Desoyendo la solicitud de instituciones públicas y de movimientos sociales del Paraguay, la Cámara de Senadores aprobó hoy la polémica Ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola. Esta ley es criticada principalmente por priorizar el interés económico sobre derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional, al flexibilizar y disminuir la normativa vigente que protege la salud y el ambiente del uso de agrotóxicos. La sesión fue seguida paso a paso frente al Congreso Nacional, por organizaciones campesinas, pueblos indígenas y ONGs quienes manifestaron su repudio a los responsables de la ley.

Según las grandes organizaciones campesinas como la MCNOC, la FNC y CONAMURI, esta ley da luz verde a los agroexportadores para envenenar al país, sus aguas, y matar campesinos. Por ello la misma ha sido bautizada como la Ley de la Muerte. Una enorme pancarta con el rostro de cada uno de los senadores que votó a favor de la intoxicación del Paraguay fue expuesta en la manifestación que organizaciones sociales y de ONGs, entre ellas SOBREVIVENCIA-Amigos de la Tierra Paraguay, realizaron frente al congreso. Los manifestantes pedían a voces evitar que se repitan casos como el de Silvino Talavera, niño fallecido tras ser rociado en un sendero colindante con un gran sojal en la comunidad campesina de Pirapey en el año 2003. Su propia madre, Petrona Villasboa de CONAMURI, portó una enorme fotografía de Silvino durante todo el acto de rechazo a la ley.

Presentado y aprobado en un inusual procedimiento relámpago en la Cámara de Diputados, en tan solo 16 días a finales del 2008, el proyecto que hoy aprobó el Senado dispone que la única autoridad de aplicación, registro y control de agrotóxicos será el SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), eliminando toda participación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la SEAM (Secretaría del Ambiente).

De hecho la SEAM remitió el pasado 19 de mayo al Presidente de la Cámara de Senadores, Enrique González Quintana, una misiva que tenía por objeto el rechazo de esta ley, entre otras cosas por interrumpir un proceso altamente participativo para la elaboración de una nueva propuesta de regulación del uso de plaguicidas, fertilizantes y afines que estaba siendo impulsado por varias instancias públicas como la misma SEAM, el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), la SENAVE, además de representantes de organizaciones no gubernamentales. La carta señalaba además varias de las irregularidades o vacíos en que incurría esta ley, como la falta de fiscalización y control de las pulverizaciones aéreas y terrestres, la no contemplación de la franja de protección para plaguicidas de Clase III y IV, y la ausencia de disposiciones que permitan el acceso público al registro de productos.

Uno de los argumentos esgrimidos por los senadores durante el tratamiento del proyecto es que esta ley es solo una compilación de la legislación actualmente vigente, lo cual es una aseveración que desconoce los retrocesos sustanciales que plantea la nueva normativa. Uno de ellos es la disminución de la franja de protección de cursos de agua a 50 mts. en algunos casos, cuando que desde hace 23 años la franja de bosque protector es de 100 mts. La ley aprobada a su vez permite aplicar plaguicidas donde hasta ahora estaba prohibido, a 100 mts. de asentamientos humanos. Esto legalizará el uso de agrotóxicos hasta las puertas de las escuelas rurales.

Las estrategias para hacer frente a esta nueva disposición apuntan a que la misma sea vetada por el presidente Fernando Lugo, que en setiembre pasado, en el que fue su primer discurso ante las Naciones Unidas como Presidente del Paraguay, se refirió a que “es terrorismo cuando los niños mueren a causa de los agrotóxicos”.

(Sobrevivencia / Biodiversidadla, 26/05/2009)