La organización Amnistía Internacional (AI) acusó al Congreso de Paraguay de poner “deliberadamente” en riesgo la vida de 90 familias indígenas al rechazar la expropiación de tierras ancestrales en favor de la comunidad Yakye Axa. “La decisión de la Comisión es simplemente inaceptable”, lamentó la investigadora de AI en América del Sur, Louise Finer, desde su sede en Londres. “Con cada uno de esos votos, cada congresista de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural está incumpliendo con la obligación internacional de defender los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo la especialista en derechos humanos.

Asimismo, consideró que la decisión de los funcionarios públicos responde a “la existencia de intereses económicos poderosos”, lo cual obstruye la protección de los derechos de los sectores más marginados de la sociedad paraguaya. Además, recordó que desde hace 10 años los pueblos indígenas viven “sin acceso a sus tierras, se les niega la posibilidad de mantener actividades tradicionales de autosuficiencia, como la caza, la pesca y la recogida de miel”.

El proyecto de ley sobre la expropiación de las tierras fue llevado al Congreso en 2008 por el presidente, Fernando Lugo, para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado paraguayo. “Ya ha pasado un año desde el vencimiento del plazo que la CIDH brindó al Estado para devolver las tierras y no se ha podido lograr ningún avance todavía”, finalizó Finer.

(Servindi, 29/06/2009)