El Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU concluyó el viernes (29/05) su octavo período de sesiones con una reafirmación de los derechos de los pueblos autóctonos a ser consultados sobre cualquier proyecto de explotación que afecte a sus territorios. Los más de 2.000 representantes de pueblos y comunidades indígenas que asistieron a las dos semanas de sesiones respaldaron la declaración final, en la que se recomienda la adopción de medidas para protegerlos de quienes se quieren aprovechar de sus recursos.

“Se debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de iniciar inversiones en proyectos que afecten sus tierras, territorios y recursos”, afirma el preámbulo del documento. En el mismo se recomienda a los Gobiernos que hagan cumplir a las compañías trasnacionales las legislaciones nacionales e internacionales relevantes a estos casos, así como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General de la ONU.

En ese sentido, se insta a los países que han otorgado licencias, permisos o concesiones a trasnacionales, sin el correspondiente beneplácito de las poblaciones indígenas, a renegociar los contratos de explotación y satisfacer las demandas de las comunidades afectadas. El documento también reconoce que hay una mayor voluntad por parte de algunas empresas extractoras a consultar a los pueblos indígenas, al tiempo que celebra las acciones de algunos Gobiernos para desarrollar fuentes de energía alternativas y proteger el medio ambiente.

En particular cita el proyecto Yasuni-ITT del Gobierno ecuatoriano, que propone dejar bajo tierra 960 millones de barriles de crudo pesado de ese yacimiento ubicado en la región amazónica, a cambio de una compensación internacional por los ingresos que el Estado dejará de percibir. “Hay un gran sentimiento de preocupación entre los pueblos indígenas del mundo en cuanto a la falta de consultas por parte de los Estados en esta materia”, dijo a Efe la vicepresidenta del Foro Indígena, la boliviana Elisa Canqui Mollo.

La activista recordó que los Estados, pese a que la declaración de los derechos indígenas no es vinculante, tienen la obligación moral de hacer cumplir ese instrumento, que fue respaldado por prácticamente todos los 192 países miembros de Naciones Unidas. En ese sentido, habló de la disputa que mantienen las comunidades indígenas de la región amazónica de Perú contra la política de explotación de recursos naturales del Gobierno del país.

Los indígenas piden la derogación de varios decretos, entre ellos el de la ley Forestal y de Fauna Silvestre, declarado esta semana inconstitucional por la Comisión Constitucional del Congreso, por considerar que atentan contra su derecho a decidir sobre sus territorios y alientan a la deforestación de la Amazonía.

Canqui Mollo dejó claro que la declaración aprobada por el Foro Indígena de la ONU no hace una referencia explícita a ningún país, al tiempo que resaltó que casos como el de la región amazónica peruana se producen en otras naciones.

(EFE / Servindi, 01/06/2009)