La nueva realidad de territorios que se reorganizan funcionalmente con emergentes flujos poblacionales, de bienes e información introducen inesperadas estructuraciones que no alcanzan una paralela institucionalidad. Los cambios socio-productivos generan nuevas demandas que revalorizan el sistema de recursos naturales originando nuevas intervenciones que atraviesan fronteras nacionales y continentales.

Este escenario refocaliza las actividades productivas y de servicios originando núcleos de tensión en los confines de las jurisdicciones territoriales en el nivel supra y subnacional. El caso de Fray Bentos – Gualeguaychú constituye un caso paradigmático de este género de situaciones en contextos de globalización.

Esta circunstancia de “micro espacios supranacionales en conflicto” (ABBA, A. P., 2007), ya comentada en medio de la crisis, no ha sido zanjada y se espera un mágico colofón judicial de una Corte Internacional. Dado los límites que tiene un tratamiento de ese carácter persisten los “riesgos y consecuencias no deseadas
del enquistamiento de un conflicto” (ABBA, A. P., 2008)

Los proyectos de integración territorial (pasos fronterizos, aprovechamientos mono-recurso o administración de un territorio común) algunos mejor gestionados que otros son ejemplos, en la misma región (Salto Grande o Yaciretá, etc.) de creación de institucionalidad, en los casos citados solo de nivel operativo (proyecto, obra y operación), que contienen estos sistemas transnacionales montados en recursos en común. En el caso considerado el sistema a contener es más complejo,administración de territorios con asentamientos humanos preexistentes y actividades competitivas entre si, y deberían encontrarse escenarios de compatibilización en un horizonte de sustentabilidad.

Malestar latente de un territorio en tensión
A más de 3 años del comienzo del conflicto, y a 19 meses que el puente Gral. San Martín que une los dos países permanece cerrado por piquetes de grupos ambientalistas, la sensación es de una gran frustración. El desencuentro suscitado entre dos proyectos de desarrollo no compatibles en la cuenca baja del Río Uruguay afecta un ecosistema transfronterizo indivisible desde el punto de vista social, económico y territorial.

Si bien el enfrentamiento en materia de retenciones a las exportaciones entre las organizaciones representativas del sector agropecuario y el Gobierno Argentino ha ocupado de manera excluyente la atención local durante varios meses, alcanzando nivel internacional por las consecuencias económicas y políticas originadas, la controversia alrededor de la instalación de una pastera celulósica en Fray Bentos, afectando un recurso compartido, permanece latente e irresuelta. En ese contexto los actores decisorios de ambas orillas no han avanzado en políticas de desarrollo comunes superadoras para la micro-región Fraybentina-Gualeguaychense de las que se desprenderían los criterios para evaluar ese y otros emprendimientos productivos que afecten los recursos naturales comunes (ABBA, A. P., 2006).

Esta situación facilita y acelera el avance de otros proyectos de incierta sustentabilidad en tanto los países afectados no establezcan los andariveles normativos exigibles y efectúen un seguimiento exhaustivo de los sucesivos avances. Esta situación constituye una amenaza subyacente pronta a estallar cuando se despejen los cargados nubarrones originados por el conflicto por las retenciones al campo.

Constituye un irrenunciable mandato anticiparse a la reinstalación de un frente de hostilidad entre los dos países que no favorece a ninguno de los dos pueblos hermanos. Este precepto es extensivo a los países del bloque del MERCOSUR y es imperioso que así sea dado el futuro de desarrollo cada vez mas asociado y la emergencia de un número cada vez mayor de proyectos de integración transnacional, que dejaran a este enfrentamiento como un hecho fortuito, pero de suma importancia por haber iluminado el vacío jurídico-normativo sobre el manejo sustentable de los recursos compartidos.

El “emblemático” José “Pepe” Mujica, Ministro de Agricultura, Ganadería y Producción del Uruguay, decía refiriéndose a las pasteras en una entrevista que le hizo un diario argentino: “el gobierno las tiene que eliminar si generan el menor problema al medioambiente. Esto está hablado al máximo nivel del gabinete. Lo que deberíamos exigirnos entre todos, es crear un tribunal técnico del MERCOSUR”…..”En estas cosas necesitamos autoridades supranacionales. Y lo necesitamos en varios frentes.
Lo necesitamos en la aftosa, no sirve de mucho combatirla en un solo país, si el vecino no hace nada. Estamos en una necesidad geopolítica, donde las fronteras políticas han quedado chicas frente a las fronteras ambientales o ecológicas” (El Argentino, 2005).

Como si fuera parte de un mismo libro Aldo Ferrer dice: “deben introducirse las políticas públicas comunitarias en el MERCOSUR. Así convertiremos problemas, como el de las papeleras de Fray Bentos, en oportunidades de desarrollo, empleo y construcción nacional de nuestros países, en el espacio solidario de la región” (CLARIN, 2006).

Heráclito se baña en las aguas del Uruguay
Las dialécticas aguas del río compartido por Uruguay, Argentina y también Brasil ameritan un control conjunto. Varias organizaciones, estatales o no gubernamentales han asumido la responsabilidad de medir los niveles de alteración de las condiciones del curso fluvial pero hasta el momento no existe acuerdo alguno en el que, el cuando y el como medir. Más aun, se ha escuchado de algunos actores institucionales de “mediciones secretas” que oportunamente pondrán a consideración pública.

Durante los primeros 20 días de la puesta en funcionamiento de la planta Green Cross, organización no gubernamental creada por Mikhail Gorbachov, midió la contaminación del aire por emanaciones de dióxido de azufre. Este monitoreo, en el período en que la planta llegó a trabajar, según la ONG, al 61 % de su capacidad dio resultados negativos respecto de la toxicidad de las emisiones. Según los ambientalistas de Gualeguychú los directivos de Botnia sólo estaban haciendo funcionar la planta al 15 % a fin de cuidar que los primeros monitoreos no alarmen a la población.

Los monitoreos que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y de la propia Botnia han dado a conocer varios monitoreos que indicaban que la planta no afecto al ecosistema. Por otro parte “el misterio” rodea a las mediciones que está llevando a cabo en Gualeguychú la Secretaría de Medio Ambiente de la Argentina, consignándose en esa nota, que los resultados se conocerían recién en marzo de este año (LA NACION, 2008).

El Dr. Mario Parisi, responsable de Investigación y Desarrollo de la Universidad Favaloro, sostiene, que en tanto según su apreciación no existen tecnologías en el país para la detección de residuos clorados que se viertan al río Uruguay, sería necesario crear un Laboratorio Nacional de Control Ambiental (LANCA) de última generación. Y, mientras tanto propone la urgente toma de muestras adecuadamente distribuidas en el tiempo y el espacio, a fin de acumular datos sistemáticos y comparables cuando se cuente con los medios adecuados necesarios o bien su envío a laboratorios en el exterior (PARISI, 2008).

Sin embargo posteriormente desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se informa que investigadores de los departamentos de Geología, Ciencias de la Atmósfera y Biología de esa casa de estudios con asistencia de la CNEA y la Universidad de Luján trabajaron a pedido de la municipalidad de Gualeguaychú en determinar entre agosto de 2006 y octubre del 2007 en determinar la “línea de base “ del ambiente ex ante, que permitiría comparar con la situación ex post del funcionamiento de Botnia. El informe final sería entregado al Municipio a los pocos meses de la difusión de esa información (CLARIN, 11/01/08).

Lo que Heráclito de Éfeso aconsejaría a esta altura de los acontecimientos sería la fijación de parámetros comunes, el establecimiento de líneas de base del estado del fluido, y la periodicidad de las mediciones necesarias para su monitoreo. Pero, un prerrequisito para esto es que ambas partes se sienten en una misma mesa para avanzar en ese sentido, y la realidad es que muy lejos se está de tal posibilidad.

En esa dirección se encamina el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay (PIT-CNT), encomendó a la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros (FOPyC) trabajar en un protocolo ambiental y un monitoreo conjunto para discutir con la parte argentina. El representante de de la FOPyC ante el PIT-CNT, Jorge Burgueño planteó que les parece fundamental que en la región se establezcan reglas para la instalación de las plantas y se cree una comisión para el monitoreo BUSTAMANTE, M., 2008).

Dice Antonio Brailovsky que un “conjunto de torpezas convirtió en una situación trabada lo que debió haber sido una estrategia de cooperación ambiental. Para peor, había buenos antecedentes en ese sentido: a partir de 1988, los municipios argentinos y uruguayos de la cuenca formaron CIMARU (Comisión Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Uruguay), en la cual discutieron estrategias conjuntas de política ambiental. Es lo que hay que volver a hacer” (BRAILOVSKY, A. 2008).

(Revista Ambiente, 02/10/2008)