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glifosato contaminação com agrotóxicos política ambiental argentina
2009-05-15

Niños en bicicletas se mezclan con camiones de granos en las tranquilas calles de Pérez Millán, un pueblito de la pampa argentina donde las actividades cotidianas se funden con la vida agraria. Pero la misma actividad agropecuaria que da vida al pueblo, situado unos 200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, podría estar dañando la salud de algunos de sus 4.000 habitantes.

Argentina es uno de los mayores productores agrícolas del mundo, pero el uso desmedido de agroquímicos ha impulsado en los últimos años denuncias e investigaciones que alegan un crecimiento inusual de casos de cáncer y malformaciones en muchas poblaciones rurales. Un grupo ambiental despertó polémica en abril al pedir a la justicia la veda del glifosato, el poderoso herbicida que explica el boom de la agricultura local en la última década. "Lo único que buscamos es la defensa de las personas, de la salud y del ambiente, que entendemos que está contaminado (...) Sobre todo en la forma en que se hace (la aspersión) en este país, muy cercana a los poblados", dijo Mariano Aguilar, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

El glifosato es el herbicida aplicado en los campos con soja transgénica, una combinación que desde 1996 permitió un aumento vertiginoso en la producción del cultivo, que se convirtió en el mayor grano de exportación y actualmente ocupa 17 millones de hectáreas, más de la mitad del área agrícola. En su demanda, la Asociación solicitó a la Corte Suprema de Justicia -que no tiene una fecha límite para emitir un fallo- que suspenda la venta y aplicación de glifosato y del pesticida endosulfán hasta que se compruebe su nivel de toxicidad. De prosperar el pedido, el sector podría sufrir una crisis que también afectaría al Estado, un gran beneficiario de la producción agraria a través de los pesados impuestos con los que tasa a los granos.

Pero las empresas proveedoras de agroquímicos niegan las acusaciones. "El glifosato es un producto que se está usando hace más de 30 años en más de 100 países del mundo. Cuando (los productos) se utilizan debidamente no producen efectos nocivos", aseguró Guillermo Cal, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

Daños a la salud
La fumigación con agroquímicos cerca de los centros urbanos está prohibida en muchos distritos por normas locales, pero los productores rurales muchas veces no respetan los límites y tampoco existe una legislación nacional clara al respecto. En Pérez Millán, los acopios de granos y los depósitos de agroquímicos se intercalan con las viviendas, mientras que los sembradíos llegan a escasos metros de la población.

Según un estudio realizado en seis pueblos rurales por el médico Alejandro Oliva, del Hospital Italiano de Rosario, el 39,7 por ciento de los hogares encuestados de Pérez Millán tiene algún miembro con cáncer. Para algunos tipos de cáncer, la incidencia es tres veces mayor que las estimaciones nacionales, de acuerdo a los datos. Oliva aclaró que entre otros factores de riesgo están los herbicidas, pero que el mayor problema no es el glifosato, sino los detergentes que se le agregan para aumentar su eficacia.

En los suburbios de Córdoba -en el centro agrícola-, la Justicia prohibió hace pocos meses la fumigación en los lindes del barrio de Ituzaingó Anexo, tras denuncias de daños a la salud por factores ambientales, entre ellos los herbicidas. "Cruzando la calle ya teníamos la soja y el avión, cuando tenía que bajar, como tenía que fumigar esa parte, tiraba el líquido a la gente y a la soja. Sentíamos el líquido", dijo Hilda Sofía Gatica, que vive hace 20 años en Ituzaingó Anexo.

Otra mujer, Susana, de 37 años contó que tuvo 14 pérdidas de embarazos. "La nena mía nació con un tratamiento y ella ahora tiene una malformación en el corazón", dijo. Argentina es el mayor proveedor mundial de aceite y harina de soja y en sus tierras se usan -según estimaciones- casi 200 millones de litros de glifosato al año, vendidos principalmente por la estadounidense Monsanto (MON.N: Cotización) y la local Atanor, controlada por capitales del país norteamericano.

Estudio
El pedido de amparo a la Justicia se basó parcialmente en un nuevo estudio -todavía en estado preliminar- que acusa al agroquímico de provocar daños severos en embriones. "Se han inyectado cantidades minúsculas de glifosato por embrión. Y nos llevamos la sorpresa de que esa cantidad de glifosato producía lesiones muy específicas en el embrión", explicó a Reuters Andrés Carrasco, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). "Lo más notable es que los huesos del cráneo y los cartílagos se ven alterados", añadió el médico embriólogo, que para sus experimentos -aún no concluidos- utilizó embriones de anfibios, muy similares a los del hombre.

El estudio, que generó revuelo en la agroindustria, contradice a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera al glifosato un herbicida de escaso riesgo para la salud y al endosulfán como un agroquímico de peligro moderado. Algunos dirigentes agrarios acusaron al Gobierno, con el que sostienen una fuerte disputa desde el 2008 por un impuesto a la exportación de granos, de buscar desprestigiar al sector rural con la investigación.

Pero el estudio generó divisiones dentro del mismo Gobierno. Mientras que el Ministerio de Defensa, que posee tierras agrícolas, ordenó suspender la siembra de soja modificada genéticamente en sus campos; la cartera de Ciencia y Tecnología defendió al glifosato. En caso de suspenderse el uso de glifosato, los expertos consideran que la soja sufriría fuertes mermas en los rindes. "Sin glifosato hay que poner un herbicida preemergente, otro que es un posemergente y después un tercer herbicida. En lugar de tirar un producto, tiramos tres, en vez de un gasto, hacemos tres, y es más contaminante", dijo Ricardo Weiss, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba.

El problema, para muchos especialistas, obedece a la falta de regulación y de un control eficiente por parte del Estado. "Todo esto esconde la falta de legislación que hay sobre el uso de agroquímicos. Todos los extremos son malos. De no usarlo tendríamos un atraso tecnológico de 30 años en Argentina, pero el usarlo en exceso puede ser contraproducente", afirmó Ulises Forte, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina.

(Por Juan Bustamante, Reuters / Biodiversidadla, 14/05/2009)


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