Una de las principales denuncias recibidas por el relator especial de las Naciones Unidas para temas indígenas James Anaya es la desaparición de sesenta indígenas durante un operativo para despejar una carretera en Utcubamba, Bagua, el 5 de junio. La denuncia fue ratificada por Luis Núñez, alcalde de Bagua,  quién afirmó que esa es la cifra de indígenas que aún no han retornado a sus comunidades, según le informaron los apus (líderes) del pueblo awajún.

A la fecha las cifras oficiales son de 24 policías y 10 indígenas muertos, pero fuentes locales advirtieron que luego del operativo policial el lugar de los hechos fue acordonado y se impidió el recojo de las víctimas civiles. De igual modo, la fuerte presencia policial y militar y el toque de queda impuesto han creado un clima de temor y represalia que impide que  muchos testigos se atrevan a declarar.

El alcalde precisó que los apus hicieron un recuento de los comuneros retornados y comprobaron esas ausencias que podría deberse a que aún están ocultos para evitar ser detenidos pero también es probable que hayan muerto el 5 de junio. Por su lado, Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, planteó la necesidad de crear una Comisión de la Verdad con participación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad civil, para garantizar la imparcialidad de la investigación.

Ollanta cuestionó la creación de una comisión investigadora del Congreso que carece de confiabilidad por estar conformado por una mayoría oficialista y conservadora, y que tiene responsabilidad en los hechos por no haber atendido a tiempo las demandas indígenas. Humala dijo que luego de haberse anulado dos decretos legislativos de los nueve rechazados por los pueblos amazónicos es necesario detener la persecución a los líderes nativos. Ollanta pidió dejar sin efecto la persecución contra Alberto Pizango, Presidente de la organización amazónica AIDESEP, y que lo obligó a asilarse en Nicaragua.

Dieciocho indígenas awajún detenidos el 5 de junio fueron recluidos en un penal de máxima seguridad en la ciudad de Chachapoyas, acusados de matar policías durante el enfrentamiento. También un juzgado abrió un nuevo proceso por homicidio calificado contra Pizango y formuló una acusación similar contra varios dirigentes, entre ellos el líder awajun Santiago Manuin, herido con ocho balazos.

(Servindi, 19/06/2009)