Greenpeace ha expresado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Industria de frenar el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en la que impone que la potencia a instalar cada año no supere los 300 MW. La organización ecologista propone que, para evitar un coste excesivo en las tarifas que pagan los consumidores, en lugar de limitar la potencia a instalar, se controle el gasto con revisiones periódicas de la tarifa de venta de cada kWh producido con energía solar fotovoltaica.

Según la propuesta de Greenpeace, esta tarifa sería mayor cuanto menor fuera la potencia de cada proyecto y se debería dar  un apoyo mayor a las instalaciones en edificios. “Seguimos tropezando con el “miedo escénico” del Gobierno ante el rápido crecimiento de esta energía renovable, que se traduce en buscar formas de limitarlo como sea”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.

El Ministerio propone ahora un límite anual de potencia muy restrictivo  respecto a las posibilidades reales de la tecnología, además de ser una forma arbitraria y poco efectiva de controlar el desarrollo de la fotovoltaica. En esta propuesta de Decreto de retribución de la solar fotovoltaica también se incluye una severa reducción (entre un 27% y un 36%) de los precios de venta de esta energía que fija el Gobierno a los generadores, que será efectiva a partir de septiembre. Greenpeace cree que lo que se necesita es un instrumento que responda eficazmente a los fines que se persiguen: disponer de energía limpia y barata lo antes posible.

Según la organización, no hay duda de la utilidad de la fotovoltaica para la lucha contra el cambio climático. Esta tecnología está disponible para su aplicación inmediata, por lo que es útil para la necesidad urgente de actuar, y tiene un potencial enorme que aportaría una cantidad significativa de producción energética en el actual panorama español.. Otras ventajas inherentes a esta tecnología son la creación de empleo, la generación de actividad industrial, la capacidad de exportación de tecnología española, la generación distribuida y eficiente de electricidad, la contribución al desarrollo sostenible y al acceso a la electricidad para miles de millones de personas que no disponen de ella, etc.

Greenpeace defiende la necesidad de usar a gran escala la energía fotovoltaica, aunque el principal obstáculo a corto plazo es el coste. Por este motivo es necesario disponer de un mecanismo económico de apoyo para que esta tecnología avance por su curva de aprendizaje (la reducción de costes que se obtiene al aumentar la capacidad de producción y de I+D). El avance de la fotovoltaica por su curva de aprendizaje está siendo mucho más rápido de lo esperado, por lo que se puede esperar que esta energía renovable deje de necesitar apoyo económico durante la próxima década, pues es cuando se espera que el coste de generación fotovoltaica se sitúe por debajo del precio de la electricidad para usuarios domésticos.

“La cuestión clave es mantener el apoyo económico ahora, y modularlo con el mayor acierto posible para que la reducción de costes se siga produciendo y llegue cuanto antes el momento en que no sea necesario más apoyo que el que otorgará el propio mercado por ser ya plenamente competitiva la tecnología” -ha añadido García Ortega. “No hay que tener miedo. Todo lo contrario. No tendría ningún sentido, por ahorrarse unos costes de corto plazo, evitar los enormes beneficios que la fotovoltaica está aportando ya y sobre todo va a aportar muy pronto”.

Greenpeace cree que es especialmente necesario reforzar el apoyo a las instalaciones fotovoltaicas situadas en edificios. Sin embargo, la propuesta del Ministerio añade nuevas barreras a estas instalaciones: exige consumir al menos la mitad de la energía en el mismo edificio, elimina la exención actual de depositar un aval de 500€/kW, limita la potencia máxima por edificio a 2 MW y no discrimina entre grandes y pequeñas instalaciones.

Asimismo, la organización ecologista cree que la propuesta del Ministerio ha mejorado diversos aspectos de la que presentó el pasado mes de octubre y que nunca llegó a ver la luz. Ahora la propuesta presenta unas tarifas predecibles en el tiempo, pero su gran inconveniente es que reduce la aportación total de la energía solar fotovoltaica muy por debajo de lo que es factible, lo cual supone el riesgo de que se enfríe el sector y se pierda la oportunidad histórica de lograr que esta energía limpia sea también barata en menos de una década.

Greenpeace ha presentado ante la Comisión Nacional de Energía sus alegaciones al Decreto propuesto por el Ministerio de Industria, en las que pide que se eliminen los objetivos propuestos, no sólo por resultar insuficientes para la capacidad actual del sector fotovoltaico, sino porque los objetivos no pueden convertirse en límites para restringir el desarrollo. La fijación de objetivos debería realizarse en el contexto del Plan de Energías Renovables 2011-2020, que debe elaborarse este año, y ante el cual Greenpeace propone un objetivo del 50% de energías renovables para la producción de electricidad.

Según los informes de Greenpeace Renovables 2050 y Renovables 100%, la energía solar fotovoltaica en edificios podría producir en la España peninsular el doble de la electricidad demandada en 2050, y los parques solares en suelo hasta cinco veces. El coste de la electricidad solar se habría reducido para entonces en un 80%. El papel fundamental de la fotovoltaica ha de ser  el de aportar una generación distribuida cercana a los puntos de consumo, por lo que estos informes recomiendan aprovecharla como parte de un sistema de generación eléctrica 100% renovable.

(Greenpeace, 24/07/2008)