El jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) dio a conocer este fin de semana los fallos de los diez casos vistos en la audiencia que se llevó a cabo esta semana en la ciudad de Antigua, Guatemala. Esta quinta audiencia del TLA estuvo dedicada a casos que afectan el acceso al agua de territorios y tierras de los pueblos indígenas.

Como en las audiencias anteriores, el jurado, integrado en esta ocasión por diez distinguidas personalidades, encabezado por el jurista guatemalteco Augusto Willemsen y por la copresidente, doctora Catharina Wesseling, analizó durante toda la semana la presentación de los demandantes y las respuestas de las contrapartes en casos que van desde problemas de minería a cielo abierto, hasta la construcción de represas.

En esta ocasión hay que destacar los acuerdos logrados en cuatro casos discutidos en el Tribunal, en que las partes firmaron documentos en los que expresan su voluntad de seguir negociando para encontrar una solución a los diferendos. Entre esos casos está el de la construcción de una represa en el río Teribe, Panamá, por la sucursal de Empresas públicas de Medellín, en el que las partes acordaron buscar un acercamiento que propicie la solución de este conflicto.

También hubo acuerdo en el caso del Río San Juan, en Guatemala, entre los representantes de la comunidad Maya Chalchiteka y el instituto Nacional de Bosques.

En el caso de la amenaza contra la laguna Chichoj, en el departamento guatemalteco de Alta Verapaz, la Asociación de Desarrollo Integral se reunió aquí con el alcalde de San Cristóbal, con quien acordaron medidas par enfrentar los problemas que enfrenta esa laguna.

Finalmente, también hubo acuerdo en el caso del vertedero de desechos peligros en Jilotzingo, estado de México, entre los demandantes y la Dirección de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

En los demás casos, el jurado, luego de un cuidadoso análisis de los hechos presentados, determinó responsabilidades y emitió recomendaciones orientadas a resolver los problemas que amenazan el ambiente, en particular la calidad y la cantidad de agua disponible para las poblaciones denunciantes.

Las recomendaciones y resoluciones del Tribunal no tienen poder coercitivo. El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia de justicia alternativa que busca contribuir a la solución de esos conflictos.

(Por Aldo Palacios, director Revista Ambiente - Managua, AmbienteBrasil, 16/09/2008)