Los manifestantes fueron reprimidos en Lima, cuando se dirigían al Congreso.

Centenares de nativos y pobladores de las localidades selváticas de Yurimaguas y Pucallpa salieron a las calles para protestar por la insistencia del gobierno de Alan García en no derogar un conjunto de leyes, que según las comunidades nativas le arrebata la propiedad sobre sus tierras. En Lima, aproximadamente cinco mil manifestantes de los gremios sindicales, organizaciones de derechos humanos, estudiantes y ciudadanos de a pie, se sumaron a la protesta y sostuvieron enfrentamientos con la policía. Coreaban lemas por el cese de la violencia en la selva amazónica, pero también reclamaban a García que derogara las "leyes de la selva" que afecta a las comunidades indígenas, entre las más pobres del país.

En Bagua, en la zona norteña del territorio amazónico, donde el viernes se produjeron enfrentamientos entre la policía e indígenas Awajún que produjo la muerte de 24 efectivos y de una decena de pobladores, la gente no pudo salir a las calles porque el gobierno decretó el toque de queda desde de las diez de la mañana hasta las seis de hoy. Bagua amaneció como una ciudad fantasma. Pero los indígenas mantuvieron el control de varios tramos de la estratégica carretera que une Yurimaguas con Tarapoto, en la selva nororiental. Varios de los nativos fallecidos pertenecen a comunidades Awajún -la segunda en importancia en el Perú- de la provincia de Condorcanqui, donde la pobreza alcanza al 76,3% de la población.

Sin embargo, ni la protesta ni el lamentable saldo de muertos, ha cambiado la opinión del jefe de Estado, quien publicó en los periódicos un pronunciamiento en el que acusa a otros de manipular a los indígenas, como si estos no tuvieran capacidad propia de protestar. "Políticos que predican fórmulas extremistas han logrado usar a los pobladores de las selvas y las etnias amazónicas", arguyó García: "Esta es una agresión cuidadosamente preparada contra el Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa".

Las autoridades enrejaron la plaza de Armas para impedir que los manifestantes tuvieran acceso a Palacio de Gobierno y centenares de policías fueron desplegados en los principales accesos. Cuando la marcha se dirigió hasta el Congreso, contingentes policiales bloquearon el ingreso y se desataron los choques. La fuerza pública usó gases lacrimógenos y varazos. En el sur del país, Puno, Arequipa y Tacna, varios gremios bloquearon carreteras y expresaron su respaldo a las comunidades indígenas que luchan por la derogatoria de las "leyes de la selva".

En un intento por desactivar la crisis generada por el rechazo a las "leyes de la selva", la bancada parlamentaria oficialista, con el respaldo de la representación fujimorista, aprobó en la noche del miércoles la suspensión indefinida de las cuestionadas normas. En protesta por negarse a la derogatoria de las leyes, los diputados de la oposición se declararon ayer por la mañana en pie de lucha hasta que no se anularan las normas.

El oficialismo respondió sancionando con 120 días de suspensión y sin goce de haber a siete congresistas del Partido Nacionalista, de Ollanta Humala. Estos contestaron que continuarían en vigilia hasta que el Ejecutivo se rectifique. Mientras el país era sacudido por las manifestaciones, en Palacio de Gobierno el presidente García juramentaba a la ministra Nidia Vílchez, quien reemplaza a Carmen Vildoso, quien renunció a la cartera del Ministerio de la Mujer, argumentando que estaba en desacuerdo cómo García afrontaba la crisis por las "leyes de la selva". Los gremios que apoyan la causa de los indígenas anuncian un paro nacional contra el gobierno para el ocho de julio. Ese día los guerreros awajún volverán a salir.

(Clarin, 12/06/2009)