La petrolera española Repsol, cuyo contrato fue renovado hasta 2018 en Ecuador, no ha recibido ninguna represalia por el desastre medioambiental que causó su último derrame de petróleo en pleno Parque Nacional Yasuní, ni por los obstáculos que pone al seguimiento de sus actividades, ni por la dependencia que crea en las comunidades indígenas cercanas a sus instalaciones. Repsol es un país dentro de otro país: el acceso a sus instalaciones está prohibido incluso para los comisarios medioambientales

Las recientes conversaciones entre Repsol y el gobierno de Ecuador sobre la firma de un nuevo contrato con la compañía hasta 2018 excluyen cualquier debate sobre las consecuencias socio-ambientales que la compañía petrolera ocasiona en la Amazonía. Concretamente, a finales del año pasado se produjo un derrame en la zona llamada “Bloque 16” –donde la producción diaria de Repsol es de 37.407 barriles– que afectó al entorno ecológico y a la comunidad indígena que colinda con las instalaciones. Este derrame se produjo en pleno Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO en 1989.

El acceso al campo petrolero para realizar el peritaje del derrame estuvo lleno de dificultades. Según cuenta Augusto Córdoba –jefe de calidad ambiental del Honorable Consejo de Orellana (Coca, Ecuador) y perito elegido para monitorear la zona– “no se sabe qué tipo de convenio hicieron [Repsol] con el gobierno para que no se pueda tener este tipo de acceso (...). Es algo muy oscuro”.

Inaccesibilidad a las instalaciones
Después de que fuera el Jefe de la comunidad waorani de Dicaro, cercana al campo petrolero, el que avisara a la oficina de medioambiente de Orellana del derrame y no Repsol, la compañía impuso una serie de exigencias para acceder a sus instalaciones. Entre ellas, la de un permiso que, como afirma Augusto Córdoba, “debe obtenerse con 30 días de antelación, había que pedirlo al Ministerio del Ambiente, a la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) y al superintendente de Repsol. Además, tenías que especificar por qué ibas, y lo más seguro es que nos denegaran el permiso. Repsol es como un país aparte dentro de nuestro país”.

Según Córdoba, la compañía ha llegado al extremo de intentar enjuiciar al gobierno municipal de Aguarico “por haber sobrevolado su espacio aéreo” con un monomotor para comprobar la magnitud del derrame. La excusa que arguye Repsol para explicar la inaccesibilidad a la zona de sus instalaciones y alrededores, es la de “evitar la colonización”. Sin embargo, “está bien que no dejen entrar a personas particulares cualquiera, pero si saben que somos de una institución pública, como el consejo provincial, ¿por qué tampoco nos dejan entrar? Ni cuando los dirigentes waorani nos invitan a entrar con ellos. ¿Qué intentan ocultar? Proteger la zona es un pretexto para evitar que se les vigile o que se les haga seguimiento de las cosas que hacen. ¿Es que no hacen las cosas bien, que tienen miedo de que entren personas a hacerles monitoreo?”, se pregunta Augusto Córdoba.

El acceso pudo ser posible después de que el dirigente de la comunidad de Dicaro pusiera una demanda y pidiera a la Defensoría del Pueblo que designara peritos. La Defensoría escogió para realizar el peritaje a Augusto Córdoba, quien entró junto al defensor de los waorani, el delegado del Ministerio del Ambiente, el defensor del pueblo, gente de la empresa de Repsol y algunos policías y militares.

Boicot a la investigación medioambiental
La comisión de investigación medioambiental salió del municipio de Coca a las siete y media de la mañana para que les diera tiempo a monitorear toda la zona. Las esperas comenzaron en la base de ingreso de Repsol, que se encuentra 60 km. alejada de las instalaciones, por lo que es imposible verlas sin entrar con el permiso.

En el trayecto hacia el campo petrolero, según cuenta Augusto Córdoba, “iban muy despacio, a unos 30 ó 40 km./h., de tal manera que llegáramos lo más tarde posible, porque sólo teníamos un día para realizar la inspección. Nos daba la impresión de que la intención era que llegásemos, miráramos y nos regresáramos. El Defensor del Pueblo siempre estaba intentado apurarles. Llegamos a la comunidad de Dicaro cerca del mediodía y sólo tuvimos 2 ó 3 horas para realizar la inspección de un área de 400 ha.”. El perito asegura que durante la inspección, que se hizo “a paso rápido”, se pudieron apreciar “restos de animales muertos, la altura a la que llegaba el petróleo, las condiciones en que había quedado la vegetación...”. Pero para determinar la fauna y la flora que estaban afectadas por el petróleo derramado “hubiéramos necesitado tres o cuatro días”.

Desastre ecológico y contradicciones de la empresa
Augusto Córdoba y su equipo contabilizaron cuatro hectáreas de terreno cubierto completamente de petróleo. El hidrocarburo estaba presente tanto en la vegetación, “que estaba completamente seca”; como en el agua de los ríos, en la que “había zonas en las que no hacía falta coger muestras de agua porque había una capa de 20 cm. de alto de hidrocarburo”. Cabe destacar que el Bloque 16 se encuentra en pleno Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO en 1989 con el objetivo de proteger diversas especies de animales y vegetales en peligro de extinción.

Este parque posee más biodiversidad que todo el territorio de Canadá y EE. UU. juntos; biodiversidad susceptible de cualquier alteración ecológica. El desastre ecológico que ocasionó el derrame no sólo se dio en esas cuatro ha. de terreno, sino que abarcó más entorno amazónico, ya que “los animales llegan a la fuente de agua para abastecerse, los pájaros se quedan atrapados en el petróleo... Al final se contaminan las tres cuencas que dan a parar a esa fuente de agua y termina afectada toda la microcuenca de la zona“, afirma el perito.

Además de tomar muestras de agua –de las que obtuvieron niveles de conductividad eléctricas “bastante altas”– la comisión de investigación recogió las opiniones de los habitantes de la zona para intentar esclarecer la fecha en la que ocurrió el derrame. Al respecto, Córdoba encontró varias contradicciones. “Ellos [Repsol] decían que el derrame había ocurrido en enero y nosotros hicimos la inspección el 27 de febrero. De enero a febrero era bastante con todo el petróleo ahí. Los waorani de la comunidad decían que el derrame se produjo a finales de noviembre y el petróleo estuvo todo diciembre saliendo sin que la empresa se diera cuenta.

Fue a finales de diciembre cuando se dieron cuenta del derrame, pero para entonces toda la vegetación de esa zona estaba totalmente quemada, no sólo por la temperatura a la que salían las aguas de formación, sino también por la concentración de sales que esto tiene y la filtración de hidrocarburos. Según pudimos observar, la ruptura de la tubería había sido por la parte de abajo, entonces comenzó a filtrarse, que es un proceso sumamente lento, y después salió a la superficie. Para la cantidad del derrame que fue, realmente no era cierto que ocurriese en enero, necesitó bastante tiempo para filtrarse y salir a la superficie”.

Las contradicciones en los datos temporales se unen a las que la comisión de investigación halló en la cantidad de barriles que contabilizó la empresa. Según Córdoba, Repsol “tiene la intención de minimizar las cosas”. La compañía dijo que había 400 barriles entre agua y petróleo. Sin embargo, “cuando nosotros fuimos a hacer la inspección, ya en febrero, dijeron que habían recogido más de 400 barriles de petróleo, sólo de petróleo. Si en febrero ellos ya habían recogido 400 barriles y todavía había capas de hasta 20 cm de espesor, eso significa que los datos iniciales eran erróneos o no vieron toda la magnitud, aunque es difícil, porque el derrame cruzaba la carretera de acceso por donde ellos circulan todos los días. Cruzaba y llegaba al otro extremo. Incluso llegaba al campamento donde tienen una captación de agua. Es imposible que no se dieran cuenta”.

Impactos en las comunidades indígenas
Las comunidades indígenas que habitan en los alrededores de las instalaciones de Repsol se vieron completamente afectadas por el derrame, ya que se abastecen con el agua de los ríos y de sus peces, que morían por la alta conductividad eléctrica del agua y su contaminación. La irresponsabilidad e indiferencia de la petrolera respecto a la salud de los indígenas de la zona se reflejó en las medidas tomadas para evitar las enfermedades que pueden contraer por beber agua contaminada. Según cuenta Augusto Córdoba, “la empresa se justificaba diciendo que daba agua entubada [a la comunidad], pero esa agua la cogían del mismo estero de donde había sido el derrame. En ese tipo de cosas hay una gran contradicción”. Además, “muchos waorani que han trabajado en la misma empresa confirman que no todas las aguas de formación son reinyectadas, sino que son lanzadas a los esteros”.

Por otra parte, la dependencia que Repsol ha creado en la comunidad de Dicaro, colindante a sus instalaciones, está provocando que los indígenas dejen de ser independientes. La compañía “no está creando proyectos para que la comunidad waorani sea autosustentable”, sino que “cuando piden algo lo da. Pero no desarrolla estrategias para que cuando la empresa no esté ellos puedan continuar adelante. La comunidad está dejando de practicar sus artes de cacería ancestrales o de recolección de frutas”, lo que merma su autonomía y fuerza para defender sus territorios. Además de estar envenenada, esta dependencia es además limitada, ya que la ayuda que presta la empresa está sujeta temporalmente a la duración de las reservas de crudo en el subsuelo.

(Por Anarmana, Soitu.es, 05/06/2009)