por esperar hasta conocer el ganador de las próximas elecciones.

Otra cuestión diferente es saber si a la central nuclear (y a la empresa Nuclenor) le compensa realmente entrar en este juego político o si un hipotético futuro Gobierno de diferente signo político asumiría de verdad todas las implicaciones que supone alargar la vida de una planta nuclear con tecnología de los años 60-70 que ya tiene fecha de cierre. Más cuando la Orden Ministerial que acuerda su cese definitivo incide en el hecho de que en los ya cerca de 40 años de la central sólo se le ha dado una prórroga de diez de duración, siendo todos los demás de duraciones inferiores.

¿Qué piensas tú? ¿Crees que como ha asegurado el Gobierno de Zapatero el cierre en 2013 es irreversible?

La Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio, por la que se acuerda como fecha de cese definitivo de Garoña el 6 de julio de 2013 (PDF)

(Por Clemente Álvarez, soitu.es, 04/07/2009)