Un nuevo informe científico muestra que la contaminación transgénica del maíz en México está más extendida de lo que se creía, pero además, que el gobierno ha contribuido activamente a aumentarla a través de sus propios programas.

El estudio publicado en mayo de 2009 en la revista PLoS One, fue presentado en México por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). Se titula “Dispersal of Transgenes trough Maize Seed Systems in Mexico” (Dispersión de transgenes a través de los sistemas de semillas de maíz en México) y es producto de un equipo de investigadores mexicanos y estadunidenses. Los autores principales son José Antonio Serratos y George Dyers y fue coordinado por Elena Álvarez Buylla de la UNAM; también participaron Alma Piñeyro y Hugo Perales, entre otros.

El estudio tomó cuatro años de colectas y análisis y muestra por primera vez contaminación transgénica en maíz de Veracruz, Yucatán y Guanajuato. A nivel nacional, 5 por ciento de las semillas muestreadas tuvieron presencia de transgenes. Regionalmente, el mayor porcentaje –13 por ciento– se mostró en el sureste, mientras que en el centro-occidente dio un promedio de 3 por ciento.

Los autores estiman que esta diferencia se debe a que en el sureste se usa mayoritariamente semilla campesina propia, que ocasionalmente es mezclada con semilla recibida o comprada en tiendas locales, a través de programas del gobierno. Por esta razón, la mayoría de los predios campesinos en esa área están libres de contaminación, pero muchos que aceptaron programas del gobierno, como Kilo por Kilo, se contaminaron directamente o por medio de vecinos que las mezclaron con sus propias semillas.

Un amplio muestreo que realizó la Red en Defensa del Maíz en 2003 y años posteriores, también mostró contaminación en semillas campesinas que están alejadas de campos comerciales, por lo que la Red alertó desde entonces que los campesinos debían ser mucho más cuidadosos en el tipo de semillas que aceptaban y solamente usar “semillas de las que se conoce su historia”. En un Foro de la Red en febrero 2009, se denunció que semillas provistas por el gobierno o compradas en tiendas locales con recursos del PROMAF (Programa de apoyo a la cadena productiva del maíz y el frijol) también estaban contaminadas.

En el occidente y norte del país es común el uso de semilla comercial. Allí el proceso de erosión de soberanía de semillas y la dependencia con semillas de empresas está mucho más avanzado: los agricultores están obligados a comprar semilla cada año ya que los híbridos sólo mantienen el rendimiento una sola estación. Pese a este cambio estacional, se detectó de todas formas contaminación transgénica. Ambos casos indican por tanto que las semillas híbridas de las empresas y las que utiliza el gobierno en sus programas están contaminadas con transgénicos.

Es un dato alarmante pero no sorprendente: la mayoría de las semillas comerciales de maíz provienen de Estados Unidos, y según mostró la Unión de Científicos Preocupados de ese país, la mayoría de las semillas híbridas (vendidas como no transgénicas) de maíz, algodón, soya y canola, están contaminadas con transgenes.

La UCCS denuncia que esto es una amenaza a las variedades de maíz en su centro de origen, y que si no se detienen las fuentes de contaminación transgénica, se coloca en riesgo permanente y fatal la integridad del grano, por acumulación de transgenes que pueden provocar deformaciones, falta de rendimiento y otros efectos que podrían ser aún peores con el aumento de siembras a campo abierto en Estados Unidos de maíces “biorreactores”, manipulados para expresar sustancias industriales no comestibles. A esto hay que sumar la contaminación por otras vías, como la contaminación intencional en Chihuahua y las plantaciones ilegales de maíz transgénico, que esparcen polen transgénico a través del viento, insectos, etcétera.

La UCCS reclama que se restablezca inmediatamente la moratoria contra la siembra de maíz transgénico, una demanda altamente relevante cuando el gobierno está considerado las solicitudes de liberación a campo de maíz transgénico de las trasnacionales Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow. Señala además, que el proceso de estudio mostró la enorme complejidad y dificultad para detectar la contaminación y alertan que las redes de monitoreo que el gobierno montó para ese fin, son mayoritariamente privadas y parcializadas ya que dependen de tecnologías patentadas y propiedad de las mismas empresas transnacionales que generan la contaminación.

La Red en Defensa del Maíz denunció a principios de este año que ese monitoreo digitado desde el gobierno, es una nueva forma de promover la eliminación de las semillas campesinas y entrometerse dentro de las comunidades, para culpabilizar a la víctimas, acelerar la eliminación de sus propias semillas y aumentar la dependencia con las trasnacionales. Así se completa el ciclo que iniciaron las empresas con ayuda del gobierno para apoderarse de las semillas, llave de toda la red alimentaria: sustitución de las semillas campesinas por programas y nuevas leyes restrictivas, contaminación por polen y semillas importadas, y ahora monitoreo “privado” –cuando todos los años anteriores no hicieron nada–, seguido de “limpieza étnica” de semillas, provocando mayor erosión de la diversidad de maíces campesinos.

Contra estos ataques, la Red en Defensa del Maíz exige parar la liberación del maíz transgénico, en una declaración apoyada por más de 800 organizaciones y miles de individuos de todo el mundo, y llama a todas las comunidades a seguir cuidando la diversidad de semillas nativas, base de la alimentación, de las culturas y las autonomías.

(Por Silvia Ribeiro*, La Jornada / Ecoportal, 06/07/2009)

*Investigadora del Grupo ETC