El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar de que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador. “Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la Justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.

Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica y se largó con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamentó.

La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar”.

Los costos sociales
“Los agronegocios, con la soja en primer lugar, son sinónimo de desmontes, degradación de suelos, eliminación de otros cultivos, expulsión de comunidades ancestrales, contaminación y enfermedad”, denuncia desde hace una década el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) sobre el modelo agropecuario vigente y, sobre el glifosato, no tiene dudas: “Arruina plantaciones para autoconsumo, mata animales y envenena familias ancestrales. Es un desastre sanitario silenciado, donde los ejecutores son los sojeros, pero con la complicidad de la dirigencia política y el Poder Judicial”.

El avance del monocultivo se produjo en la década del ’90, cuando el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la siembra de semillas modificadas genéticamente y el uso intensivo de glifosato. En 1997, en la Argentina se cosecharon 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron 6 millones de hectáreas. Diez años después, en 2007-2008, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas y abarcó 17 millones de hectáreas. Fue política de Estado de todos los gobiernos.

El cultivo desplazó al trigo y ya ocupa la mitad de la tierra sembrada del país. En sólo una década, la Argentina se transformó en el segundo productor mundial de transgénicos del mundo, al mismo tiempo que sus cultivos tradicionales (como el maíz y el trigo) comenzaron a retroceder, al igual que la industria láctea. La Argentina es el tercer exportador mundial de grano de soja (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite.

En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa predomina el cultivo de la oleaginosa, que tiene nombre y apellido: Soja RR, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato, vendido por la misma empresa. Con las modificaciones de laboratorio, es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo cual avanza sobre territorios antes impensados para la agricultura de soja: Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta.

Pero el avance de la frontera agropecuaria, festejado por empresas y la clase política, es padecido por campesinos y pueblos originarios, que son desalojados de sus territorios ancestrales. Según el Censo Agropecuario 2002, sólo en cuatro años, más de 200 mil familias fueron expulsadas de sus históricas chacras, en el mayor de los casos ubicadas en las afueras de las grandes ciudades.

El Movimiento Campesino Indígena acusa a la industria sojera de contaminar aire, agua, alimentos y suelo y de intoxicar comunidades rurales. Estudios médicos puntualizan los efectos sanitarios de los pesticidas. “Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardíaca, electrocardiogramas anormales y daño renal”, asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología.

En Rosario, un grupo de ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos estudió durante dos años la vinculación entre contaminantes ambientales y la salud de la población.

Encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vinculó malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes, entre ellos el glifosato y sus agregados. “Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes”, afirmó Alejandro Oliva, médico e investigador. El estudio abarcó seis pueblos de la pampa húmeda y encontró “relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”.

Movimientos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales exigen estudios toxicológicos de mediano y largo plazo, y bioensayos en aguas y suelos. Ni el gobierno nacional ni los provinciales han dado respuesta. El canadiense Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración –referente mundial en la problemática–) esboza una explicación: “Escasean estudios porque las empresas no quieren que se hagan. Las agroquímicas transnacionales tienen muchísimo poder sobre los gobiernos”. El investigador Jorge Kaczewer dispara en el mismo sentido: “Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. Dominan, por medio de subsidios, departamentos enteros de las universidades”.

Hay denuncias en todo el paós por el uso del glifosato

Un tema prohibido
El modelo sojero funciona sobre la base del glifosato. Las denuncias que se han hecho en todo el país han sido ignoradas por los importantes intereses en juego.

Entre Ríos: El médico rural Gabriel Gianfellice vive hace 28 años en Cerrito, a 50 kilómetros de Paraná. Aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos, escribió el libro La soja, la salud y la gente, en el que afirma que en el pueblo hubo un antes y un después de la soja transgénica. A partir del 2000 comenzó a percibir los efectos adversos con la reproducción, la gestación y la correcta formación de los órganos durante el embarazo y problemas de fertilidad. “Ni hablar de enfermedades respiratorias, que crecieron más de un ciento por ciento. Vivimos fumigados, los avioncitos pasan sobre nuestras cabezas constantemente y los pacientes muestran efectos nocivos. Nos habían dicho que el glifosato era agüita del cerro, hoy día se sabe que nos mintieron”, asegura. También en Entre Ríos, el paraje rural Rosario del Tala, departamento de Gualeguaychú, es conocido por el caso de “los primitos Portillo”. Entre mayo de 2000 y enero de 2007 fallecieron Alexis (de un año y medio), Rocío y Cristian (ambos de 8). Norma Portillo, mamá de Cristian, no tiene dudas: “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos, nada deja el veneno”.

Santiago del Estero: Maira Castillo vive en Quimilí, pleno monte santiagueño, y tuvo su primera intoxicación aguda a los 4 años. En el hospital local le diagnosticaron envenenamiento con agrotóxicos y la derivaron de urgencia al Garrahan, en Buenos Aires. La vivienda familiar está rodeada de campos con soja, rociados periódicamente con glifosato. El químico le afectó la vista, la piel y el sistema respiratorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militan los Castillo, denuncia desde hace diez años los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo sojero. Contabiliza un centenar de denuncias por envenenamiento con agroquímicos, pero ninguna tuvo fallo favorable.

Córdoba: “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, es una de las consignas del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), que resiste el avance de empresarios sojeros que pretenden quedarse con sus tierras. A las continuas amenazas y atropellos, se sumaron las fumigaciones sobre los ranchos rurales. “Nos arruinan los sembradíos para autoconsumo, matan los animales y ya hubo intoxicaciones. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, que denunció fumigaciones indiscriminadas en Sebastián Elcano, Jesús María y San Francisco.

Chaco: La ONG Centro de Estudios Nelson Mandela acaba de publicar el informe “Una tragedia colectiva: Malformaciones por el uso de agroquímicos”. Denuncia que el Chaco es zona liberada para los agrotóxicos y causante de malformaciones de bebés. “La intoxicación crónica por el uso de agroquímicos provoca modificaciones o mutaciones del genoma humano. Pero los gobiernos miran para otro lado”, denuncia el trabajo, que también responsabiliza a los productores agropecuarios por “provocar daño sanitario, social y ambiental” en pos de obtener mayor rentabilidad. En diciembre último, en una entrevista al diario Chaco Día por Día, el jefe de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional (IMR), Horacio Lucero, advirtió el incremento de casos de cáncer y malformaciones a causa del uso de agrotóxicos sojeros en el sudoeste chaqueño. “No es un designio de Dios tener un chico malformado. Es un designio de la gente que está cohabitando su propia tierra”, aseguró.

Santa Fe: En Bigand, una localidad de cinco mil habitantes al sur de Santa Fe, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo, realizado en 2002, confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato, denuncia la investigación.

Formosa: Sólo una vez la Justicia falló contra el modelo sojero. Campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. La jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del glifosato), fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, la magistrada fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.

(Por Darío Aranda, Pagina 12, EcoPortal, 14/01/2009)