Coincidiendo con la manifestación contra ENCE en Pontevedra el 13 de junio, organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español se pronuncian sobre la venta de las operaciones del Grupo ENCE en Uruguay, denunciando los impactos sociales y ambientales que ENCE ha generado en los últimos 10 años en el país sudamericano.

El pasado 18 de mayo la papelera sueco-finlandesa Stora-Enso y la chilena Arauco anunciaron la compra de las acciones mayoritarias de las operaciones de la española ENCE en Uruguay por un valor de 253 millones de euros, los cuales incluyen una deuda de 33 millones de euros. La venta incluye la adquisición de 130.000 hectáreas de tierras y plantaciones, 6.000 hectáreas de tierras arrendadas, así como la totalidad de las sociedades uruguayas propiedad de ENCE: Eufores S.A., Celulosa, Energia Punta Pereira S.A. y Zona Franca Punta Pereira S.A. Con dicha venta, Arauco/StoraEnso se convertirán en la principal empresa forestal en Uruguay.

Ante esta noticia, organizaciones de la sociedad civil del Estado español expresan su creciente preocupación por la omisión en esta operación de los costes sociales y ambientales generados por ENCE en el país sudamericano desde hace 10 años. De hecho, una extensa red de organizaciones de Uruguay y el Estado español han denunciado contínua y públicamente tanto los impactos socioambientales que reflejan una total irresponsabilidad social corporativa demostrada por ENCE en su actuar en Uruguay, como los posibles daños que causaría el proyecto de nueva planta en Punta Pereira. Para dicho proyecto, la aseguradora pública española CESCE ha contemplado desde 2007 brindar apoyo, con fondos públicos. Véase por ejemplo la carta al gobierno español enviada por 89 organizaciones al respecto en abril de 2008.

Entre los principales impactos sociales y ambientales no reconocidos ni reparados por ENCE en Uruguay destacan:

-  Incremento del despoblamiento rural, incluyendo a familias productoras rurales que debieron vender sus campos al verse rodeados por las plantaciones de ENCE, al quedarse sin agua y sufrir el impacto de la proliferación de plagas (causadas por los monocultivos forestales) que afectaron sus producciones agropecuarias.

-  Aumento del desempleo y de la precariedad laboral, puesto que de los escasos puestos de trabajo generados en plantaciones de ENCE, la mayoría fueron subcontratadas con malas condiciones laborales.

-  Las condiciones de trabajo se han caracterizado por ser a destajo, con inseguridad laboral y bajas remuneraciones.

-  La disminución drástica de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, e incluso se han registrado casos de agotamiento total del recurso, por las plantaciones de ENCE.

-  Impactos sobre las producciones agropecuarias circundantes, tanto por el agotamiento del agua como por la aparición de plagas.

-  Aumento del latifundismo y la apropiación de la tierra por empresas extranjeras, ENCE poseía hasta ahora 160.000 hectáreas, de las que aún conserva 30.000, habiendo vendido el resto al consorcio formado por Arauco/StoraEnso que ahora cuenta con 250.000 ha. de tierra en Uruguay.

-  Incremento de las desigualdades económicas: ENCE recibió cuantiosos recursos económicos públicos a través de subsidios directos e indirectos, mientras la población rural ha empobrecido.

-  Deforestación y pérdida de biodiversidad, tala ilegal de monte nativo para la extensión de sus áreas plantadas con monocultivos de eucalipto.

El conjunto de daños señalados implican una Deuda Ecológica vigente, y no reconocida y asumida por parte de ENCE en Uruguay. Puesto que la empresa española mantiene la propiedad de 30.000 hectáreas de monocultivos de eucalipto en Uruguay, así como una planta de chipeado con astillero en Montevideo para suministrar la demanda de las plantas españolas como aquella de Huelva, dicha Deuda se sigue incrementando por lo que demandamos al Gobierno español actuar en consecuencia para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción, Verdegaia y el Observatorio de la Deuda en la Globalización se preguntan si los accionistas de Stora-Enso y de Arauco están dispuestos a asumir, conjuntamente con la adquisición anunciada, los pasivos socioambientales de ENCE en Uruguay. Se cuestiona asimismo, si ENCE reparará las comunidades afectadas por sus actividades empresariales, y si el Gobierno español pagará compensaciones al pueblo uruguayo por su co-responsabilidad ante los daños causados, al haber apoyado con dinero público estas actividades perjudiciales en repetidas ocasiones.

De acuerdo con las organizaciones civiles, la situación de crisis ecológica global actualmente generada por el sistema productivo y de consumo capitalista esencialmente desde los países del Norte, exige un alto grado de toma de conciencia y de responsabilidad, tanto por parte del sector privado como de los gobiernos y sociedades del Norte. La crisis se vincula con el hecho de que en los cálculos económicos como la transacción señalada entre las empresas papeleras, no se incluye el valor real de los daños socioambientales. Si este valor real fuera incluido, la rentabilidad sería negativa y se haría aún más evidente la necesidad de un cambio en el modelo productivo y de consumo actual.

En ocasión de la manifestación en Pontevedra contra la contaminación de ENCE en la Ría pontevedresa el 13 de junio, hacemos un llamamiento para un cambio del modelo de producción de papel, así como una reducción drástica de su consumo. Asimismo, demandamos a ENCE y al Gobierno español que reconozcan la Deuda Ecológica generada en Uruguay y que los daños causados no solo sean restituidos, sino que además, se detenga la generación de este tipo de daños.

(Ecologistas en Acción, Verdegaia e Observatorio de la Deuda en la Globalización / OMAL, 12/06/2009)