El comienzo es conocido. Fue la resolución presidencial 125, del 10 de marzo de 2008, aquella que determinaba la aplicación de retenciones móviles a la exportación de granos, la que inauguró el conflicto entre el Gobierno y el campo. El entonces Ministro de Economía Martín Lousteau fue el encargado de transmitir la noticia: "Consiste en una primera medida para el reordenamiento de la cadena alimentaria", aseguró despreocupado. Se buscaba, según sus palabras, contener la inflación de los alimentos y alentar la incorporación de valor agregado.

Pero el proyecto desencadenó lo inimaginable. A un año del anuncio la tarea de reconstrucción cronológica se vuelve casi descabellada. Se sucedieron paros agrarios y cortes de ruta; cacerolazos en la capital y los principales centros urbanos; inicios de tregua; acuerdos; otra vez lock-out; renuncias (Lousteau incluido); debates en el Congreso, en el Senado hasta la muerte, el 17 de Julio de 2008, de la Resolución 125 por el voto "no positivo" del Vicepresidente Julio Cobos.

Y cuando se pensaba que se había llegado al final, otra vez la rueda se echó a andar. La crisis financiera internacional puso en evidencia la paradoja del triunfo ruralista: el porcentaje fijo de las alícuotas en un momento de caída de los precios de los commodities resultaba más perjudicial que la movilidad. Frente a este cambio en el escenario mundial las entidades agrarias demandaron entonces la anulación total de retenciones. Volvieron así los discursos presidenciales y los actos ruralistas, las mesas de negociaciones (cinco hasta el momento), nuevos avisos y nuevos cortes. Todo igual, pero enmarcado además en una sequía de dimensiones históricas.

A pesar de toda esta vorágine, un elemento estuvo siempre en el centro del conflicto. Desde abril de 2008 todas las miradas apuntan a los ingresos de la soja. Aunque no se trate ahora de cifras tan extraordinarias como las del año pasado ese botín sigue siendo el protagonista de esta "guerra gaucha".

En la actualidad, ambas partes se han sincerado al respecto. La Mesa de Enlace -que agrupa desde la histórica entidad de pequeños productores, la Federación Agraria Argentina (FAA), hasta la tradicional Sociedad Rural, pasando por la Confederación Ruralista Argentina (CRA) y Coninagro- ya aclaró que poco importan los acuerdos en torno al sector ganadero, los productos lácteos, el trigo y las economías regionales, si no se toma en cuenta su principal demanda, la anulación de las alícuotas a esta oleaginosa.

También el Gobierno, inmerso en un ciclo de desgaste, confirmó que entre sus proyecciones la anulación no es un panorama posible. En 2008, las retenciones a las exportaciones de soja—semilla, aceite y torta o harina—representaron para el fisco 17.200 millones de pesos (alrededor de 5000 millones de dólares). La dependencia fiscal es tal que con la amenaza recesiva en puerta, difícilmente se puedan abandonar esos ingresos.

Las elecciones legislativas de Junio parecen ser la última carta de esta gestión para resolver este conflicto y por eso apuestan a volverlas un plebiscito nacional. Desde esta perspectiva es entendible la medida de coparticipar con las provincias un 30 por ciento de las retenciones y armar un Fondo Federal Solidario, como la forma más inteligente de buscar aliados entre intendentes y gobernadores y a su vez medir lealtades rumbo a las urnas1.

La Mesa de las entidades ya entendió este mensaje y varios de sus representantes hoy amagan con candidaturas. Como ejemplo está Carbap, confederación asociada a la CRA y bajo control de dirigentes ligados al ex Presidente Duhalde, que hoy juega abiertamente en la interna del Partido Justicialista. Mientras tanto, los ruralistas mantienen una estrategia de alternancia entre las medidas de fuerza, cada vez más desgastadas, y la búsqueda de alianzas con la mayoría de la oposición política que defiende a rajatabla el modelo sojero.

La pareja presidencial esperaba empezar el mandato de Cristina Kirchner con un triunfo político; la iniciativa sobre las retenciones implicó todo lo contrario. El desenlace de la 125 dejó en claro que la aparición del Estado después de tantos años de desregulación no iba a ser tan fácilmente asimilada. Todavía menos si se la encaraba desde un desconocimiento absoluto sobre el área de injerencia y sin una estrategia global y un modelo de desarrollo agrícola.

Genealogía del boom sojero
Para 1991 la soja ya era el principal cultivo del país. Las transformaciones de la demanda global de alimentos, sobre todo por el consumo de India y China, y el constante avance de la valorización financiera, habían derivado en un crecimiento sostenido de los precios de los productos del campo y sus derivados, lo que en Argentina derivó en la "expansión de la frontera agrícola". Un corrimiento sobre montes nativos, selvas y yungas, de producciones cerealeras y de oleaginosas destinados al mercado de exportación.

La aparición de la semilla transgénica en 1996 no hizo más que robustecer este camino. Las promesas de rentabilidad se expandían y la ausencia de regalías para su compra allanaban el terreno. El Estado, en pleno auge neoliberal, destinaba ahora toda su confianza en la autorregulación del mercado y hacía desaparecer aquellos organismos supervisadores de las actividades agroindustriales y agropecuarias, como la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. El mismo destino sufrían las políticas regulatorias de fijación de cuotas y de garantía de precios mínimos para los productores.

La estrategia de difusión de esta semilla fue tan eficaz que en pocos años se eliminó toda competencia no transgénica, estableciéndose un verdadero monopolio. Hoy la soja argentina tiene nombre y apellido, se llama RR y pertenece a la multinacional Monsanto. Está implantada en 17 millones de hectáreas de diez provincias y según estimaciones del grupo Cenda2, siguió expandiéndose en la campaña 2008-2009, después del conflicto por las retenciones, en 400.000 hectáreas más.

Las siglas hacen alusión a su cualidad de "Resistente al Roundup", nombre comercial del glifosato, también de Monsanto, que mata toda la maleza pero deja crecer en la tierra rociada la mágica semilla de laboratorio. Este herbicida es hoy pilar de la industria sojera, pero fue denunciado en varias oportunidades por los posibles efectos negativos sobre la salud, incluso sobre la de los chanchos chinos, máximos consumidores de soja argentina3.

La adopción de la semilla produjo efectos rápidos y radicales en el país. Entre los más obvios y conocidos se sitúa el enorme aumento de las tasas de ganancia. Sin embargo, esta rentabilidad, que se presentó entre los defensores del libre mercado bajo la fórmula de la teoría del derrame, es decir con un final de bienestar general para todo el "campo", tuvo resultados dispares.

Por un lado, porque la falta de políticas compensatorias para otros cultivos, facilitó el avance de la soja sobre zonas extrapampeanas, como Chaco y San Luis, que no cuentan con las mismas condiciones de fertilidad, y por lo tanto de rentabilidad, que la "Pampa Húmeda"4. Pero además, porque esta rentabilidad diferencial se hizo todavía más notoria en relación a otras producciones regionales como la de los yerbateros correntinos, los aceituneros riojanos, los algodoneros chaqueños, el sector vitivinicola o la ganadería. Como señala Francisco Gatto, la posconvertibilidad benefició a las provincias ricas pero no llegó al resto del país. El ciclo de crecimiento no logró reequilibrar el mapa económico, sino que al contrario reforzó las viejas desigualdades territoriales5.

Asimismo este paquete biotecnológico produjo una distribución diferencial de ingresos entre los distintos estratos sociales. Los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002 muestra un proceso de centralización de capital en el campo que implica una caída de la participación de los trabajadores en el total de Producto, a pesar de que la tarea es más calificada También organismos como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) muestran cómo la gran mayoría de los contratos con jornaleros se mantuvieron en negro, alimentando así toda una lógica de evasión fiscal que existe en el sector.6

El cambio por la semilla transgénica significó además una mayor escala mínima para las explotaciones porque los productores con menos hectáreas no pueden asimilar la tecnología requerida y el uso creciente de capital. Según el trabajo del economista Javier Rodríguez Las consecuencias de la soja transgénica. Argentina 1996-2006, hay en el país un primer estrato de pequeñas explotaciones, de hasta 200 hectáreas que directamente no hace soja y un segundo estrato, ubicado entre las 200 y 500 que tampoco tiene buena escala pero alquila predios a terceros con mayor capitalización o a pooles de siembra".

Esto significa que no sólo aumentaron notoriamente los precios del suelo, sino que además la soja transgénica habilitó una concentración de tierras en manos de aquellos capaces de comprar tecnología: los censos muestran que disminuyó en 81.000 el número total de explotaciones agropecuarias entre 1988 y 2002. Junto a ello, se generalizó el contratismo y se extendieron novedosas formas de organización en el campo, como los fondos de inversión, los pooles y los grupos de siembra.

El caso ejemplar de esta "revolución tecnológica" es el Grupo Grobo Agropecuaria, que cultiva 160 mil hectáreas, de las cuales el 90 por ciento son arrendadas, y factura aproximadamente 400 millones de dólares al año. Una emprendimiento de "sin tierras", como lo define con cinismo su presidente Gustavo Grobocopatel, en el que se unifican las nuevas tecnologías (siembra directa, informática y genética) con fondos de inversión y un mecanismo de arriendos y fideicomisos que le asegura ganancias sin más desembolso que los costos de producción. A esto se suma una gestión sustentada en la especulación financiera por el precio artificial de los alimentos en la Bolsa de Chicago y un modelo de terciarización de servicios, que expulsa mano de obra del campo y funda lo que se dio en llamar "una agricultura sin agricultores"7.

Como señalan Norma Giarraca y Tomás Palmisano en Expansión sojera y paro agrario, "frente al desplazamiento de la producción familiar, hay un notorio avance de empresas que manejan grandes volúmenes avalados por contratos eventuales y buscan rentabilidad a corto plazo; a la vez que se genera paulatinamente un estrato de pequeños rentistas que alquilan su tierra frente a la imposibilidad de competir en escala y tecnología con los grandes productores"8.

Es este nuevo patrón de desarrollo agrario, por eso, el que fortalece la imagen tantas veces repetida de un campo indivisible, unificado. Una comunión fundada en el cambio de idiosincrasia que implicó el paquete tecnológico en los pequeños productores y que hoy permite unir sus demandas a la tradicional Sociedad Rural de la otrora oligarquía o la Asociación Productores en Siembra Directa (Aapresid), la entidad que mejor representa a los pooles de siembra.

Tal como asegura Jose Luis Livolti, líder del Movimiento Campesino de Liberación Nacional, corriente disidente de FAA, "hoy la entidad defiende a la franja de productores sojeros que tiene entre 200 y 500 hectáreas en la Pampa Húmeda. Se trata de pequeños productores antiguamente diversificados que hoy cultivan unicamente soja, o que se convirtieron en rentistas porque les conviene alquilarle al vecino o al pool de siembra9. A ellos se suman los pequeños empresarios del transporte del cereal y empresas de servicios que cosechan soja. Este es el nuevo sujeto de la Federación Agraria"10 Aclaré en la nota al pie.

Por detrás de unos y otros, se encuentra un campo que nadie quiere ver. Ese "otro" universo de tres millones de indígenas y campesinos que no producen oleaginosa ni suscriben a los agronegocios y que fueron los primeros en denunciar la sojización del país. En algunas provincias, como en Mendoza, el 60 por ciento de esa población vive bajo la línea de la pobreza y el 22,6 por ciento es indigente.

Aunque silenciados por los grandes medios de comunicación, este sector reclamó a través de sus organizaciones sociales11 un debate sobre el modelo sojero y sus respectivos efectos sobre el medio ambiente y los productores familiares, pidiendo a su vez una reforma agraria integral y un modelo de soberanía alimentaria. Pero poco (o nada) habló la Mesa de Enlace de estas demandas; pocas (o nulas) políticas llevó a cabo el Estado para remediar la situación.
El corazón del modelo

Protestan contra las retenciones de la resolucion presindencial
Alfredo Zaiat en una editorial titulada "Saber sobre el campo", comentaba a propósito del fracaso de la 125: "Las soluciones técnicas a los problemas económicos no sirven si no están supeditados a un programa global dominado por la orientación política de un gobierno. Aunque pertinente, la medida no pudo superar las limitaciones que emergieron de la política"12.

Durante el conflicto, un argumento constante entre los ruralistas fue la falta de un modelo de desarrollo agrario. El Estado, alegaban, sólo aparece para hacer caja; ni para incentivar políticas, ni para proteger cultivos. Las ambiguas respuestas desde el gabinete presidencial en torno al destino de las retenciones, no hacían más que alimentar esta convicción.

Lo cierto es que hoy el modelo económico argentino aunque, en el discurso oficial se ensalce con otros elementos, no tiene más que dos pilares: una moneda devaluada y la aplicación de un paquete de retenciones que permita transferir recursos del campo a la industria. En el país urge una política de crecimiento con un plan integral que justifique las contribuciones de cada sector para sostenerlo13.

En resumidas cuentas, al Gobierno le faltó legitimidad y varios elementos auspiciaban el recelo. Uno de ellos fue que mientras se cuestionaba la rentabilidad extraordinaria de los sojeros y la monoproducción, el gobierno no ofrecía solución alguna para el comportamiento oligopólico de las acopiadoras y exportadoras, y peor aún, se frenaba la reglamentación de la Ley de Bosques Nativos -aquella que pone limite a la deforestación-, beneficiando así a los grandes inversores del agronegocio14.

Hoy la crisis internacional puso en evidencia la independencia del sistema financiero respecto al mundo productivo. El problema del papel que genera papel. Como señalaba Javier Rodríguez "los precios actuales dejan en evidencia que las retenciones móviles y segmentadas por estrato son un instrumento eficaz para modificar los precios relativos e igualar rentabilidades, además de que permiten hacer una transferencia de recursos a la industria, que es el sector donde se crea mayor valor agregado y puestos de trabajo". Pero siempre y cuando estas medidas estén asociadas a una política general que cuestione el corazón de los agronegocios y no haga peligrar la soberanía alimentaria del país en el mediano plazo.

Hasta ahora, esta discusión fue un diálogo de sordos en la que estuvo ausente una discusión a fondo sobre el patrón de desarrollo agrario. Y así, mientras se suceden acusaciones y panfletos, la soja sortea disputas de poder y se sigue extendiendo por todo el territorio argentino.

Notas
1. El país actualmente se caracteriza por una fuerte centralización fiscal: el Gobierno nacional hoy se queda con el 70% de los ingresos, frente al 50% de los años previos a la dictadura del '76.

2. La expansión de la superficie cultivada con cereales y oleaginosas pasó de 21.2 millones de hectáreas en la campaña 1994-1995 a 27.1 millones de hectáreas en 2001-2002. La soja representa el 95.5 por ciento de esta expansión, www.cenda.org.ar .

3. La periodista Marie-Monique Robin acaba de sacar un libro titulado "El mundo según Monsanto" donde denuncia el funcionamiento de esta empresa líder en la venta de agrotóxicos. Ver entrevista en Crítica Digital: http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=22026 .

4. Abarca casi toda la Provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe, el sureste y centroeste de Córdoba, medio Entre Ríos y un tercio de La Pampa.

5. "Crecimiento económico y desigualdades territoriales: algunos límites estructurales para lograr una mayor equidad" (www.noticiasdelsur.com/biblioteca/CapVIII.pdf ) Para más información Alejandro Rofman e investigadores de CEUR/Conicet publicaron en Realidad Económica 240 (enero 2009) un artículo titulado "Subordinación productiva en las economías regionales de la posconvrtibilidad".

6. Las últimas estimaciones del organismo muestran que la población ocupada en el sector es de 1.378.172 personas, es decir el 8.2% de la Población Económicamente Activa (PEA). De esos, sólo 325.000 tienen salarios en blanco y en promedio ganan 1.208 pesos mensuales, los sueldos más bajos de toda la economía.

7. Según el Censo 2002 la masa de empleo rural cayó de 4,6 millones de personas en 1991 a 2.6 millones de personas diez años después. Es decir, que el 37.8 % de los habitantes rurales abandonaron sus pueblos. Las corporaciones agropecuarias insisten en que el empleo y la transferencia se produce por la relación con otros sectores, como el transporte, los servicios y sobre todo la industria vinculada. El argumento, es fácil de ver, tiene una trampa. El desarrollo de la industria aparece como proceso automático en relación a la demanda de insumos en el campo. Sólo un ejemplo para mostrar la falacia: la demanda de tractores no garantizó una mayor producción metalmecánica, sino que se importaron alrededor del 85 por ciento.

8. 8 http://www.ger-gemsal.org.ar .

9. Quienes alquilan sus predios también se sumaron al rechazo porque la renta se paga en soja, incluyendo las retenciones.

10. Entrevista a José Luis Livolti en Página 12, "La derechización es lamentable", http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-121963-2009-03-23.html .

11. Los pueblos originarios y los campesinos se pronunciaron sobre todo a través del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y del Frente Nacional Campesino (FNC), conformado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), los Movimientos Agrarios de Misiones (MAM), Formosa (Mocafor), y Jujuy (Mocaju). Para más información ver el artículo "Otras entidades, otras demandas" publicado por Darío Aranda en el diario Argentino Página 12 (www.pagina12.com.ar /).

12. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-121548-2009-03-15.html .

13. http://www.eldiplo.org/dossier.php3?numero=107&dossier=107 .

14. Otro tanto se puede decir sobre el guiño oficial a la expansión minera en el país y el veto la ley de Presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, propuesta destinada a preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.

Lucia Alvarez (luciaalc@yahoo.com.ar ) es una periodista independiente en Buenos Aires y analista para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org ) además de ser asistente del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.

Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org . Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.

Recursos
Informe Mensual del Mes de Marzo de Biodiversidad del CIP Americas Program
http://www.ircamericas.org/esp/5959

La soja en Uruguay: La creación de un nuevo bloque de poder
http://www.ircamericas.org/esp/5288

Pueblos indígenas se organizan contra la carretera de la soya en la Amazonía Peruana
http://www.ircamericas.org/esp/4687

(Programa de las Américas / Biodiversidadla, 28/04/2009)