En los últimos años en Uruguay "se ha registrado un marcado incremento de la forestación artificial, una expansión de la superficie agrícola, y existe una intensificación productiva creciente en el agro e incipiente en otros sectores. Estas tendencias ejercen presión sobre los recursos naturales" [1].

En 2008 los señalamientos sobre los impactos ambientales del modelo de desarrollo han trascendido al ambientalismo e incluyen como principales impactos la expansión de los monocultivos (soja y árboles), la falta de control sobre el uso de la tierra y la "extranjerización" de la misma, tendencias que configuran un escenario potencialmente negativo de no tomarse las medidas de control necesarias.

En 2008 Uruguay sufrió el avance de los cultivos de soja transgénica, la profundización del modelo celulósico y la pretendida revisión de un debate ya laudado en Uruguay (la generación de energía nuclear en el país), que encuentra nuevos bríos al ser impulsado desde los más altos niveles del Gobierno progresista del presidente Tabaré Vázquez [2]. Estas discusiones hicieron dudar una vez más acerca de los fundamentos participativos y democráticos de las políticas ambientales en el país, algo que por otra parte también fue señalado en el II Congreso del Pueblo [3], una instancia que concentró a lo largo de un año (concluyendo sus instancias centrales en septiembre último) al más vasto espectro de organizaciones sociales que se hayan congregado en torno a una tarea común en la era post dictadura.

Teología de la soja y del eucalipto
En mayo de 2008 se editó La nueva colonización. La soja transgénica y sus impactos en Uruguay [4], en el que se analizan los impactos ambientales, sociales y económicos del crecimiento avasallante de este cultivo en el país. En el mismo se señala que el avance de la soja, con 461.900 hectáreas sembradas en la zafra 2007/08 (mientras que en la zafra 1999/2000 la superficie se encontraba apenas por debajo de las 9.000 hectáreas) "determina que hoy en día este cultivo represente más de la mitad del área agrícola nacional".

Dicho trabajo demuestra que la "sojización" se encuentra intrínsecamente ligada al accionar de "capitales extranjeros que han propiciado la emergencia de nuevos actores (…) también presentes en los países vecinos, [quienes] administran grandes sumas de capital realizando casi únicamente agricultura extensiva en extensas superficies de tierra arrendada, contribuyendo así al generalizado proceso de concentración y extranjerización de la producción y la tierra".

Es de destacar que dicha expansión del cultivo de soja transgénica, así como otros aspectos del agronegocio, se vio acelerada en 2008 debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de la República Argentina, que gravaban sensiblemente los saldos de exportación de dicho cultivo. El crecimiento exponencial de la soja con carácter de monocultivo ha hecho que este agronegocio, especialmente en 2008, abandone sus regiones "tradicionales" del litoral oeste del país, para alcanzar zonas especialmente sensibles en la producción de alimentos básicos para el mercado interno [5].

En julio de 2008 caducó la moratoria de 18 meses dispuesta oficialmente para la aprobación de nuevos eventos transgénicos, plazo que en sus inicios implicaba la revisión de las variedades genéticamente modificadas ya aprobadas, lo que a la postre no ocurrió, iniciándose lo que oficialmente se catalogó como "coexistencia" entre agricultura tradicional y transgénica.

Tras conocerse la decisión del Gobierno de tolerar dicha "coexistencia", la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay señalaron que la misma "amenaza la biodiversidad por los altos riesgos de contaminación genética, y avala definitivamente el ingreso a Uruguay de esas variedades modificadas en beneficio de grandes empresas del exterior, lo que aumenta la extranjerización de la tierra y expulsa a los pobladores del campo". Asimismo, el organismo oficial que resolvió sobre el tema descartó implantar la obligatoriedad del etiquetado de productos alimenticios nacionales y extranjeros que contengan organismos genéticamente modificados.

Otro formato del agronegocio que ha querido asimilarse a un sinónimo de modernidad es la expansión forestal y celulósica. La atracción de inversiones extranjeras para estos sectores ha adquirido en los últimos años un rango de "política de Estado", en tanto existe una legislación de promoción vigente desde 1988 que atrae a nuevas empresas que evalúan diversos proyectos para radicarse en el Uruguay. Durante 2008 este modelo se consolidó con el funcionamiento a pleno de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, el comienzo de la construcción de la planta de la española ENCE en el departamento de Colonia, la decisión de la empresa portuguesa Portucel de radicarse en el país y la fuerte adquisición de tierras para forestar por parte de la sueco-finlandesa Stora-Enso.

Hasta el momento no se han analizado ni evaluado cuáles serían los potenciales impactos de la ampliación de la forestación en el país para proveer de materia prima a grandes plantas industriales de producción de celulosa. En determinadas circunstancias este proceso se está llevando a cabo en desmedro de otros derechos, con el objeto de facilitar la concreción de estas inversiones, como por ejemplo asegurando procesos de confidencialidad ante pedidos concretos de información por parte de organizaciones de la sociedad civil, aprobando excepciones a la legislación vigente a favor de estas empresas, o también firmándose convenios público–privado entre empresas y dependencias estatales como el Instituto Nacional de Colonización [6].

El modelo forestal en Uruguay se caracteriza por estar altamente concentrado en manos de poderosas empresas multinacionales. El 90 por ciento de las tierras forestadas pertenece a solamente 15 empresas, de las cuales las tres mayores controlan más de 550.000 hectáreas. En particular ENCE posee en el Uruguay cerca de 180.000 hectáreas.

Entre los principales impactos ya constatados por el avance de la forestación están los que repercuten sobre el ecosistema de pradera, documentados en un informe del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de 2007, y la destrucción del monte nativo. El 19 de agosto último el MGAP anunció la suspensión temporal de todos los trámites de ENCE ante la Dirección Forestal, por haberse constatado la tala ilegal de cerca de 80 hectáreas de monte indígena en el departamento de Paysandú para plantar eucaliptos. El propio ministro de Agricultura Ernesto Agazzi calificó el suceso como un "desastre ecológico", mientras que para la empresa el hecho se debió a un "error de planos" [7].

¿Nuclear? No, gracias
Junto a esto, y a pesar de la oposición ciudadana, el país asistió a la reapertura de un debate sobre la conveniencia del uso y producción de energía atómica. Un empuje similar tuvo lugar a comienzos de los 90, llegando incluso a instalarse en Uruguay algunos consorcios -canadienses y europeos- para encargarse de los estudios de factibilidad. Pero aquellos intentos no contaron con aprobación parlamentaria y naufragaron… o hibernaron hasta comienzos de 2006. En ese año se empezó a hacer referencia tímidamente desde el Gobierno a que se estaba empezando a considerar la generación de energía de origen nuclear, pero fue en el viaje que el presidente Vázquez realizó a Israel en agosto de este año cuando las intenciones del Gobierno con respecto a la energía atómica comenzaron a materializarse con mayor claridad. Durante su visita a las instalaciones del Instituto Científico Weizmann, el jefe del Ejecutivo hizo referencia a la posibilidad de emplazar una central nuclear en el país, y comunicó que al llegar a Montevideo conversaría con los dirigentes de los partidos de la oposición sobre el tema y organizaría un simposio para dar información sobre el mismo. Como había sucedido cuando el debate nuclear se había planteado años atrás, desde los principales partidos opositores al Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, la idea de instalar una planta nuclear fue bien recibida, y se insistió sobre la necesidad de derogar el artículo 27 de la ley Nº 16.832 (que prohíbe a texto expreso el uso de energía de origen nuclear en Uruguay).

Otra vez, el tema nuclear vuelve a estar presente sobre la mesa. No obstante, como sucedió anteriormente, los actores sociales no se han quedado callados frente al mismo; en el Segundo Congreso del Pueblo se entendió que "es necesario priorizar otro tipo de alternativas antes de discutir la opción, sin que ello necesariamente implique descartarla". Agregaron que "entre los principales puntos críticos a considerar en el debate nuclear se incluye la cuestión ambiental, de desarrollo sustentable, costos, y tiempos de construcción". A su vez se insistió en la necesidad de que se continuaran las incipientes iniciativas de emprendimientos de generación de energía mediante fuentes renovables, alentando a que esto se convirtiera en una política de Estado. Hoy, como ayer, el debate nuclear vuelve a estar presente. Ha cambiado el esquema político que muestra amplios consensos en la esfera partidaria; se trata de un nuevo escenario, para el mismo problema.

La participación como principio de transformación
En el Segundo Congreso del Pueblo una de las temáticas de más profunda discusión y propuesta fue la referida a los mecanismos de participación social en relación a las políticas ambientales. Precisamente a este respecto la síntesis del documento que recoge el trabajo de esta comisión plantea que tales mecanismos "no son suficientes y no habilitan una participación activa en la toma de decisiones, sino [que son] meras instancias de acceso a una parte de la información".

A este respecto, uno de los reclamos de las organizaciones es transformar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en el sentido de que "ante la iniciativa de instalación de una empresa en cualquier punto del país, debe ser el propio Estado quien se ocupe del estudio de impacto, el cual será financiado con un depósito de la empresa interesada". Lo que sucede con el marco legislativo vigente es que tales estudios son realizados por consultoras privadas, contratadas por las empresas interesadas en los proyectos.

Al mismo tiempo, el documento de síntesis sostiene que "la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) no cuenta con técnicos ni recursos suficientes para evaluar la información brindada por las consultoras ni para controlar el funcionamiento de los emprendimientos industriales". Reclamando una "participación activa" del "pueblo organizado" en el seguimiento de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Comisión de Medio ambiente del II Congreso del Pueblo sostiene en su documento que "la inversión extranjera no puede definir la agenda nacional en cuanto al ordenamiento territorial, por lo que es fundamental una DINAMA eficiente que garantice los derechos de los pobladores y que no se convierta en un ente destinado a autorizar cualquier tipo de emprendimiento".

Parece claro además que en el país se debe tener una profunda y amplia discusión sobre los modelos de desarrollo que están en juego, sus impactos, sus posibilidades y sobre todo el control de los territorios en manos de sus pobladores, en un proyecto de país que tienda a la soberanía alimentaria.

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* Este artículo está basado en la producción del equipo de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay integrado por: Carlos Santos (antropólogo), Sebastián Valdomir (sociólogo), Marcela Schenck (escritora) e Ignacio Cirio (periodista), como parte del trabajo de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay en el Capítulo Uruguay de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Página web: www.redes.org.uy. La nota ha sido publicada en el número 35 de la Revista Pueblos de España, en diciembre de 2008.

[1] Informe GEO Uruguay 2008, realizado para diagnosticar el estado del ambiente por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a petición del Gobierno, y con la coordinación técnica del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Montevideo, 2008).

[2] Primer presidente de izquierda de Uruguay, electo por el Frente Amplio, una coalición de partidos de centro-izquierda que gobierna desde 2005.

[3] Este "II Congreso del Pueblo" fue planteado como una continuidad del Congreso del Pueblo que se desarrolló en 1965 y que permitió la aglutinación de las organizaciones populares y sindicales (con la posterior creación de una Central Única de Trabajadores que existe aún hoy) y de las organizaciones políticas de izquierda, que en 1971 dieron origen al Frente Amplio (hoy en el gobierno). Este II Congreso del Pueblo tuvo sus instancias centrales a principios de septiembre de este año, en las cuales participaron 1597 delegados representando a 574 organizaciones, se tomaron importantes definiciones con respecto a temas clave que se refieren a Uruguay.

[4] Blum, Alfredo; Narbondo, Ignacio; Oyhantcabal, Gabriel; Sancho, Diego (2008): Soja transgénica y sus Impactos en Uruguay. La nueva colonización, RAPAL-Uruguay, Montevideo.

[5] Ver por ejemplo la movilización de campesinos de zonas metropolitanas contra la aplicación de plaguicidas en forma aérea sobre centros poblados en www.radiomundoreal.fm

[6] Precisamente esta entidad pública uruguaya creada en 1948 y que tiene como finalidad el asentamiento de campesinos y asalariados rurales sin tierra en el campo, si bien ha incorporado a su acervo un número significativo de hectáreas (unas 40.000 en el período 2005-2008), no ha cumplido eficazmente en satisfacer la demanda de tierras para trabajar, por lo cual varios grupos de productores en diversos puntos del país han optado por ocupar fundos improductivos pertenecientes al Instituto.

[7] Ver "Suspenden trámites de ENCE por haber talado monte nativo", Diario El País, Montevideo, 19 de agosto de 2008.

(REDES-AT, La Biodiversidade, 23/01/2009)