Greenpeace ha pedido en el Consejo Consultivo de Electricidad (1) que las tarifas eléctricas sean verdaderamente progresivas, de forma que paguen más quienes más energía gasten, y que se ponga en marcha una negociación transparente y abierta para que desaparezca cuanto antes el déficit tarifario, sin chantajes como la pretensión de las eléctricas de conseguir alargar la vida de las nucleares.

Tarifas progresivas para promover la eficiencia
Aunque el sistema de tarifas propuesto por el Gobierno incluye cierto grado de progresividad, ya que la subida de tarifas es proporcionalmente mayor para los consumidores de mayor potencia contratada, Greenpeace pide que las tarifas se gradúen en función de la energía realmente consumida, de forma que sean proporcionalmente mayores para quienes más energía gastan, pues una cosa es la potencia contratada y otra distinta el consumo real de energía.

"Hay que penalizar los derroches, ya que la generación de electricidad es la mayor fuente de emisión de CO2. Es injusto que paguen lo mismo por un kilovatio-hora quienes hacen un uso moderado y eficiente de la electricidad que quienes la malgastan", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España.

Aunque las tarifas incluyen un recargo cuando el consumo supere los 500 kWh mensuales (pero sólo hasta 15 kW contratados), Greenpeace propone establecer recargos crecientes en tramos de 100 kWh mensuales para todas las tarifas. La problemática social que pueda darse con aquellos suministros que superen esos niveles pero que correspondan a un número alto de personas por contrato, deben resolverse a través del IRPF, no mediante una subvención en la tarifa eléctrica. Además, la propuesta del Gobierno no incentiva el ahorro energético, ya que establece las mismas tarifas (mismo término de potencia y mismo término de energía) para todos los consumidores domésticos (a excepción de la "Tarifa social" o los de menos de 1 kW contratado), y lo mismo hace con todas las PYMEs entre sí, y además baja el término de potencia a las PYMEs con más potencia contratada.

Acabar con el déficit tarifario sin chantajes
El problema más grave de las tarifas actuales no es la subida (que equivale a poco más de un euro al mes para el consumidor doméstico medio y poco más de cuatro euros para el total de consumidores en baja tensión), es el insostenible déficit tarifario, una bola de nieve que no para de crecer. El déficit proviene de una política absurda de fijar las tarifas eléctricas por debajo del coste de la electricidad en el mercado. Esta medida, aunque parezca beneficiar a los consumidores, realmente les perjudica de forma grave, porque:

- Los consumidores acumulan una deuda cada vez mayor, y quedan obligados a pagar, con intereses, el déficit de cada año durante los 15 años siguientes. En las tarifas de 2009 se destinarán 1.689.624.000 € a pagar déficit de años anteriores.

- Los consumidores, engañados por unos precios políticos de la electricidad más bajos de lo que son realmente, gastan más energía de la que gastarían si supiesen el verdadero coste. Esa energía vendida de más sólo beneficia a las compañías eléctricas (que acabarán cobrando aunque sea más tarde) y a los bancos que eventualmente compren la deuda. Con este sistema se encubre y favorece el derroche de energía.

- Los consumidores se ven privados de ejercer su derecho a elegir suministrador (y por tanto no pueden elegir el origen de la electricidad que compran), ya que ningún comercializador puede competir con los precios políticos de las tarifas (no pueden comprar energía cara en el mercado para venderla barata a los consumidores).

Según cálculos de la CNE, para que no se produjese más déficit las tarifas deberían subir alrededor de un 30%, pero como ningún gobierno se atreve a aplicar esa subida de golpe para nivelar el error acumulado por los gobiernos anteriores, Greenpeace exige una solución negociada y transparente entre todos los miembros representados en el Consejo Consultivo de Electricidad para acabar cuanto antes con el déficit. Lo que hace falta es una estrategia clara que marque los plazos y la senda a seguir.

Greenpeace se opone rotundamente a falsas "soluciones" al déficit de tarifa, como la pretensión de sacar de la tarifa y llevar a los presupuestos generales del Estado las primas a las renovables y la cogeneración, o el posible alargamiento de vida de las nucleares como moneda de cambio pactada a escondidas entre el Ministerio y las eléctricas. El déficit no ha sido producido por las tecnologías renovables y la razón por la que reciben primas es que sustituyen a otras tecnologías sucias de alto coste ambiental, por lo que es lógico que sean los consumidores de electricidad los que paguen lo que cuesta producirla, no los contribuyentes. Greenpeace considera un engaño a los ciudadanos, además de ilegal, el que el Ministerio de Industria pretenda utilizar el alargamiento de vida de las centrales nucleares como moneda de cambio en las negociaciones que mantiene con las eléctricas para buscar una solución al déficit de tarifa, lo que supondría de facto un incumplimiento del compromiso del Gobierno socialista de cerrar las centrales nucleares.

Para aliviar el coste total de la electricidad, Greenpeace pide eliminar de las tarifas de 2009 todas las subvenciones a las energías sucias, como: los 93 millones de euros de primas al carbón nacional; los 71 millones de euros para la gestión de residuos radiactivos; los 65 millones de euros de la central térmica de Elcogas; o los 3 millones de euros por la antigua moratoria nuclear.

Respecto a la partida destinada a planes para realizar la limpieza de la vegetación de los márgenes por donde discurren las líneas eléctricas de distribución, Greenpeace propone que para cobrar ese dinero se exija que la vegetación retirada se aproveche energéticamente como biomasa.

En cuanto a la capacidad de intercambio comercial de las interconexiones con Francia y Portugal, Greenpeace propone que se dé prioridad a la electricidad procedente de fuentes renovables.

NOTA:

(1) El Consejo Consultivo de Electricidad es un órgano consultivo de la Comisión Nacional de Energía, en el que Greenpeace representa a las organizaciones de defensa del medio ambiente. La Comisión tiene que emitir un informe preceptivo antes de que el Gobierno pueda aprobar las tarifas, y para ello es también preceptivo que oiga la opinión del Consejo Consultivo.

(Greenpeace, 18/12/2008)