Quizá reflejando un sentimiento de creciente preocupación a nivel nacional, Teledoce en internet publica el 1º de agosto una entrevista realizada al subsecretario de Industria Gerardo Gadea, bajo el sugestivo título de “República papelera”. En la entrevista, Gadea anuncia la instalación de otra fábrica de celulosa: la de Portucel, en el este del país.
Manifestando una inquietud similar, una periodista le había formulado a Gadea una pregunta que muchos se están haciendo: ¿No serán muchas 4 fábricas de celulosa? (refiriéndose a Botnia, Ence, Stora Enso y ahora Portucel). La respuesta fue la misma que la registrada por Teledoce: “Están los estudios realizados y todavía tenemos paño para plantearlo. Eso lo ha planteado el propio Ministerio de Ganadería, que ha hecho un estudio al respecto y todavía tenemos espacio como para seguir desarrollando la industria forestal en el Uruguay”.
A pesar de todas las tentativas realizadas ante varias reparticiones estatales, Guayubira no pudo acceder al estudio mencionado por Gadea, así que sólo podemos suponer que se estaría refiriendo al hecho de que todavía existen unos 2 millones de hectáreas de suelos definidos como de “prioridad forestal”, que por lo tanto estarían legalmente habilitados para ser plantados con los eucaliptos que Portucel necesita para abastecerse de materia prima.
Sin embargo, el hecho de que puedan ser legalmente plantados no significa que hacerlo sea conveniente. Lo cierto es que ya existe evidencia más que suficiente que muestra que estos grandes monocultivos están resultando en gravísimos impactos sociales y ambientales. Impactos tales como la concentración y extranjerización de la tierra (Botnia ya es propietaria de al menos 180.000 hectáreas de tierra y Ence de otras 180.000). Todo hace pensar que Portucel seguirá el mismo camino en materia de adquisición de tierras para la plantación de eucaliptos destinados a abastecer su planta. Impactos tales como la expulsión rural, como la subcontratación de trabajadores forestales, como la desaparición de cursos y fuentes de agua, como la contaminación con agrotóxicos, como la aparición de plagas, son todos hechos que muestran que el espacio para la forestación ya se acabó.
En Rocha en particular –departamento en el cual se instalaría la empresa– cada vez hay más productores que han quedado rodeados por la forestación, con todos los impactos que ello implica. Son muchos los productores que se están quedando sin campos para el ganado, ya sea por el encarecimiento de la tierra o porque las forestales han ido comprando los campos que ellos arrendaban para pastorear y que, en la medida en que la situación no cambia, están buscando quien se las compre para abandonar el lugar. Las denuncias de falta de agua, de contaminación (que los vecinos atribuyen a los agrotóxicos que se usan en la forestación) y del creciente número de plagas vinculadas a la forestación que afectan sus producciones también llevan muchos años sin obtener respuesta.
Pero además, en el caso de Portucel habría un impacto adicional: la destrucción de La Paloma como recurso turístico. En efecto, el proyecto viene acompañado de la instalación de un puerto de aguas profundas en ese balneario, que serviría para exportar la producción de éste y otros mega emprendimientos a instalarse en la zona.
Al igual que en los casos de Botnia y de Ence, la instalación de Portucel ha sido precedida por la visita del Presidente de la República y sus ministros a la fábrica en el país de origen de la empresa. Como no podía ser de otra manera, se llevaron una buena impresión. Al igual que en los otros dos casos, la empresa aspira a que el Estado le otorgue ventajas tributarias y al respecto, Gadea se adelantó a informar que “es probable que se otorguen beneficios impositivos o de zona franca al grupo inversor”. Tal como en los casos anteriores, se manejan cifras de miles de millones de dólares y de miles de empleos, destinados a conquistar apoyo público a esta inversión. En ese sentido, es importante recordar que Portucel estaría protegida por un Tratado de Protección de Inversiones (1), que entre otras cosas implica la no adopción por parte del Estado de medidas que pudieran ser consideradas “discriminatorias”, tales como el no otorgamiento de las mismas ventajas concedidas a Botnia y Ence. Es decir, la zona franca.
¿No será hora de mirar la realidad en el Fray Bentos post-construcción de Botnia y de hacer un balance serio de los resultados? Por ejemplo, ¿no habría que analizar las razones por las que Río Negro es hoy el departamento con mayor nivel de desempleo del país? ¿No será hora de mirar la realidad de la forestación y de hacer un balance serio de sus impactos? ¿No será hora de preocuparse de no llegar a ser una “República papelera”?
(La Biodiversidad, 07/08/2008)