El presidente peruano tenía varios antecedentes de represiones sangrientas, en su presidencia anterior. Ahora lo volvió a hacer, para aplicar decretos necesarios al cumplimiento del TLC con EEUU

El 5 de junio se conmemora internacionalmente el día del Medio Ambiente. Ese era uno de los motivos de la defensa de 64 comunidades aborígenes de la Amazonia peruana para persistir en un paro indígena sostenido por más de 50 días. Unos 4.000 huelguistas persistían en el corte de la carretera "Fernando Belaúnde Terry" en el sector denominado Curva del Diablo, cerca de la localidad de Bagua, entre la provincia del mismo nombre y la de Utcubamba. Cuestionaban a Alan García, que persistía en mantener diez decretos legislativos para abrir esa zona a la explotación petrolera, gasífera, minera y de explotación forestal, sin haber consultado a esas comunidades.

La consulta no sólo era una necesidad política inexcusable sino también un requisito constitucional y del acuerdo 169 firmado en la OIT. García, apremiado por necesidades políticas y económicas, urgido por la crisis internacional de la que quiera escapar con inversión extranjera, etc, decidió que esos requisitos legales podían ser obviados.

El mandatario no tenía un punto de vista improvisado. Hace dos años, en columnas de opinión publicadas en el diario El Comercio, había sostenido: "el primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".

Munido de ese pensamiento tan poco conservacionista y ecológico, y apostando a atraer capitales foráneos, García no prestó oídos a las demandas de las comunidades expresadas por su líder Alberto Pizango, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Ni siquiera tuvo en cuenta que en mayo pasado la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064, invocando que atenta contra los derechos constitucionales de propiedad de la tierra de los pueblos originarios.

Aunque con antecedentes de bravas defensas de la Amazonia en tiempo de los chachapoyas, que pusieron coto a las invasiones de los incas, y de los jíbaros, que se enfrentaron con los invasores españoles que buscaban oro, esos pueblos no le hicieron la guerra al gobierno. Durante varios meses mandaron a Pizango y otros negociadores a buscar una solución pacífica. Se hartaron el 9 de abril e iniciaron el paro regional y cortes de rutas. Y se indignaron en mayo y junio, cuando el Congreso a instancias del APRA oficialista postergó tres sesiones pese a haberse comprometido a tratar la inconstitucionalidad de los polémicos decretos. Allí sí se pusieron cabreros y mucho más cuando los casi 700 efectivos de la fuerza policial de elite, la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales), llegó el 5 de junio a la Curva del Diablo a balearlos con fusil y desde helicópteros como a demonios.

Lo culpan a Evo
El saldo de los enfrentamientos no está preciso pero es claro que murieron decenas de personas, treinta según el gobierno y muchas más según los pobladores de Bagua. A la dificultad habitual para precisar la cantidad de bajas del lado popular, por huídas, temor a represalias por dar la información, etc, se sumaron factores extras. Se ha denunciado que la Diroes y el Ejército han arrojado cadáveres al río Marañón y que han quemado otros en la Base Militar "El Milagro". Los muertos civiles lo fueron por balas de fusil disparadas por los efectivos, desde helicópteros artillados, por francotiradores policiales y militares instalados en techos de edificios, etc.

Al principio se dio por muerto a Santiago Mauin Valera, de la etnia aguaruna, presidente del Comité de Lucha de la provincia de Condorcanqui. Luego se informó que está internado muy grave en un hospital, con varias heridas de bala. Hace un tiempo había recibido una distinción de España por su defensa de la naturaleza y la biodiversidad, pero la munición de las tropas perforó esas condecoraciones.

Cuando fueron agredidos en forma tan criminal, los indios no se quedaron rezando a sus dioses. O lo hicieron, pero a continuación sacaron a relucir su experiencia destilada en siglos de combate en la selva. Al principio usaron sus arcos y lanzas y luego las armas arrebatadas a los policías y militares. Otros efectivos murieron arrojados al vacío y a los ríos. La cuestión es que el presidente y sus ministros rindieron homenaje a 22 miembros de las fuerzas de seguridad que fallecieron en la refriega.

Esa circunstancia quiso ser presentada por el gobierno como prueba de la irracionalidad y primitivismo de las comunidades, y también de una supuesta relación con los remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso. De esta acusación no pudo presentar ni una prueba. García utilizó los funerales de esos efectivos para denunciar una presunta infiltración extranjera en este conflicto. El tiro por elevación, sin fundamentos, apuntó al presidente de Bolivia. Al echarle la culpa no hizo más que recordar que allí los indígenas están mucho mejor que en Perú. Con Evo Morales tienen efectiva protección de sus derechos, con rango constitucional, y participan del poder político.

García contra las cuerdas
El enfrentamiento original en la Amazonia tenía dos contrincantes. En un rincón el gobierno aprista, cuya secretaria de Comercio Exterior había confesado que los diez decretos legislativos eran necesarios para poder implementar el Tratado de Libre Comercio con Washington. Queda claro que esos tratados, continuidad del fracasado ALCA, empobrecen a las naciones que los firman y también hacen correr abundante sangre.

En el rincón opuesto, las comunidades aborígenes que, con buena pluma, puntualizaron su postura: "para nosotros los pueblos Awajun Wampis, el bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro buen vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen es nuestro sentido y cosmovisión como pueblo indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua".

Luego de producidas las muertes, con el previo establecimiento del Estado de Emergencia militar desde el 8 de mayo y ampliado tras la masacre, numerosas organizaciones sindicales y políticas salieron a dar apoyo a los originarios. Así se formó el "Frente Nacional por la Vida y la Soberanía", que integran La Aidesep, CGTP, CUT Perú, Conacami, CAOI, Ufrep, CCP, CNA, Coordinadora Política y Social, Conafrep, SUTEP, Sitentel, FEP, UNCA, Conqa, Conaem, Rondas Campesinas, Movimiento Cumbre de los Pueblos y partidos políticos de izquierda y el Nacionalista de Ollanta Humala. Este espectro ha convocado para el 11 de junio a una marcha al Palacio de Gobierno de Lima y a una concentración en la Plaza Dos de Mayo, como parte de una jornada nacional de repudio.

Este frente reclama las renuncias del presidente, el jefe de ministros, Yehude Simon; la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, los principales responsables de la represión. Lejos de una autocrítica, éstos se vanagloriaron de haber reestablecido el orden en Bagua. Insistieron en que "400.000 indios no pueden decidir en la Amazonia por 24 millones de peruanos".

El gobierno no está defendiendo a millones de peruanos sino a unas pocas multinacionales con capitales de millones de dólares. En aras de esos intereses el jefe de Estado preparó la masacre, como en su mandato anterior ordenó al Ejército asesinar a 300 presos políticos senderistas en las prisiones de Lurigancho y El Frontón, y a numerosos indígenas en Cayara y Chumbivilcas.

García lo hizo de nuevo. ¿Podrá volver a hacerlo o esta vez los amazónicos awajún, wampis, shawis, chayawita, candoshi, cocama-cocamilla y shibilo le pondrán fin a su carrera política socialdemócrata-neoliberal?

(Por Emilio Marín, La Arena / Argenpress, 09/06/2009)