A pesar de que en el país, más del 70% del ecosistema está destruido y los derechos de las poblaciones de pescadores y recolectores artesanales han sido violentados, el gobierno de la Revolución Ciudadana arremete con un nuevo proyecto de extracción de gas en la Isla Puná.

Vanas han sido las demandas de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador, presentadas ante funcionarios del gobierno, incluso ante el mismo Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, de recuperar y conservar el ecosistema manglar, pues éste es el hábitat de miles de especies que sostienen la economía y la soberanía alimentaría de más de un millón de personas en la faja costera ecuatoriana, siendo, además, una barrera protectora frente a fenómenos naturales.

“Hoy, no solamente que se está premiando a la acuacultura industrial del camarón, con el Decreto Ejecutivo 1391 de “regularización” de piscinas camaroneras que, en la práctica entrega, a empresarios privados, áreas ilegalmente ocupadas para dedicarlas a la cría y cultivo de camarón tropical, destinado a la exportación, en desmedro de la calidad de vida de las poblaciones locales, sino que, en nombre del desarrollo se arremete contra los ecosistemas y la integridad de las personas que saben que de ellos depende su vida”, explica Líder Góngora Farías, presidente de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador, C-CONDEM.

La acuacultura industrial del camarón se ha desarrollado en el país, usurpando el ecosistema manglar, que está protegido por la legislación ecuatoriana como Bien Nacional de Uso Público, Patrimonio Forestal del Estado y Ecosistema Frágil. Por más de 4 décadas esta industria ha destruido y contaminado el ecosistema, desplazando de su territorio a las poblaciones que ancestralmente se han vinculado a él, volviéndolas vulnerables por los procesos de empobrecimiento a los que se las ha sometido y por la pérdida de la calidad ambiental en estas zonas.

No existe una visión de largo plazo para la vida de las poblaciones locales. Tampoco existe una visión de otra forma de desarrollo que garantice el patrimonio natural y la vida de los seres humanos en el planeta. Asistimos a una profundización del modelo de desarrollo extractivista, que históricamente ha significado pobreza para las poblaciones que son afectadas por estos proyectos.

“No es posible pensar que una escuela soluciona el problema de la pobreza, cuando los niños y niñas tienen que vivir en ambientes contaminados, con ríos cuyas aguas no son aptas para consumirlas, cuando nuestros alimentos producidos por campesinos y campesinas escasean y se nos somete al consumo de productos agroindustriales. Tal vez si es necesario construir más puestos de salud y más hospitales porque con toda la destrucción y contaminación que rompe el equilibrio social y ambiental seremos cada vez más los usuarios”, expresa una pobladora de la zona del nor-occidente de la provincia de Pichicha, donde la explotación minera amenaza la vida.

Nos solidarizamos totalmente con los pueblos de pescadores y recolectores artesanales de la Isla Puná de la provincia de Guayas que defienden su vida, que sabe que este modelo de desarrollo solo nos condena a más pobreza y desplazamiento, que al destruir un territorio se está destruyendo la cultura, la posibilidad de que sus futuras generaciones tengan una vida digna.

Hacemos un llamado a los movimientos sociales, a los estudiantes, a los colectivos de mujeres, a las organizaciones ambientalistas, a los pueblos organizados que resisten a la destrucción y defienden su patrimonio natural, a los periodistas y líderes de opinión, a las autoridades que bajo el discurso ambiental hoy ocupan un cargo en el gobierno a pronunciarse a favor de nuestros hermanos y hermanas que defienden la vida, hoy en la Isla Puná. Es tiempo de hablar, basta del silencio cómplice.

(C-CONDEM / Biodiversidadla, 27/05/2009)