El pasado día 3 de octubre, se llevó a cabo un operativo policial en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria (Chiapas) en el que participaron elementos de seguridad pública, y Procuración de Justicia a nivel estatal y federal para ejecutar diferentes órdenes a partir de la averiguación previa con motivo de la toma del predio del centro ceremonial de Chinkultik por parte de la comunidad. Como resultado de este operativo, 6 campesinos indígenas fueron asesinados, lesionados de diversa gravedad dieciseis personas y treinta y seis indígenas detenidos.

Según el Ministro de Justicia de Chiapas, este operativo se llevó a cabo en coadyuvancia con las autoridades federales en respuesta a la denuncia presentada por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para restituir a la Federación el Parque Nacional Lagos de Monte Bello y la zona arqueológica de Chinkultik.

Sobre las 11 de la mañana del día 3, se inció el operativo con la participación de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial quienes ingresaron en la comunidad de forma violenta, tirando gases lacrimógenos y allanando domicilios. Los habitantes de la comunidad, los desarman, enecerrándolos en la Casa Ejidal. Posteriormente, sobre las 17,30 horas, 300 elementos de las mismas policías, ingresan en la comunidad con lujo de violencia produciéndose un enfrentamiento, los policías disparan sus armas de fuego hiriendo a varias personas, dos de ellas Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez, quienes fallecen mientras son trasladados al Hospital de Amparo Agua Tinta (municipio de Las Margaritas).

El Sr. Agustín Alfaro Alfaro junto con su esposa Eloisa Margarita Espinoza Morales, que llevaba en brazos a uno de sus hijos acuden con su vehículo para trasladar a diversos heridos. Suben a su camioneta a Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García para llevarlos al hospital más cercano. En el camino son interceptados por un retén de la Policía Estatal Preventiva quien les dispara. Al bajarlos, son ejecutados quedando herido Miguel Martínez, la señora y su hijo resultan ilesos.

Las 36 personas detenidas fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas y a la Trinitaria y posteriormente liberados el 5 de octubre a las 21 horas a cambio de las armas y objetos sustraídos a los policías por parte de la comunidad. Permanecen heridos por arma de fuego 6 personas que continúan hospitalizadas

El 7 de septiembre pasado, ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo se apoderaron de la administración de la zona arqueológica Chinkultik porque consideraron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le había dado mantenimiento adecuado y usufructúaba excesivamente el sitio sin que ello genere beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo a pesar de que las negociaciones con las autoridades comenzaron poco después de que las comunidades tomaran posesión de las instalaciones. La más reciente reunión con funcionarios estatales se efectuó este jueves pasado y habían acordado seguir platicando, pues les ofrecieron apoyos por más de 600 mil pesos para cosechar jitomates, aguacates y duraznos, propuesta que en principio fue rechazada por los ejidatarios. Estos manifestaron: “Preguntamos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver el problema?”.

El Gobierno del Estado informó que fueron giradas órdenes de presentación a un total de 313 personas vinculadas con estos hechos. Las órdenes de presentación son para 31 agentes del Grupo Táctico de la Policía Ministerial del estado, cuatro peritos de la Dirección de Servicios Periciales del Ministerio de Justicia estatal, y el resto, a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El gobierno chiapaneco confirmó también la sindicación de cinco policías estatales preventivos: Amilcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez, quienes permanecen en calidad de presentados y sujetos a investigación por su presunto vínculo en el delito de homicidio.

El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, llego la noche del domingo día 5 a la colonia Cárdenas, en este municipio, en donde sostuvo una reunión a puerta cerrada con autoridades ejidales de Hidalgo, La Trinitaria y familias afectadas. La administración de Juan Sabines anunció que firmó ya una minuta con ejidatarios, en la cual se determinan, entre otros acuerdos, la indemnización a los deudos de las víctimasEn ambos casos –Centro Ceremonial de Chinkultic y Parque Nacional Lagunas de Montebello- los indígenas tojolabales de las comunidades que en septiembre pasado realizaron su toma pacífica, reivindicaban con ello su justo derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. También el Convenio 169 de la OIT suscrito por México el 5 de septiembre de 1990 cuyo artículo 14 dice así: "deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia". Según el art. 133 de la Constitución Mexicana, los convenios internacionales tienen rango y norma constitucional.

Es ya una práctica recurrente en Chiapas así como en México, que está Comisión ha podido documentar en sus informes, la respuesta por parte del estado a los conflictos sociales mediante la represión, criminalizando expresiones justas de la protesta mediante operativos policiales desmedidos que se ejercen en una total impunidad. A pesar de la detención y procesamiento de algunos elementos de la policía por las graves violaciones cometidas en este operativo, queda constancia de no haber sido afectados los responsables en la línea de mando así como los responsables políticos de tales hechos. En algunos caso esta respuesta inmediata no se corresponde con delimitación de responsabilidades y las sentencias correspondientes sino que terminan en meras sanciones administrativas como es el caso reciente de Atenco El recurso inmediato a las indemnizaciones económicas tanto a las familias como a la comunidad mediante apoyos que en ningún caso resarcen el daño ni satisfacen las demandas de justicia, hacen crecer la sospecha de que con ellas, lo que se pretende es mantener la impunidad sin ejercer la justicia contra los funcionarios públicos responsables.

Ya alertamos en nuestra última visita a Chiapas sobre la situación de alarma ante los conflictos derivados de la tierra y el territorio. El caso de Agua Azul lo situamos como un caso paradigmático en el que confluyen los proyectos del estado frente a la autonomía de las comunidades y que tuvo también su decuncia por agresión y tortura por parte de policías del estado implicados con parmilitares de la OPDDIC. También hay que recordar la masacre de Acteal que a más diez años de los hechos sigue sin haberse cerrado en cuanto a los responsables intelectuales de la matanza, negándose los familiares y la comunidad a aceptar el acuerdo por parte del gobierno del estado.

Son muy graves los hechos ocurridos en Chikultik y las reacciones oficiales repiten los patrones denunciados en México a saber: la criminalización de la protesta social, la falta de solución política y dialogada a los conflictos; las indemnizaciones como forma de tapar la responsabilidad institucional ante la necesidad de hacer justicia y dar satisfacción a las demandas de las comunidades; la delimitación de responsabilidades sobre funcionarios en un nivel mínimo que no conlleva ni tan siquiera condenas firmes y la falta de procesamiento de los responsables.

Todo ello pone en cuestión el funcionamiento de la justicia, de los cuerpos de seguridad del estado y de los responsables políticos que no atacan las causas de raíz. Una matanza más en Chiapas que anuncia más impunidad y defiende un patrón de actuación que se ha manifestado como ineficaz e injusto.

(La Biodiversidad, 10/10/2008)