El dirigente indígena Zebelio Kayap denunció que la incisiva hostilización de las fuerzas policiales hacia los pueblos awajún y wampis en la zona del alto Marañón se relacionaría con el pedido de revocar concesiones mineras ilegales. Zebelio, quién preside la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), señaló que las comunidades indígenas fronterizas vienen participando de manera activa en el paro y movilización indígena amazónica que se realiza desde el jueves 9 de abril.

El pedido de revocatoria de tres concesiones mineras se presentó el 13 de abril ante la Dirección de Concesiones Mineras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) por haberse infringido la Constitución Política. El artículo 71 de la Carta Magna prohibe que los extranjeros posean, directa o indirectamente, derechos mineros dentro de los 50 kilómetros de frontera “bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.

Se trataría de concesiones transferidas a la empresa minera Dorato Perú SAC, subsidiaria de Dorato Resources Inc. de Canadá, que adquirió el total de derechos, acciones y activos de la Compañía Minera Afrodita SAC en la Cordillera del Cóndor por un total aproximado de 80,000 hectáreas. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas han negado que la minera realice actividades de exploración pero en realidad estarían encubriendo la transferencia de derechos y las actividades mineras.

Las concesiones de exploración se han otorgado en un área considerada como la única muestra representativa de la ecorregión del Bosque Montano de la Cordillera Real Oriental, de extraordinaria biodiversidad por haber sido un refugio del pleistoceno en la zona del Marañón. Esa área formaba parte de la propuesta inicial del Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor en el 2007, y fue recortada -a pesar de la oposición del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena)- en 69,829 hectáreas para favorecer la actividad minera.

La extracción de oro y otros minerales tendría un impacto severamente negativo debido a que el área de las concesiones cumple una función ecológica esencial para mantener el sistema hidrográfico de la cuenca del río Cenepa, del cual dependen numerosas comunidades Awajún y Wampis. Zebelio Kayap, la ODECOFROC y las autoridades ediles de Condorcanqui coinciden en demandar que el gobierno atienda las solicitudes de revocatoria antes de amedrentar a la población que exige sus derechos de manera pacífica y con sustento legal.

(Servindi, 16/04/2009)