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exploração de gás exploração de petróleo direitos indígenas
2008-09-22

La explotación de recursos naturales -hidrocarburos- en Colombia ha tenido un auge sin precedentes en el último siglo, respondiendo por un lado a los programas de desarrollo que han establecido sus gobiernos, y por otro a la exigencia de estos recursos que exige el mercado mundial. Impacto de los megaproyectos en territorios indígenas en Colombia.

La explotación de recursos naturales -hidrocarburos- en Colombia ha tenido un auge sin precedentes en el último siglo, respondiendo por un lado a los programas de desarrollo que han establecido sus gobiernos, y por otro a la exigencia de estos recursos que exige el mercado mundial.

Esto ha generado modificaciones en aspectos socioculturales de los pueblos o comunidades donde se realizan actividades de explotación y extracción de hidrocarburos, y por ende vulneración de los derechos humanos de esas comunidades. Así lo demuestra el estudio realizado por Human Rights Everywhere, HREV, titulado: “Tierra Profanada: Impacto de los megaproyectos en territorios indígenas en Colombia”.

En la segunda parte del estudio, realizado en 1995 a petición de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para dimensionar el impacto que los megaproyectos causan en los pueblos indígenas y sus territorios, se analiza el impacto de los cultivos ilícitos[1] y, en este caso, el impacto de la explotación de hidrocarburos.

Human Rights sostiene que “no se trata solamente de un problema económico. Con la llegada de las empresas de explotación de hidrocarburos llega la vulneración del territorio, el debilitamiento cultural de las comunidades, la violencia armada del ejército y de los grupos ilegales, la inseguridad alimentaria…”

La organización internacional indica que “los pueblos indígenas de Colombia han tenido que resistir y luchar contra el brutal impacto de los proyectos de explotación de hidrocarburos en el país. Pero lo peor está por venir. Si se cumplen las previsiones de exploración y producción de hidrocarburos del Gobierno colombiano y de las empresas del sector petrolero, 42 pueblos indígenas y 358 de sus resguardos (territorios legalizados y reconocidos por el Estado) sufrirán los efectos de este megaproyecto”.

En este sentido señala que, conocer la historia reciente del impacto de la industria petrolera en territorios indígenas y conjugarla con las previsiones de exploración y producción futura, es necesario para que los pueblos indígenas puedan plantear estrategias de resistencia.

Indica que la industria extractiva petrolera puede considerarse como el paradigma de lo que se conoce como ‘megaproyecto’, especialmente por la imposición de un modelo determinado de desarrollo y por los impactos que tiene en los territorios y poblaciones.

“Su importancia económica como principal motor energético durante todo el siglo XX ha convertido al petróleo en un “recurso” geoestratégico vital para cualquier Estado del mundo, llegando a ser causa de guerras, de grandes ‘bonanzas’ y de dramáticas crisis económicas. La dependencia del petróleo sigue siendo muy acusada para la mayor parte de países del planeta”.

Según el documento, la producción industrial de petróleo se inició en Colombia hace 90 años y “ha sido sinónimo de violencia, exterminio, disgregación social y pérdida territorial para muchos pueblos indígenas. De ello da constancia la memoria histórica de los pueblos Awá, Bari, Inga, Kofán, Sáliba, Siona, Pijao, Sicuani y U’wa entre otros, que han visto cómo la actividad petrolera redujo dramáticamente sus territorios y sus pueblos.

“Otros pueblos, como los Yariguies desaparecieron frente al acoso de la industria petrolera sin que haya quedado apenas constancia histórica del atropello. Teniendo en cuenta este panorama, se va a hacer énfasis en todos los indicadores y datos que permitan incidir de alguna manera en la adopción de estrategias de prevención y resistencia de los pueblos indígenas frente a la gran ofensiva de la exploración de hidrocarburos que se está realizando y que tendrá su máxima intensidad durante los próximos años”.

Human Rights asegura que Colombia es el 29 productor mundial de petróleo, según el ranking de países productores que elabora la Energy Information Administration, EIA, estadounidense.

Sostiene que “pese a no ser un gran productor, Colombia mantiene un saldo exportador positivo, cubre su consumo interno petrolero desde 1985 y exporta el resto. Las exportaciones del sector petrolero son la primera fuente de divisas de Colombia. Las últimas ‘bonanzas’ petroleras fueron las de Caño Limón en 1983 y Cusiana-Cupiagua en 1992. A partir de su máximo productivo, conseguido en 1999, comenzó la declinación petrolera, tendencia que ha sido frenada en el año 2006, según la empresa estatal colombiana Ecopetrol, gracias a los cambios legislativos y al aumento de la inversión petrolera”.

Impactos de la explotación de hidrocarburos
Este estudio -que Actualidad Étnica pone a consideración de los lectores- plantea que “la industria petrolera tiene una serie de impactos que podemos calificar como globales. El impacto de la combustión de hidrocarburos y otros combustibles fósiles tiene una escala planetaria. Todavía no es posible dimensionar todas las consecuencias que el actual modelo de desarrollo dependiente del petróleo está ocasionando en el ecosistema planetario, pero muchas de ellas están bien presentes desde hace tiempo en amplias zonas del planeta, tanto en las áreas de consumo como en las de su producción”.

Human Rights advierte que como todas las actividades económicas de tipo extractivo, la industria petrolera provoca grandes impactos socioeconómicos y ambientales en sus zonas de extracción. En el mismo sentido, afecta la cultura y permanencia de las comunidades que habitan en zonas cercanas a la actividad extractiva de hidrocarburos.

A rasgos generales, según Human Rights, los siguientes son los principales aspectos y consideraciones a tratar luego de realizar el estudio:

El Estado colombiano está decidido a aumentar los proyectos de explotación de hidrocarburos en el país para garantizar el autoconsumo y fortalecer un sector que en 2007 supuso 3.429 millones de dólares en inversión extranjera. Para ello, ha renunciado a buena parte de los réditos que debería reportarle el sector y convierte a las empresas concesionarias en las principales beneficiarias de los hallazgos relacionados con hidrocarburos. Esta situación se agrava por el mal uso de las regalías y la corrupción asociada a la concentración y manejo de las mismas.

Muchas de las zonas donde se identifica la posible existencia de reservas de hidrocarburos están ubicadas en el subsuelo de resguardos indígenas. Esto sitúa a los pueblos indígenas en un estado de gran vulnerabilidad, ya que tal y como ha venido ocurriendo hasta el momento, la exploración y explotación de hidrocarburos ha estado siempre asociada a la violación de sus derechos como pueblos indígenas, de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales.

La afectación a los pueblos indígenas no sólo es territorial (integridad, manejo autónomo, equilibrio ecológico), sino que atenta directamente contra su “ser cultural”, su peso político, su integridad como comunidades sujeto de derechos y de manera drástica contra su seguridad alimentaria.

Con el inicio de estos megaproyectos en los territorios indígenas no sólo llega la invasión colonizadora sino también el conflicto armado con la presencia hostil del ejército y de los grupos ilegales que controlan parte de la economía paralela asociada a los megaproyectos.

Las previsiones del sector y de las instituciones del Estado responsables permiten predecir un incremento muy significativo de la exploración y producción petrolera en territorios indígenas. A mayo de 2008, se cuantificaban 27 pueblos indígenas afectados con 108 resguardos en las zonas de explotación y transporte de hidrocarburos. Las previsiones de la industria petrolera, de cumplirse, afectarían a otros 42 pueblos y a 358 resguardos (la mitad de los reconocidos por el Estado a 2006).

La prospección permite a los pueblos indígenas preparar las estrategias de resistencia para evitar que el atropello brutal sobre sus territorios y sus comunidades siga aumentando.

(EcoPortal, 19/09/2008)


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