El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas debatió ayer el tema de la crisis financiera y sus impactos en la situación de los pueblos indígenas. En el debate un representante del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) manifestó su preocupación porque los países no coordinan suficientemente su respuesta a la crisis financiera en acciones conjuntas a favor de los países en desarrollo y priorizan el mantenimiento de la estabilidad financiera.
Hizo referencia a los principales debates en la ONU y los resultados de una comisión de expertos encabezada por Joseph Stiglitz, quién formuló recomendaciones a la Asamblea General de la ONU para apoyar a los países en desarrollo para superar esta crisis, dado que serán los más afectados por la misma. En ellas se advierte que un resultado de la crisis serán las luchas intensas por el acceso a los recursos naturales, tendencia preocupante en el contexto de la crisis por el cambio climático.
Victoria Tauli-Corpuz, de Filipinas, Presidente del Foro Permanente, señaló que el mundo está enfrentando un periodo de mayores desigualdades. “Los objetivos sociales están siendo totalmente desligados de las políticas económicas y se observa una separación de la economía de la sociedad y de las políticas democráticas” afirmó. “Se teme un mayor crecimiento del sector informal y un mayor poder estructural e instrumental de las instituciones financieras y de las corporaciones transnacionales” advirtió Tauli-Corpuz. “Cada vez queda más claro que es necesario contar con una mayor regulación del Estado, de tal manera que los pueblos puedan influenciar las políticas económicas” sugirió. Asimismo, destacó la necesidad de abordar el desarrollo tomando en cuenta los ecosistemas en forma integral.
Impactos previsibles
Las diversas intervenciones sostuvieron que la crisis financiera internacional incrementará la pobreza de los pueblos indígenas debido a que aumentarán las amenazas a la pérdida de sus tierras y hogares debido a las actividades extractivas que repercutirán en la destrucción del ambiente y recursos naturales. Ello conllevará mayor inseguridad económica y alimentaria, y una disminución del acceso a los servicios de salud, educación y empleo, debido a los menores gastos sociales públicos.
Los programas para enfrentar la crisis se orientan a la construcción de enormes obras de infraestructura con mucho dinero para emplear persona pero esto alienta el desplazamiento forzado de muchos pueblos indígenas, sin su consulta ni consentimiento. Los estados han previsto construir oleoductos, gaseoductos, hidroeléctricas y carreteras hacia áreas con recursos naturales en territorios indígenas lo que incrementará la destrucción de bosques y recursos naturales.
El Banco Mundial tiene previsto triplicar el crédito para obras de infraestructura, de 15 a 45 mil millones de dólares americanos. Se teme que para distribuir este dinero el Banco Mundial va a flexibilizar las condiciones de acceso al crédito, especialmente los mecanismos de protección del medio ambiente y las políticas para los pueblos indígenas, para acelerar la recuperación económica.
Se informó asimismo que el gobierno de Canadá construirá carreteras en áreas de recursos naturales y que incrementará sus fondos públicos para obras de infraestructura a 33 mil millones de dólares canadienses pero recortando las reglas y condiciones y sin estudios de impacto social y ambiental. Se anunció la inversión adicional de 115 millones de dólares canadienses para construir la carretera 97 hacia Manitoba en British Columbia para explotar más gas y petroleo, lo que afectará tierras agrícolas. Otra gran inversión anunciada se refiere al Oleoducto Mackenzie Valley Pipeline, por un monto de 16,2 mil millones de dólares canadienses. Las megaobras indicadas afectarán de manera directa y negativa a los pueblos indígenas de Canadá, sin que el gobierno haya previsto cómo enfrentar los impactos.
Los participantes en el Foro Permanente coincidieron en que las amenazas tienen que ser enfrentadas con mayor énfasis mediante enfoques de desarrollo enmarcados en los derechos de los pueblos indígenas. Además, es fundamental exigir que los pueblos indígenas participen en la planificación que los estados adopten para enfrentar la crisis económica actual.
(Servindi, 28/05/2009)