El mismo rigor para evitar fraudes que el Gobierno quiere aplicar a la fotovoltaica debería aplicarse a las energías sucias10 febrero 2009Imprimir Enviar  Greenpeace demuestra el uso de la energía solar en la Plaza de las Palomas

Greenpeace apoya la propuesta de decreto del Ministerio de Industria para expulsar del régimen de ayudas a la energía solar fotovoltaica a aquellas instalaciones que no cumplan los requisitos legales, y exige el mismo rigor para impedir que se pueda hacer negocio con energías sucias, como la nuclear, violando las normas a costa de la salud pública.

Greenpeace se opone a cualquier actuación fraudulenta, por lo que está de acuerdo con la propuesta del Ministerio de dejar sin derecho a prima a cualquier instalación que no cumpla la normativa, pero rechaza cualquier intento de criminalizar la energía solar fotovoltaica, cuyos beneficios ambientales y sociales están ampliamente contrastados, y que por tanto sigue siendo merecedora del régimen de apoyo que le permita avanzar por su curva de aprendizaje.

Para la organización ecologista, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad por haber aprobado una mala regulación, al fijar una fecha (el pasado 29 de septiembre) para una bajada brusca de las primas. Esto fomentó una alocada carrera para conectar las instalaciones fotovoltaicas antes de esa fecha. Ahora se quiere inspeccionar lo que no se vigiló en el momento de la instalación.

“Cabe preguntarse cómo es posible que si una instalación ha obtenido el acta de puesta en marcha, no tenga instalados en ese momento todos los equipos necesarios para realizar la actividad que se le autoriza. ¿Para qué sirve y qué certifica entonces el acta de puesta en marcha? ¿Quién es responsable de que se conceda la puesta en marcha sin que se reúnan todas las condiciones para operar reglamentariamente?”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.

Greenpeace propone que el procedimiento de verificación se base en la presencia de inspectores que actúen en nombre de la Administración pública como condición necesaria para poner en marcha una instalación y poder acogerse al régimen especial.

La exigencia de demostrar que se está actuando legalmente como condición necesaria para cobrar debería hacerse extensiva a todas las tecnologías de generación, más aún para aquellas que pueden dañar al medio ambiente o la salud. El daño causado por las instalaciones fotovoltaicas irregulares es, como mucho, únicamente económico. Sin embargo, tecnologías que sí pueden causar daños, además de económicos, al medio ambiente y la salud, no son objeto del mismo celo inspector. Así, sorprende ver cómo ante sucesos tan graves como la liberación de radiactividad de la central nuclear de Ascó, el Ministerio de Industria no ha exigido al Consejo de Seguridad  Nuclear  una evaluación de la cantidad total de radiactividad liberada, y se ha limitado a aceptar propuestas de sanciones mínimas por parte del CSN.

“Del mismo modo que el Ministerio propone sacar del régimen especial, a efectos económicos, a las instalaciones fotovoltaicas que no acrediten el cumplimiento de la norma, el Ministerio debería sancionar a las operadoras de centrales nucleares que incumplan las normas con la retirada del permiso de explotación, especialmente si han estado operando a sabiendas del incumplimiento, y más aún si se han producido hechos tan graves como la liberación de partículas radiactivas”, ha declarado José Luis García Ortega.

Todo lo acaecido con la energía solar fotovoltaica en España, en especial durante el último año, debería ser motivo de reflexión en varios aspectos:

a) La fotovoltaica es la tecnología que más rápido puede instalarse y ponerse en servicio. El mercado está preparado para reaccionar extraordinariamente rápido si se dan los incentivos apropiados.

b) La regulación a través de incentivos al kilovatio-hora generado, mediante primas o tarifas, realmente funciona y consigue que se realicen las inversiones, que se instalen las plantas y que generen tanta electricidad como sean capaces.

c) La remuneración no debería cambiarse de modo abrupto, sino evolucionar suavemente. Las primas se pueden y se deben reducir con el tiempo, para seguir, e incluso anticipar, el avance de la tecnología fotovoltaica por su curva de aprendizaje. Pero con un cambio progresivo (por ejemplo una reducción de pequeñas cantidades de céntimos/kWh cada mes) probablemente no se darían situaciones de crecimientos y decrecimientos explosivos como los vividos en España.

d) Se debería establecer un objetivo mucho mayor para la energía solar fotovoltaica, acorde con las capacidades de la tecnología y del mercado, ya que la fotovoltaica realmente alcanza los objetivos que se le piden. Esto debería reflejarse adecuadamente en el próximo Plan de Energías Renovables 2020.

(Greenpeace España, 10/02/2009)