Alerta: el “relanzado” Plan Puebla Panamá, ahora “Proyecto Mesoamérica” viene tejido entre la dictadura “democrática” de Álvaro Uribe en Colombia, el descaro decimonónico de Torrijos Jr. en Panamá, la complacencia del calderonato en México, más proyanqui que el foxismo, que ya es decir. Y la beatífica bendición de Washington. Cheque si no el lector de Ojarasca la siguiente información.

“Los deberes y obligaciones que deberán cumplir las comunidades indígenas... facilitar los proyectos de inversión que el Estado autorice por medio de contrato de concesiones”, dice una nueva ley panameña. “Se trata de un ataque a la autonomía de los pueblos indígenas de Panamá”. Así califica Anelio Merry, encargado de la Secretaría de Información y Comunicación del Congreso General Kuna (Kuna Yala), el nuevo proyecto de Ley de propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas impulsado por gobierno panameño.

En su sección dedicada a la exposición de motivos, el proyecto de ley dice que “procura llenar el vacío en el otorgamiento de títulos colectivos a favor de aquellos pueblos indígenas que no cuentan con la seguridad jurídica territorial o la delimitación de su comarca. Además, tiene como finalidad la conservación del ambiente y sus recursos naturales y el reconocimiento de su organización social, costumbres y tradiciones”.

Sin embargo, en el párrafo final de la misma sección, añade que “queda plasmada en la presente iniciativa legislativa los deberes y obligaciones que deberán cumplir las comunidades indígenas, como son: la de preservar sin costo alguno para el Estado las áreas naturales dadas en propiedad y la de facilitar los proyectos de inversión que el Estado autorice por medio de contrato de concesiones y que hayan sido declarados de desarrollo estratégico para la Nación”.

El Proyecto de Ley aplicaría este último punto a todas las comunidades indígenas, no sólo a las que buscan conseguir títulos de propiedad colectivos por encontrarse fuera de los territorios delimitados por las comarcas indígenas. En Panamá existen cinco comarcas indígenas a las que la ley les reconoce el derecho a gobernarse a través de sus propios Congresos Generales y a administrar su propio territorio y los recursos naturales que en ella se encuentran.

Según cuenta Anelio Merry, “la propuesta de Ley llegó a nosotros a través del diputado kuna Enrique Garrido, que forma parte de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional. Ésta no es una vía institucional ni formal. Que el texto no fuera entregado por el Ejecutivo a los congresos generales de los diferentes pueblos indígenas nos parece sospechoso”.

El pueblo naso-teribe, que busca que se apruebe la creación de su propia comarca, denunciaba en un comunicado que la ley, al hablar de la “obligación de facilitar proyectos de inversión que sean autorizados por el Estado”, violaría la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que determina que los pueblos indígenas tienen el derecho al consentimiento de manera libre e informada sobre proyectos de desarrollo antes de que se dé la autorización del Estado.

La preocupación creada por la iniciativa legislativa en el Congreso General Kuna, llevó a este último a convocar una reunión el pasado 30 de mayo a la que asistieron buena parte de los pueblos indígenas de Panamá. En ella, en palabras de Anelio Merry, “todos coincidieron en que esta ley está orientada a terminar con la autonomía que tienen los pueblos indígenas”. El Congreso General de la Cultura Kuna (uno de los órganos directivos más importantes de la comarca de Kuna Yala), en una asamblea los días 20 a 26 de mayo, redactó una carta a Martín Torrijos, presidente de Panamá, en la que le solicitaba “retirar dicho proyecto para su esclarecimiento jurídico y revisión del contenido cuyo resultado final sea del consenso”.

Según Anelio Merry, “de parte del Ejecutivo sólo hemos recibido silencio, no ha habido ninguna respuesta acerca de la propuesta de Ley. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas permitió a partir de la solicitud que hizo Kuna Yala que se suspendiera el inicio de las discusiones, ya que querían iniciar el primer debate (en la Asamblea Nacional). Ahora la cai ha decidido crear unas subcomisiones para consultar con los pueblos, cuando eso debería haberse hecho antes”.

Para Merry, detrás la iniciativa legislativa se esconde el interés que el gobierno panameño tiene en diferentes proyectos que afectarían directamente territorios indígenas protegidos legalmente. La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia prevé la instalación de un tendido de 614 kilómetros, parte del cual atravesaría la comarca de San Blas (Kuna Yala) por tierra primero y vía submarina en su parte final. Este proyecto resulta esencial a la hora de establecer una total integración regional que una las infraestructuras del Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC) y la Iniciativa para la Integración de la Infra-estructura Regional Suramericana (IIRSA).

Una integración que también afectaría a la comarca Ngöbe-Buglé, dado que el tramo panameño del SIEPAC espera cruzar toda su zona sur.

Así, según el presidente del Congreso General de la Comarca Ngöbe-Buglé, Pedro Rodríguez, existen diversos proyectos hidroeléctricos y mineros en esa comarca que no han conseguido el respaldo de sus autoridades tradicionales. Otros en fase de construcción muy avanzada, como es el caso de la represa proyectada por la empresa AES Changuinola, afectarían a territorios ngöbe fuera de la comarca.

(La Jornada, La Biodiversidad, 31/07/2008)