El conflicto que estalló en Perú a principios de junio pone en evidencia una difícil relación entre las empresas multinacionales, el Estado y las comunidades nativas del Amazonas.

Las movilizaciones indígenas que culminaron con enfrentamientos violentos y la derogación de normas sobre la explotación de hidrocarburos en el Amazonas, constituyen el mayor desafío político al gobierno de Alan García desde que asumió en 2006. Pero más allá de la complejidad de los conflictos puntuales, algo de fondo condiciona todo lo demás: el choque de dos cosmovisiones muy distintas.

Para Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), los pueblos originarios tienen una manera de entender el mundo muy apegada a la tierra, al agua, a la biodiversidad de los territorios en los que llevan viviendo muchos siglos. Y esta forma de situarse en el mundo, inseparable de su modo de vida, es algo que no se comprende bien desde la cultura de las grandes ciudades y los países industrializados.

Crisis de representación
El gobierno peruano defiende la necesidad de inversiones para el desarrollo del país y de las zonas en cuestión, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Pero esta voluntad no siempre encuentra la forma de comunicarse con las comunidades indígenas, aunque desde el gobierno en Lima se insiste en que se respetan las instancias de consulta con los jefes comunales.

Para Roger Rumrrill, escritor especialista en la amazonía peruana, la rebelión indígena desnuda el enfrentamiento entre estos dos mundos. El analista afirma que no sólo el gobierno central está cuestionado por los indígenas, sino también los dirigentes regionales, funcionarios del Estado, que en muchos casos están sospechados de haberse enriquecido de forma ilícita con los cánones que reciben por la explotación petrolera. Según Rumrrill, el Estado, que debería controlar a las empresas trasnacionales, en la práctica es visto cómo un aliado de estas compañías, tan ajeno como ellas a las comunidades de la selva peruana.

El papel de las multinacionales
Para OMAL, organización creada para investigar el impacto de las empresas trasnacionales en América Latina, la expansión de estas compañías en los años 80 y 90 no ha tenido apenas contrapeso y no se ha preocupado por los efectos de su actividad en los pueblos originarios. Pero a partir de los reclamos de organizaciones indígenas y campesinos, más activos en los últimos años, las empresas han empezado a prestar atención a la forma en que se percibe su actividad, no sólo en los lugares donde operan, también en sus países de origen. “Las propias multinacionales han tenido que modificar no tanto sus prácticas, porque sus prácticas no han cambiado – siguen extrayendo petróleo en reservas de la biosfera, en zonas habitadas por indígenas sin consultar – pero lo que sí ha cambiado es la forma en que comunican eso a nivel social”, afirma Pedro Ramiro.

Así es cómo aparece el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, asociado a las buenas prácticas empresariales. Pero según OMAL, hasta ahora sólo implica códigos de conducta voluntarios de las empresas, que no tienen control regulatorio real, más que el que puedan imponer los estados Para ejemplificar esto, la organización destaca que la inversión media de las empresas españolas en América Latina en proyectos tendientes a reducir los impactos negativos de sus actividades se limita al 1,2% de sus beneficios.

Conflictos latentes
Para Roger Rumrrill el conflicto por la selva peruana no ha hecho más que empezar. El escritor peruano apunta que el reclamo de los indígenas se centra en devolver a la constitución vigente, establecida por el ex presidente Alberto Fujimori, las garantías de control sobre los territorios indígenas que habían sido reconocidas por primera vez en la ley 20654, de 1974. Pero Rumrrill alerta sobre lo que él considera una fuente de conflicto latente, y es la división en lotes concedidos para la exploración de hidrocarburos que ya afecta al 70 % del territorio amazónico peruano. Muchos de esos lotes se superponen con reservas naturales y áreas habitadas por comunidades originarias, y el problema surgirá, dice Rumrrill, cuando las empresas comiencen sus trabajos de explotación a mayor escala.

El presidente Alan García, cuya aprobación popular ha bajado hasta el 21 % a causa del conflicto, defiende la necesidad de atraer la inversión para estimular la economía. De la manera en que Estado, empresas y comunidades indígenas se comuniquen dependerá el futuro de una región que alberga a pueblos ancestrales y una gran biodiversidad.

(Por Natalia Pianzola, BBC Mundo, 25/06/2009)