Nueve observaciones impuso el presidente Rafael Correa a la ley de Soberanía Alimentaria que incluye la regularización de las tierras adquiridas ilegalmente en la Costa del Pacífico, así como la posibilidad de producir alimentos que viabilicen biocombustibles.

El documento llegó, la tarde de ayer, a la Comisión Legislativa a 24 horas de concluir el plazo (30 días) que tenía el Ejecutivo para pronunciarse.

Según el asambleísta Abel Ávila, de la comisión de Salud, que tramitó el proyecto, con el veto el Ejecutivo cedió a las presiones de los camaroneros y los grandes productores agrícolas al establecer la legalización de las zonas donde funcionan grandes camaroneras, ilegalmente adquiridas.

Ávila, se refiere a la regularización de las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por camaroneras y acuícolas asentadas en la costa del pacífico, donde el Estado basado en dos Decretos otorga el plazo de un año para la legalización, caso contrario se revertirán al Estado.

Textualmente, se dice que “las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por personas naturales y jurídicas, camaroneras y acuícola serán revertidas al Estado de no regularizarse su situación, de conformidad con las normas vigentes en la materia, con el fin de garantizar procesos de repoblamiento y recuperación del manglar”.

Ese veto, dijo el asambleísta deja en evidencia la presión que ejercieron los camaroneros al gobierno, pues están interesados en que no se recupere territorio y con ello el ecosistema marino y manglar, donde las camaroneras se asentaron ilegalmente y usurparon tierras. “No podemos permitir que se regularice lo ilegal”, sostuvo.

Entre las observaciones, el Ejecutivo propone ampliar del 60 a 180 días el plazo para la conformación del Consejo Consultivo de Soberanía Alimentaria, con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En cuanto, a los biocombutibles el veto propone abrir la posibilidad de utilizar los cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional.

Así, la producción de biocumbustibles no puede realizarse en detrimento de las necesidades del consumo nacional alimentario, pero el país tampoco puede renunciar irremediablemente al cultivo para la comercionalización de los biocombustibles, pues en el caso de la caña de azúcar, la producción es suficiente para abastecer al mercado alimenticio local y para exportarla como biocombustible.

Al respecto Ávila sostuvo que el “Congresillo” debe insistir en el texto original en el cual prohíbe la producción de alimentos para biocombustibles. Se trata de determinar que nadie pueda producir alimentos para hacer combustibles y alimentar a las chequeras de grandes productores.

Asimismo, plantea que el Presidente de la República será el único que podrá establecer la política arancelaria procurando eliminar la importación de alimentos de producción nacional y prohibiendo el ingreso de alimentos que no cumplan con las normas de calidad y producción nacional.

Sobre la propiedad de la tierra se recomienda que se incluya a la mujer trabajadora del campo y a los pequeños productores tener el acceso equitativo de la tierra.

(Ecoportal, 23/03/2009)