En un hecho inédito, el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) solicitó al ministro Lino Barañao la urgente creación de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los riegos del glifosato, químico indispensable del modelo de agronegocios actual. También pidió que los especialistas a convocar no tengan vinculación (ni pasada ni presente) académica ni económica con empresas del sector, insta que se abstengan investigadores en representación de institutos u organismos del Estado y abre el juego a especialistas de sociología rural, ecología y ciencias ambientales. Las comunidades afectadas por las fumigaciones, de una decena de provincias, se mostraron escépticas hasta tanto no se sepa quiénes integrarán la comisión. La recomendación del Cecte se produjeron luego de analizar la investigación del prestigioso especialista en embriología Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.

Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, confirmó hace un mes –mediante ensayos de laboratorio–, el efecto devastador del glifosato en embriones, aún en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de una campaña de desprestigio, sufrió amenazas e intimidaciones, y presiones de funcionarios nacionales.

A partir de la difusión, el ministro de Ciencia Barañao “sugirió” –según sus propias palabras a este redactor– al Comité de Ética (Cecte) que evalúe el accionar de Carrasco, sus declaraciones a la prensa (del 3 de mayo último) y su investigación. Y aportó bibliografía a tenerse en cuenta. Barañao, con público pasado por empresas de biotecnología, nunca en sus dos años como titular del área había sugerido un hecho similar. “Lo hice por inquietud de algunos investigadores”, explicó. Desde el ámbito científico cercano a Carrasco fue interpretado como un avance sobre la libertad académica y de investigación.

El 4 de mayo se reunió el Cecte y no llegó a una conclusión. Según reconoció a este redactor un integrante del Comité (que pidió no citar su nombre), se expedirían el 8 de junio, en su próxima reunión. Pero, sorpresivamente, ayer por la mañana se conoció la definición. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media. Insta al Ministerio de Ciencia a conformar de manera “urgente una comisión de especialistas”, interdisciplinaria, y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas.

“Se trata de un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”, advierte el Cecte. En un estilo medido y aparentemente neutro, argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”. El párrafo mereció una primera crítica: “Pareciera querer contraponer ‘simples denuncias’ contra ‘estudios científicos’.

“Olvidan que también hay muchas investigaciones científicas que avalan las denuncias contra los agrotóxicos, y citan numerosos estudios beneficiosos a los intereses de las empresas. Recordemos que el problema no es sólo un químico, sino el modelo de agronegocios”, advirtieron desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).

Mediante una carta pública difundida esta semana, más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos denunciaron el accionar de empresas en universidades y ámbitos públicos de investigación.

El texto, llamado “Voces de Alerta”, también apunta contra la corporación científica, los medios de comunicación y la dirigencia política. A pesar de los prestigiosos firmantes, el ministro Barañao lo descalificó. “Es un cuestionamiento general, poco serio, que carece de sustento y hasta reviste gravedad institucional”, denunció el Ministro ante este redactor, y retrucó: “Si tienen casos concretos, que los denuncien, que vengan y me lo digan, estoy abierto a discutirlo”.

Consultados sobre la acción del Comité de Ética, numerosas firmas del documento “Voces de Alerta” tomaron distancia. “¿Por qué el Comité de Ética desconoce el principio precautorio, base del derecho ambiental, y pide un estudio interdisciplinario sobre los efectos post del glifosato, es decir, se ubica en el lugar de aquellos funcionarios que desconocieron tal principio al autorizar el agroquímico en la década del ’90. El Cecte debiera plantearse este hecho”, afirmaron desde el colectivo. En cuanto al llamado a crear una “comisión de especialistas”, preguntan y redoblan la polémica: “Frente a los nexos de financiación generalizados de corporaciones económicas y organismos de créditos internacionales en todo el sistema científico, ¿es posible armar un espacio con autonomía y libertad de conciencia?”. La respuesta, por sí o por no, se sabrá cuando se develen los integrantes de la comisión.

(Por Darío Aranda, Página 12 / Bahianoticias.com, 13/05/2009)