Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.

El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.

Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.

En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.

Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.

Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.

Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:

• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;

• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;

• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;

• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;

• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;

El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:

• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte

• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;

• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;

Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.

El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.

El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.

(Ecoportal, 08/05/2009)