Por un lado, en el marco de la Rural del Prado, el dirigente blanco Luis Alberto Lacalle destacó la injusticia de que mientras los camiones de madera destruyen las carreteras sin pagar un solo tributo, se cobren impuestos solo a los camiones que cargan ganado. También aquí se evidencia otro subsidio a las empresas forestales, que por supuesto no fue tomado en cuenta por Lacalle cuando desde la presidencia impulsó este mismo modelo forestal.

También en el marco de la Rural, tuvo gran destaque una manifestación contra el latifundio y nadie ignora que hoy los más grandes latifundios están en manos de empresas forestales y que entre Ence, Botnia y Weyerhaeuser concentran más de 500.000 hectáreas de tierras. A ellas se suman la sueco-finlandesa Stora Enso, empresas chilenas, brasileras, norteamericanas, uruguayas COFUSA, FYMNSA y otras. Entre todas, constituyen un enorme latifundio forestal de más de 850.000 hectáreas.

En esos mismos días se informó acerca de una serie de accidentes carreteros en los que estuvieron involucrados camiones cargados de madera. El gremio de los transportistas culpa de los mismos a las largas horas de trabajo que deben cumplir los camioneros para lograr un salario decente. De acuerdo con Sindicato Único del Transporte de Cargas y Afines (SUTCRA) "nadie hace menos de 12 horas. Incluso en áreas como la del transporte de chips de madera se pasan de tres a cuatro días de corrido y sin parar, descansando sólo 10 minutos cada hora". Si bien éste es un tema que también involucra a otros sectores, no es menos cierto que los bajos costos de transporte constituyen una importante forma de subsidio al sector forestal.

A su vez, los cuestionamientos del sector empresarial a la ley de tercerizaciones llevaron a que el ministro de trabajo Bonomi aportara cifras espeluznantes acerca de los índices de accidentalidad experimentados en el sector forestal antes de la aprobación de dicha ley, con 60 accidentes graves y 7 muertes en un solo año. Dichos accidentes y muertes fueron la consecuencia de un sistema de subcontratación explotador, que benefició a las empresas forestales con los bajísimos costos de mano de obra que hicieron muy rentable su inversión... a costa de los trabajadores y de su integridad física.

Todo lo anterior no son más que algunas perlas de un collar mucho más largo, que llevaron a que el 21 de setiembre una serie de organizaciones (1) emitiera una declaración que cuestiona duramente al modelo forestal y que termina haciendo “un llamamiento para que el Uruguay Productivo pueda convivir con el Uruguay Natural y para que ambos resulten en el Desarrollo del Uruguay social y ambientalmente justo al que todos aspiramos. Ello implica la necesidad de un cambio sustancial en el rumbo hasta ahora seguido en materia forestal y que, de la misma forma que el Estado brindó en su momento su apoyo a dicho sector (más de 400 millones de dólares), se hace imprescindible e impostergable que ahora vuelque sus recursos económicos y técnicos hacia la concreción de un modelo de desarrollo basado en la producción familiar y la soberanía alimentaria. Para ello, es imprescindible que se reconozca formalmente la Función Social de la Tierra y que las políticas agropecuarias se centren en el siempre vigente principio artiguista de que “los más infelices sean los más privilegiados”.

(1) Comisión Nacional de Fomento Rural, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, Grupo Guayubira, Rapal – Uruguay, REDES - Amigos de la Tierra, Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación

Por más información o entrevistas:

Grupo Guayubira
410 0985 / 413 2989 / 099 367 966

Copiamos a continuación el texto de la Declaración difundida con motivo del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles:

Organizaciones plantean alternativas frente al modelo forestal
Declaración en el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles 21 setiembre de 2008

En el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, las organizaciones abajo firmantes desean dar a conocer al Estado y a la opinión pública su preocupación frente al avance de un modelo forestal que atenta contra los intereses nacionales y proponer alternativas social, económica y ambientalmente sustentables.

Los resultados del modelo forestal hasta ahora promovido con gran intervención del Estado están a la vista:

1) La creciente concentración y extranjerización de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y en particular extranjeras; mientras cada vez se ve más ganado pastoreando al borde de las carreteras por falta de tierras, ya que los pequeños productores ganaderos van perdiendo campo como consecuencia del alto costo de los arrendamientos, tres empresas extranjeras son propietarias de más de 500.000 hectáreas.

2) El vaciamiento del campo y la desaparición de pequeños agricultores, acompañados del cierre de escuelas rurales y la proliferación de taperas.

3) Una disminución en la producción de alimentos, por la sustitución de esos suelos por plantaciones de árboles para madera, celulosa y otros rubros controlados por el agronegocio, como la soja.

4) Una grave afectación de los principales recursos naturales del país -agua y suelo- que en el caso del agua impacta sobre la producción familiar, forzándolos en muchos casos a la migración y en el caso del suelo con un constatado proceso de degradación de difícil reversión.

5) La escasa generación de empleos, caracterizados por el trabajo a destajo, bajos niveles salariales, inseguridad laboral, subcontratación y bajo nivel de sindicalización.

6) La escasez y el encarecimiento de madera para leña y para el abastecimiento de aserraderos locales por la concentración de la materia prima por grandes empresas que la destinan a la producción de celulosa y/o a la exportación.

Este modelo de forestación ha beneficiado a un puñado de grandes empresas, en su mayoría con capitales extranjeros, en tanto que para la mayoría de la población rural ha resultado en muchos más perjuicios que beneficios. Al mismo tiempo, los grandes monocultivos de pinos y eucaliptos han impactado sobre los principales recursos naturales del país, poniendo en cuestión la sustentabilidad a largo plazo.

Por esa razón, las Organizaciones abajo firmantes proponemos:

1) La suspensión inmediata de los permisos para plantaciones de pinos y eucaliptos, salvo aquellas de pequeña escala para abrigo, sombra, leña o insumos de auto-abastecimiento del predio rural.

2) El inicio de un proceso de revisión de la actual legislación forestal (ley 15939 y decretos acompañantes) con la más amplia participación de sectores de la sociedad civil, especialmente los más perjudicados.

3) El inicio de un proceso de evaluación de los impactos sociales y ambientales de las áreas actualmente forestadas y la adopción de medidas para eliminar o mitigar dichos impactos, incluyendo la erradicación de aquellas áreas plantadas cuyos impactos así lo ameriten.

4) La aplicación al sector forestal del artículo 47 de la Constitución, que restableció la soberanía del país sobre la gestión de los recursos hídricos.

5) La adopción de un marco legal que impida la concentración de la tierra poniendo un tope a la tenencia de la misma.

6) La adopción de políticas nacionales para garantizar la permanencia y mejora de calidad de vida del productor familiar.

En definitiva, hacemos un llamamiento para que el Uruguay Productivo pueda convivir con el Uruguay Natural y para que ambos resulten en el Desarrollo del Uruguay social y ambientalmente justo al que todos aspiramos. Ello implica la necesidad de un cambio sustancial en el rumbo hasta ahora seguido en materia forestal y que, de la misma forma que el Estado brindó en su momento su apoyo a dicho sector (más de 400 millones de dólares), se hace imprescindible e impostergable que ahora vuelque sus recursos económicos y técnicos hacia la concreción de un modelo de desarrollo basado en los pequeños y medianos productores agropecuarios, con particular énfasis en la producción familiar.

Para ello, es imprescindible que se reconozca formalmente la Función Social de la Tierra y que las políticas agropecuarias se centren en el siempre vigente principio artiguista de que “los más infelices sean los más privilegiados”.

Comisión Nacional de Fomento Rural
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
Grupo Guayubira
Rapal - Uruguay
REDES - Amigos de la Tierra
Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación

Por mayor información y/o entrevistas:

Comisión Nacional de Fomento Rural
Fernando López - 099 159 862
Secretario General

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Adriana Marquisio - 098 393 963

Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
Luis Moresco - 099 894 633
Presidente

Grupo Guayubira
Ana Filippini - 099 367 966

Rapal - Uruguay
María Isabel Cárcamo - 099 613 193

REDES - Amigos de la Tierra
María Selva Ortiz - 099 259 822

Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación Rel-UITA

(La Biodiversidad, 25/09/2008)