La Generalitat informó hoy de que el 2 de enero presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulan las autorizaciones administrativas de los parques eólicos de Serra de Vilobí y Serra del Tallat (Lleida).

El Gobierno catalán expuso en un comunicado que los servicios jurídicos de la Generalitat consideran que los procedimientos para obtener las autorizaciones energéticas y urbanísticas son diferentes y que no interfieren el uno con el otro.

Así, argumentó que las autorizaciones energéticas no tienen por objeto valorar si se da cumplimiento a la normativa urbanística, sino sólo verificar el cumplimiento de la normativa sectorial eléctrica.

Destacó que la presentación del recurso por parte de la Generalitat permitirá que los dos parques continúen su actividad hasta que éste se resuelva de forma definitiva, y que las sentencias del TSJC "no cuestionan, en ningún caso, la legalidad de las autorizaciones energéticas concedidas por la Dirección General de Energía y Minas, puesto que se respetaron los procedimientos establecidos por la normativa eléctrica".

El anuncio del Gobierno catalán se produjo después de que la entidad ecologista Ipcena anunciase hoy en rueda de prensa que el TSJC ha anulado las autorizaciones por las que se instalaron los dos parques eólicos citados. Los ecologistas habían recurrido contra la antigua Conselleria de Trabajo e Industria y la empresa Acciona.

Los abogados de Ipcena explicaron que la Sala Contencioso-administrativa del TSJC consideró que el emplazamiento de estos parques es "incompatible" con el planteamiento urbanístico de dichas zonas. Por ello, ambos parques "se encuentran en situación de ilegalidad desde el punto de vista urbanístico".

Para los ecologistas de Ipcena (Institución de Poniente para la Conservación y el Estudio del entorno Natural) --perteneciente a Ecologistes de Catalunya (EdC)-- estas sentencias, que aún no son firmes, "pueden sentar jurisprudencia aplicable al resto de centrales eólicas de Catalunya". De hecho, si prosperan, tardará unos tres o cuatro años en materializarse el derribo de los parques eólicos.

Por su parte, la patronal EolicCat, que agrupa a 50 empresas del sector eólico en Cataluña, emitió un comunicado en el que destacó que la sentencia del TSJC "no es firme y, por tanto, no crea jurisprudencia". Por ello, pidió "prudencia" y no declarar ilegales los parques eólicos.

EolicCat también recalcó que la sentencia "sólo ha estimado parcialmente una de las múltiples peticiones de recurso, de manera que la mayoría han quedado anuladas".

(Ecotícias, 08/01/2009)