La Corte Constitucional sudafricana rechazó la orden de pago de costos emitido contra la ONG Biowatch y a favor de Monsanto, y tomó una decisión sobre los gastos legales de las audiencias de la Corte Suprema a favor de Biowatch y en contra del Estado.

Biowatch es una pequeña organización no-gubernamental Sudafricana que lucha en nombre del interés público para la agricultura sostenible, la biodiversidad, la bioseguridad y los derechos de los agricultores. Viene oponiéndose desde hace años a la rápida expansión de cultivos de organismos geneticamente modificados (OGM) en la agricultura de Suráfrica. Argumenta que esta tecnología provoca riesgos para la salud y el medio ambiente y diminuye la seguridad y la soberanía alimentaria.

La decisión de la Corte Constitucional sudafricana fue la culminación de una batalla legal que duró nueve años. En 2000, el Estado se había negado varias veces a entregar a Biowatch informaciones oficiales que la organización había solicitado sobre el cultivo de organismos genéticamente modificados en Suráfrica. Biowatch se vio obligado a tomar medidas legales para hacer valer su derecho constitucional a esta información. La Corte Suprema reconoció el derecho de Biowatch de tener aceso a 8 de las 11 categorías de informaciones solicitadas. El juez de la corte, sin embargo, consideró que Monsanto - una empresa multinacional gigante que promueve cultivos de OGM en el mercado sudafricano - había sido obligada a participar en el caso y, por lo tanto, Biowatch debía pagar sus gastos jurídicos. Esta anomalía parecía ir en contra de la justicia, pero aún así, Biowatch perdió, en la misma corte, su apelación a la orden de pago de los gastos. También le fue negado el derecho de apelar en la Corte Suprema de Apelaciones en Bloemfontein. Cumplir la orden de pago no sólo habría debilitado, sino destruido a Biowatch como organización, algo que Monsanto parecía determinado a lograr.

Fue posible para la Corte Constitucional escuchar la apelación, debido a que había derechos constitucionales afectados por el caso. El Juez Sachs afirmó que la Corte Suprema “se había equivocado en el tema de los gastos” por no considerar las consecuencias constitucionales. Esto le permitió a la Corte Constitucional pronunciarse sobre asuntos de gastos decididos en la Corte Suprema en casos que tienen implicaciones constitucionales. Normalmente la Corte Suprema tiene discrecionalidad en asuntos relacionados con decisiones sobre gastos. El Juez Sachs dijo que “la decisión de la Corte Suprema fue claramente improcedente sobre los hechos y excesivamente desalentadora en relación a sus consecuencias a nível constitucional.”

El caso tiene importantes repercusiones para la justicia en Suráfrica. Significa que las organizaciones que actúan en nombre del interés público podrán utilizar acciones jurídicas para hacer valer sus derechos sin tener miedo de sufrir medidas que les perjudiquen, como la imposición de órdenes de pago de gastos. Esto ayuda también a restaurar la confianza pública en el sistema legal sudafricano.

El caso deja claro para los abogados, las abogadas y los jueces que los derechos constitucionales deben ser tomados en cuenta en la hora de emitir órdenes de pago. El caso de Biowatch ya está siendo discutido ampliamente en círculos legales. “Este veredicto representa una victoria para Biowatch, pero también sienta un precedente para todos los que promueven el interés público”, afirmó Rose Williams, la Directora de Biowatch. “Ahora las actividades de Biowatch pueden continuar sin tener el miedo de que Monsanto les ponga fin. Nos gustaría agradecer a los centenares de individuos y organizaciones que nos han apoyado durante el transcurso del caso, y al Centro de Recursos Legales quien nos representó de una forma muy competente.”

(OMAL, 23/06/2009)