Los afectados de San José del Progreso, Oaxaca, enfrentan represión y hostigamiento. Aseguran que autoridades entregaron 54 mil hectáreas a las empresas trasnacionales

Con el propósito de beneficiar a las empresas mineras canadienses Fortuna Silver y Continuum Resources Ltd, las cuales operan mediante la subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, se ha despojado y afectado a más de 600 campesinos de San José del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca. A los empresarios extranjeros de esta minera se les autorizaron concesiones para explotar cerca de 54 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán, por lo que la comunidad se movilizó y ahora es hostigada y reprimida.

Según denunció el Movimiento de Resistencia contra la Empresa Minera Cuzcatlán, inclusive mandaron camiones con militares y camionetas de la policía estatal para desmovilizar a los campesinos afectados, a los cuales no se les informó ni se consultó sobre el otorgamiento de la concesión.

Sostuvo que el gobierno entrega decenas de concesiones mineras a iniciativas trasnacionales; incluso brindó más de 80 de estos títulos para que empresas privadas, en su mayoría de capital extranjero, exploten en el estado de Oaxaca más de 600 mil hectáreas. Dos de las más importantes concesionarios son Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, que operan mediante su subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, la cual abarca una extensión cercana a las 54 mil hectáreas.

Ante ello, el 14 de marzo de este año, se llevó a cabo una reunión comunitaria en San José del Progreso, donde más de 600 personas afectadas por la empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el presidente municipal, por lo que decidieron desconocerlo.

En esa misma reunión determinaron que el 16 de marzo cerrarían de forma pacífica la instalaciones de la mina, para exigir que funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Economía, replantearan los permisos otorgados para el proyecto de exploración de 150 de los afectados bloquearon los accesos de la mina.

Sin embargo, “a partir del 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal comenzaron un operativo policiaco-militar y se instaló un campamento con un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente a 100 metros de los accesos de la mina y una camioneta de la policía estatal en la entrada de la población, acciones que aún se mantienen”, con el argumento de que el operativo es para sacar de la mina 17 toneladas de explosivos que se encuentran adentro.

Este movimiento de resistencia exige que el Estado mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policiacos como vía de resolución de conflictos y garantice que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. Asimismo demanda que se respeten los derechos de las comunidades. Y, sobre todo, se demanda que se suspenda la concesión otorgada para este proyecto y “cese la criminalización” de los pueblos que defienden sus derechos sociales.

(La Jornada / Planeta Azul, 06/04/2009)